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Cada semana, desde esta tribuna, insisto en un tema que los funcionarios públicos prefieren evadir, la creciente desconexión entre el discurso gubernamental y la realidad técnica que enfrentamos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT). Hoy quiero ser propositivo, no crítico por la crítica. 

La «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional o Financial Action Task Force (GAFI-FATF) no es un castigo, sino un diagnóstico. Y los diagnósticos, cuando se abordan con rigor, se convierten en hoja de ruta. El problema es que, desde mi experiencia como investigador, he colaborado con instituciones públicas como la UIF y la SHCP, y con privadas como el INAP, el CIDE y el FLACSO, he visto cómo el cortoplacismo político secuestra las decisiones técnicas que podrían sacarnos de esta situación.

Las cifras son claras. Según el propio FATF-GAFI, México tiene incumplimientos en al menos 6 de los 40 estándares de evaluación, particularmente en supervisión basada en riesgo y sanciones efectivas. El costo estimado para el sistema financiero mexicano por la permanencia en la lista gris ronda los 1,200 millones de dólares anuales en mayores costos de cumplimiento y menor flujo de inversión extranjera directa, de acuerdo con análisis del Banco de México.

Pero hay buenas noticias, tenemos los instrumentos para resolverlo. La reforma al Reglamento de la LFPIORPI, vigente desde marzo de 2026, establece plazos más estrictos, 10 días hábiles para responder a la UIF y exige conservación de documentos por 10 años. No se trata de más leyes, se trata de implementarlas con inteligencia.

Desde mi trabajo en el sector público y privado, he diseñado modelos de riesgo que reducen en un 40% los falsos positivos en el reporte de operaciones inusuales, sin aumentar la carga operativa. He visto cómo la colaboración entre la banca, las fintech y la autoridad puede generar alertas tempranas que realmente prevengan, no solo reporten. Estas soluciones existen, pero requieren voluntad técnica, no ocurrencias.

La salida de la lista gris es alcanzable si actuamos en tres frentes: primero, fortalecer la capacitación de los sujetos obligados, no con cursos genéricos, sino con simuladores basados en casos reales. Segundo, crear un comité técnico independiente que evalúe semestralmente el avance de las recomendaciones del GAFI, con participación de academia y sector privado. Tercero, adoptar estándares internacionales de intercambio de información entre la UIF y la Fiscalía, que hoy tienen un rezago de hasta 18 meses en promedio.

He trabajado con gobiernos de todos los partidos, del PRI, PAN, PRD y Morena, y en todos he encontrado funcionarios capaces y honestos. El problema no es ideológico, es estructural, hemos privilegiado la ocurrencia sobre la evidencia. México puede más si actúa con rigor técnico, si deja de ver a la FATF como una amenaza y la asume como un espejo. La inacción nos cuesta, pero la acción bien dirigida nos abrirá las puertas de los mercados y la confianza internacional. El momento es ahora.

Dr. Luis David Fernández Araya

Especialista en PLD/FT y Protocolos FATF-GAFI y OFAC.