Dr.Luis David Fernández Araya
Como funcionario público con más de 25 años de experiencia y varios directamente en la lucha contra el lavado de dinero, he sido testigo de cómo la delincuencia organizada y sus cómplices han intentado, una y otra vez, infiltrarse en la economía legal mediante artimañas cada vez más sofisticadas. Ese tiempo se acabó.
La reforma al Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada el 27 de marzo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación y vigente desde el 28 de marzo, representa un endurecimiento real y sin concesiones. Esta modificación no es un simple ajuste técnico, es una herramienta más afilada para impedir que el dinero del crimen organizado siga contaminando sectores legítimos de la economía mexicana.
A los sectores que realizan actividades vulnerables les hablo con claridad y firmeza, el Estado mexicano no permitirá más que notarios, inmobiliarias, joyeros, casas de cambio, plataformas de activos virtuales, abogados y demás sujetos obligados se conviertan, por acción u omisión, en vehículos involuntarios o cómplices de la delincuencia.
Cambios que marcan una nueva era de exigencia.
Primero, se establece un régimen estricto sobre Personas Políticamente Expuestas (PEPs). La UIF ahora mantiene una Lista oficial consultable electrónicamente. Quienes realicen actividades vulnerables están obligados a identificar a estas personas, aplicar debida diligencia reforzada y monitorear sus operaciones. No hay excusas ni espacios para la discrecionalidad. La omisión en este punto será sancionada con todo el peso de la ley.
Segundo, se fortalecen las facultades de supervisión del SAT y la UIF. Los plazos para responder requerimientos se reducen drásticamente por regla general a 10 días hábiles, pues se presume la veracidad de las bases de datos oficiales y se amplía el uso de herramientas electrónicas para fiscalización. Las visitas de verificación serán más frecuentes, profundas y sin contemplaciones.
Tercero, se eleva a 10 años el plazo mínimo de conservación de documentos, avisos e información soporte. Además, se exigen avisos en 24 horas ante cualquier intento de operación sospechosa y se establecen reglas más rigurosas sobre la acumulación de operaciones.
Cuarto, se imponen obligaciones concretas de auditorías internas o externas y programas permanentes de capacitación. El enfoque basado en riesgos deja de ser una sugerencia para convertirse en una exigencia ineludible.
Mensaje directo y sin ambigüedades a los sectores vulnerables
No más artimañas.
No más “no sabía”, “no era mi responsabilidad” o “era un cliente frecuente”.
A partir de ahora, actuaremos como autoridades con mayor velocidad y contundencia. Quienes incumplan enfrentarán multas elevadas, inhabilitaciones y, en los casos más graves, la transmisión de información a las autoridades penales correspondientes.
El mensaje es claro, quien decida no cumplir estará eligiendo conscientemente ponerse del lado equivocado. El Estado mexicano ha decidido cerrar las puertas que antes se dejaban entreabiertas por negligencia o complacencia.
Hago un llamado firme a notarios públicos, despachos de abogados y contadores, empresas inmobiliarias, comercios de joyería y metales preciosos, casas de cambio, operadores de activos virtuales y a todos los sujetos obligados, actualicen de inmediato sus manuales de prevención, implementen sistemas robustos de identificación de PEPs, fortalezcan sus procesos de monitoreo y asegúrense de que su personal esté debidamente capacitado.
La delincuencia organizada no descansa. Nosotros tampoco lo haremos.
México ha decidido elevar sus estándares de prevención al nivel que exigen las mejores prácticas internacionales. Quienes operan en actividades vulnerables tienen ahora una responsabilidad mayor, las de ser parte de la solución o quedar expuestos como parte del problema.
No lo permitiremos más.
El cerco se cierra.
El tiempo de las excusas terminó.
Dr. Luis David Fernández A
Colaborador El Heraldo de México
Columnas de Economía, Finanzas y Fiscalización Superior 