El gobierno actual, determinante ante la impunidad de antes

Los altos niveles de impunidad y corrupción llegaron a grados intolerables, y defender al sistema de justicia penal tradicional o proponer reformas marginales al mismo se volvió políticamente incorrecto.

A regañadientes, los políticos aprobaron en el 2008 una reforma constitucional de transacción, del arraigo y del régimen de excepción para la delincuencia organizada, el sistema acusatorio y los juicios orales entre otros en ocho años. Ante un diagnóstico de arbitrariedad, incompetencia, saturación, corrupción e ineficiencia del Ministerio Público (MP), la reforma contempló el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias, la facultad de no investigar y la aplicación de criterios de oportunidad como soluciones que permitan descongestionar a las procuradurías de justicia “a efecto de que la capacidad del Estado en la investigación, persecución y sanción de los delitos, se centre en lo que realmente afecta a la sociedad mexicana” (Propuesta de decreto presidencial, Felipe Calderón, 2007.

Estas soluciones alternativas al proceso penal permitirían al MP “administrar los recursos disponibles de persecución y aplicarlos a los delitos que más ofenden y lesionan a los bienes jurídicos de superior entidad” (Dictamen de la Cámara de Diputados, diciembre del 2007).

El respeto a los derechos fundamentales, el combate a la impunidad y una política criminal focalizada y efectiva devinieron en objetivos expresos de la reforma constitucional: “El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen” (Artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

En estos objetivos de la reforma, en los mandatos constitucionales y en la expectativa social de combatir la impunidad en materia penal, el MP es uno de los actores principales, no sólo porque la investigación criminal es una piedra angular para la legitimidad del sistema penal, sino porque, además, el MP sigue siendo el eslabón intermedio entre la demanda de justicia de la sociedad y la oferta de servicios del sistema penal. La mayor cantidad de servicios del sistema requiere la intervención del MP.

Para ilustrar este punto basta referir que mientras que en el 2015 se iniciaron 791 mil 826 carpetas de investigación de competencia local3 en el país (Censo Nacional de Procuración de Justicia 2016 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística [INEGI]), apenas se iniciaron 50 mil 37 asuntos penales del sistema acusatorio ante los juzgados de control (Censo Nacional de Impartición de Justicia [CNIJ] 2016, INEGI).

Es decir, sólo el 6.3% de los asuntos ingresados a las procuradurías llegan a los jueces. El presente estudio busca mostrar y analizar indicadores de estructura, operación y resultados de las procuradurías de justicia, principalmente en la etapa de investigación de los delitos, es decir, en la atención de los casos, canalizándolos a los órganos encargados de la aplicación de los MASC, o bien determinando su archivo, ejerciendo la facultad de no investigación o aplicación de criterio de oportunidad, sobreseyendo (suspendiendo) el caso o planteándolo ante los tribunales para formular imputación y/o solicitar autorización para alguna diligencia de investigación. Éste es un ejercicio panorámico a nivel estatal y con la información pública disponible.

Su aportación es una comparación entre las entidades en diversas variables y el desarrollo de un índice que agregue siete de las variables que aquí se describen y analizan. Una evaluación más precisa y que permite desarrollar propuestas puntuales es la que realizan los observatorios ciudadanos y las universidades en diversos estados del país, las cuales permiten analizar por regiones de los estados con información más actualizada y un mayor grado de desagregación.4 Una forma de verificar si se está cumpliendo la hipótesis de la reforma, que consiste en aprovechar los mecanismos de descongestión para focalizar los recursos de investigación y persecución penal a los delitos de mayor impacto social, es incorporar en el análisis la impunidad para el delito de homicidio intencional y la proporción de sanciones menores, para estimar la focalización o no de los recursos hacia los delitos de mayor impacto social.

No debe extrañar que los estados con menos fiscales presenten elevadas cargas de trabajo. Éste es un indicador promedio, pues la dispersión es amplia si se consideran los asuntos por materias: los fiscales adscritos a delitos muy numerosos o frecuentes, como los de naturaleza patrimonial, concentran tres o más veces la carga promedio. Además, en varios estados hay fiscales comisionados a tareas encomendadas por los procuradores y subprocuradores, como asesoría, apoyo, visitaduría y revisión de casos (aplicación de criterios de oportunidad u otras modalidades de política criminal). En diversos estados, algunos ministerios públicos sólo se dedican al litigio oral en las salas de audiencia. Incluso ciertos estados todavía reportan al CNPJ algunos ministerios públicos adscritos a tareas no penales (como representantes del interés social en dependencias como registro civil o juzgados de lo familiar). Así que éste es un indicador promedio, que aproxima las condiciones en que los fiscales desarrollan sus tareas.

