He auditado fideicomisos desde dentro del gobierno y los he visto desfilar desde fuera. Conozco el expediente y conozco la cocina. Y déjeme decirle algo que pocos dicen con claridad, el fideicomiso es uno de los instrumentos más nobles del derecho mexicano. Sirve para garantizar pensiones, administrar infraestructura, proteger patrimonio familiar. El problema nunca ha sido la figura. El problema es lo que se hace con ella cuando nadie mira.

 

La simulación en el sector fiduciario no se disfraza de ilegalidad. Se disfraza de normalidad. Se constituye un fideicomiso con un propósito aparentemente lícito, beneficencia, garantía, administración de activos pero en la práctica sirve para ocultar al verdadero dueño del dinero, para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito, o para que alguien disfrute de bienes que formalmente no le pertenecen. El contrato está firmado. Las partes existen. Todo parece en orden. Hasta que se raspa la superficie.

 

El punto ciego está en la cadena de titularidad. En un fideicomiso confluyen fiduciario, fideicomitente, fideicomisario y, cuando lo hay, comité técnico. Si no se identifica correctamente al beneficiario controlador, esa persona física que en última instancia dispone, administra o se beneficia, la estructura se vuelve opaca. Las nuevas Reglas PLD publicadas en agosto pasado ya son claras al respecto, se considera beneficiario controlador a quien pueda instruir distribuciones, modificar o extinguir el fideicomiso, o nombrar y remover administradores . La norma existe. El problema es que muchos fiduciarios siguen firmando contratos sin hacer la pregunta incómoda.‌

 

Y la pregunta incómoda es sencilla: ¿quién está realmente detrás?

 

La coyuntura legislativa confirma que el diagnóstico es correcto. En febrero de este año se presentó en el Senado una iniciativa para reformar la Ley de Inversión Extranjera en materia de fideicomisos sobre bienes inmuebles en zonas restringidas. La propuesta lo dice sin rodeos, busca la «identificación obligatoria del beneficiario final, como herramienta esencial contra la simulación y el uso de prestanombres» . No es un capricho regulatorio. Es el reconocimiento de que el vehículo se está usando para fines que no fueron diseñados.

 

Quien esto escribe participó en la extinción de 109 fideicomisos públicos ordenada en su momento. Vi de cerca cómo se defendían estructuras que decían tener un fin social y en la práctica operaban con opacidad. Esa experiencia me dejó una convicción, el problema no está en el instrumento, está en la ausencia de controles efectivos y en la complacencia de quienes deberían ejercerlos.

 

El semáforo para el sector fiduciario es amarillo, la exposición al riesgo es alta, el cumplimiento es medio, con obligaciones en implementación. La Supervisión, en transición aunque no es rojo porque la figura tiene defensores serios y la norma está avanzando. No es verde porque la simulación sigue siendo rentable para quien quiere seguirse engañando, o lo más grave, engañando a otros. 

 

Dr. Luis David Fernández Araya 

Especialista en Fiscalización superior y prevención de lavado de dinero y FT. 

Sector fiduciario y la simulación

 

He auditado fideicomisos desde dentro del gobierno y los he visto desfilar desde fuera. Conozco el expediente y conozco la cocina. Y déjeme decirle algo que pocos dicen con claridad, el fideicomiso es uno de los instrumentos más nobles del derecho mexicano. Sirve para garantizar pensiones, administrar infraestructura, proteger patrimonio familiar. El problema nunca ha sido la figura. El problema es lo que se hace con ella cuando nadie mira.

 

La simulación en el sector fiduciario no se disfraza de ilegalidad. Se disfraza de normalidad. Se constituye un fideicomiso con un propósito aparentemente lícito, beneficencia, garantía, administración de activos pero en la práctica sirve para ocultar al verdadero dueño del dinero, para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito, o para que alguien disfrute de bienes que formalmente no le pertenecen. El contrato está firmado. Las partes existen. Todo parece en orden. Hasta que se raspa la superficie.

 

El punto ciego está en la cadena de titularidad. En un fideicomiso confluyen fiduciario, fideicomitente, fideicomisario y, cuando lo hay, comité técnico. Si no se identifica correctamente al beneficiario controlador, esa persona física que en última instancia dispone, administra o se beneficia, la estructura se vuelve opaca. Las nuevas Reglas PLD publicadas en agosto pasado ya son claras al respecto, se considera beneficiario controlador a quien pueda instruir distribuciones, modificar o extinguir el fideicomiso, o nombrar y remover administradores . La norma existe. El problema es que muchos fiduciarios siguen firmando contratos sin hacer la pregunta incómoda.‌

 

Y la pregunta incómoda es sencilla: ¿quién está realmente detrás?

 

La coyuntura legislativa confirma que el diagnóstico es correcto. En febrero de este año se presentó en el Senado una iniciativa para reformar la Ley de Inversión Extranjera en materia de fideicomisos sobre bienes inmuebles en zonas restringidas. La propuesta lo dice sin rodeos, busca la «identificación obligatoria del beneficiario final, como herramienta esencial contra la simulación y el uso de prestanombres» . No es un capricho regulatorio. Es el reconocimiento de que el vehículo se está usando para fines que no fueron diseñados.

 

Quien esto escribe participó en la extinción de 109 fideicomisos públicos ordenada en su momento. Vi de cerca cómo se defendían estructuras que decían tener un fin social y en la práctica operaban con opacidad. Esa experiencia me dejó una convicción, el problema no está en el instrumento, está en la ausencia de controles efectivos y en la complacencia de quienes deberían ejercerlos.

 

El semáforo para el sector fiduciario es amarillo, la exposición al riesgo es alta, el cumplimiento es medio, con obligaciones en implementación. La Supervisión, en transición aunque no es rojo porque la figura tiene defensores serios y la norma está avanzando. No es verde porque la simulación sigue siendo rentable para quien quiere seguirse engañando, o lo más grave, engañando a otros. 

 

Dr. Luis David Fernández Araya 

Especialista en Fiscalización superior y prevención de lavado de dinero y FT.