Un aspecto fundamental para evaluar el desempeño de las procuradurías es la capacidad de respuesta y la efectividad en la resolución y esclarecimiento de los asuntos que les son planteados. Una de las principales motivaciones de la reforma, como se ha señalado, fue la baja percepción de efectividad en las investigaciones criminales (uno de los principales motivos por los que no se reportan los delitos a las autoridades, de acuerdo con las encuestas), así como los elevados indicadores de impunidad. La información que reportan los censos del 2016 del INEGI corresponden al 2015, por lo que todavía coexistían ambos sistemas procesales. Casi la mitad (740 mil 577 averiguaciones previas abiertas) de las investigaciones iniciadas ese año se condujeron a través del modelo procesal mixto o tradicional; en tanto que ya con el sistema penal de tipo acusatorio se abrieron 791 mil 826 carpetas de investigación.10

Sólo los estados de Chihuahua, Morelos, México, Yucatán e Hidalgo reportaron todos los asuntos ingresados bajo el sistema acusatorio.

Luis David Fernández
Economista

https://www.cronica.com.mx/opinion/listo-cambio-presidente-consejero-ine.html

Mi columna de hoy jueves.

El giro a la izquierda registrado en América Latina abrió un intenso debate acerca de las posibilidades de la socialdemocracia en la región. El origen de la socialdemocracia en Europa occidental respondió a una serie de condiciones históricas y políticas que hoy se encuentran ausentes en América Latina, desde una economía que descansa esencialmente en la producción industrial hasta un sector mayoritario de obreros organizados. Por otra parte, las políticas neoliberales aplicadas en la región produjeron una heterogeneización de la fuerza laboral y una profundización de la brecha social que complican las perspectivas. Pese a ello, el artículo argumenta que una versión local de la socialdemocracia puede prosperar en América Latina, sobre todo en aquellos países con sistemas de partidos estables y regímenes democráticos consolidados, como Uruguay, Chile y Brasil.

Desde 1998, en nueve países de América Latina se han elegido gobiernos de tendencia de izquierda. Este giro político sin precedentes ha ubicado a casi dos tercios de la población latinoamericana bajo algún tipo de régimen de izquierda y ha hecho trizas el llamado «Consenso de Washington». Sin embargo, el nuevo tipo de régimen resulta incierto y es fuente de disputas políticas. Algunos analistas creen que es poco lo que ha cambiado y suponen que las fuerzas del mercado global estrecharán el abanico de opciones políticas y disciplinarán a los gobernantes para que no se aparten demasiado de las reglas liberales. Con mayor pesimismo, otros advierten sobre el peligro de un revival del populismo demagógico y sus correlatos políticos tradicionales: el nacionalismo, el estatismo y el autoritarismo. Aun así, hay quienes plantean la posibilidad de que, luego de la reestructuración neoliberal, surja una variante latinoamericana de socialdemocracia, una alternativa que combina la democracia representativa con una economía de mercado e iniciativas del Estado para reducir las desigualdades y promover la ciudadanía social.

Mi comentario explora las perspectivas de esta última posibilidad, partiendo de las experiencias europeas y latinoamericanas para identificar distintas restricciones estructurales e institucionales. Pero también intenta identificar las oportunidades políticas que permiten avanzar hacia la construcción de una socialdemocracia latinoamericana y explicar en qué es probable que se diferencie el proceso de reforma latinoamericano del registrado en su momento en Europa occidental. Sostengo que, al buscar la reducción de las desigualdades y la expansión de los derechos sociales dentro de los límites de la democracia representativa y la economía de mercado, la izquierda latinoamericana se mueve en el campo general de la socialdemocracia. Sin embargo, los límites son notablemente diferentes de los que existieron en los modelos europeos clásicos, lo que asegura que cualquier camino que se tome en América Latina tendrá un recorrido y un destino muy diferentes de los seguidos en Europa.

El 20 de noviembre se celebra el aniversario de La Revolución Mexicana. Fue el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

La modalidad del gobierno abierto

El Gobierno abierto es una política pública que agrupa los conceptos de transparencia, participación y colaboración de los ciudadanos en las políticas públicas en donde la información y datos gubernamentales juegan un rol esencial. Las consideraciones vertidas en esta obra son, en parte, el reflejo del despertar ciudadano que exige más de sus instituciones. El cuerpo de este compendio hace hincapié sobre un punto esencial al circunscribir el debate no solamente en la óptica de fomentar una cultura democrática integral, pero más bien en el desarrollo de programas y actividades dirigidas a promover los principios y prácticas democráticas.

Los principios que rigen el gobierno abierto se inscriben en la tradición de derechos de primera generación, como la libertad de la prensa y de la libre circulación de información y de ideas.

Estos mismos valores son erigidos como derechos imprescindibles en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que, en su artículo IV, establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión, y de difusión del pensamiento por cualquier medio.

La ola de democratización que vivió la región tuvo que heredar varias dificultades que venían rezagadas, y las demandas de los ciudadanos después de casi treinta años desde las transiciones democráticas, se hacen cada día más presentes.

Una democracia de calidad demanda que los ciudadanos exijan no solamente mayores derechos, pero también cuentas a sus gobernantes, que participen activamente en la definición e implementación de políticas, y que ejerzan plenamente sus derechos.

Mayor participación y mayores derechos resultan en un desarrollo más pleno, más equitativo y más inclusivo de los países.

Creo que se ha hecho un enorme esfuerzo en esto. La reforma del Estado, no solamente con el sentido de hacerlo más democrático, pero también más eficiente, ha sido un objetivo de todos nuestros gobiernos en los últimos años.

En el proceso actual de asentamiento democrático, la transparencia, la probidad, la rendición de cuentas, y el intercambio de buenas prácticas son principios que se han venido añadiendo a la idea que nos podemos hacer de democracia, al forjar marcos normativos conducentes a una mejor gestión pública, a una mejor gobernabilidad democrática.

Si queremos producir las reformas necesarias exigidas por la realidad actual, es indispensable optar por el camino de la política. En cierto sentido, el gobierno abierto se encuentra revindicando el rol del Estado en atender los desafíos de sus ciudadanos, y estos últimos se conciben como uno de los pilares fundamentales del funcionamiento del sistema político.

Estamos asistiendo al surgimiento de una sociedad en la que la relación y la posibilidad de compartir forman parte intrínseca de la comunicación, y no es un mero resultado de esta última, o un subproducto comunicativo. Los dos elementos clave son la creciente subjetividad o individualización de los actores (que no forzosamente desemboca en el individualismo), y la enorme facilidad de comunicación que generan las TIC.

En ese contexto se da una gran demanda de autonomía (que va más allá del esquema libertad- control tradicional de la sociedad moderna), surgen mercados alternativos, aparecen nuevas redes y agregados sociales, y emergen nuevas culturas que hacen de la diferencia su valor añadido.

En la perspectiva tradicional, las esferas de las instituciones públicas parten de un concepto de libertad y de participación muy vinculado a la libertad de voto y al ejercicio del mismo, mientras el control se relaciona con el cumplimiento de unas leyes emanadas de esa voluntad popular, expresada con el mecanismo representativo. En el nuevo contexto social que estamos describiendo, la libertad se basa en una idea de intercambio que parte de la reciprocidad.

Luis David Fernández

Economista

Mi columna en El Heraldo de México hoy viernes 26 de agosto de 2022

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/8/26/las-otras-guerras-434114.html

Con certeza las inversiones en América Latina

Por Dr. Luis David Fernández

A raíz del alza significativa del precio del petróleo que se observó en la primera mitad de 2022, los países exportadores de hidrocarburos serán este año los más favorecidos, por cuanto sus términos de intercambio subirían un 13%. 

En los países exportadores de minerales y de productos agropecuarios, por otra parte, se produciría una leve mejora de los términos de intercambio, de alrededor del 3% y el 2%, respectivamente. Sin embargo, los países de Centroamérica y los del Caribe excluido Trinidad y Tabago, que se caracterizan por ser fuertes importadores netos de energía y, en algunos casos, de alimentos, sufrirían en 2018 un deterioro de sus términos de intercambio del 2,0% y el 0,3%, respectivamente.

En 2019 el valor de las exportaciones regionales creció un 12% respecto del año anterior, como resultado de un aumento de los precios de exportación de un 8% y un incremento del volumen del 4%. 

En concordancia con los mayores precios de la energía y de los minerales y metales, las exportaciones de los países exportadores de hidrocarburos y de productos mineros aumentaron un 15% y un 17%, respectivamente, mientras que las de los países exportadores de productos agropecuarios se incrementaron solo un 3%. 

Por subregiones, se observa que las exportaciones de América del Sur crecieron un 14% en relación con el año anterior. Cabe destacar que el buen desempeño exportador fue generalizado en esta subregión, liderado por el Perú y el Brasil, cuyas exportaciones crecieron un 21% y un 18%, respectivamente, mientras que Bolivia, como Estado Plurinacional, Chile, Colombia y el Ecuador vieron crecer sus ventas al exterior entre un 11% y un 16%, respecto de 2018. 

La excepción fue la Argentina, donde las exportaciones alcanzaron un crecimiento de solo un 1%. Las exportaciones de Centroamérica crecieron un 6% en promedio, si bien la mayoría de los países de esta subregión mostraron una expansión superior a ese promedio, como es el caso de Costa Rica (7%), El Salvador (8%), Honduras (9%), Nicaragua (10%) y Panamá (7%). 

Las exportaciones de México, por su parte, se incrementaron un 9% y entre ellas destaca el desempeño de las exportaciones automotrices que aumentaron un 12%. En 2023 se espera un crecimiento del valor de las exportaciones del 9% como promedio de América Latina. 

Los mayores precios del petróleo y, en menor medida, de los minerales y de algunas materias primas agropecuarias explicarían un incremento de los precios del 6%. En términos de volúmenes, a pesar de que la región estaría enfrentando este año una mayor demanda externa debido a un mayor crecimiento de sus socios comerciales, existen en algunos países ciertos límites de la capacidad para aumentar los volúmenes exportados en algunos sectores importantes, como el del petróleo. 

Por otra parte, los volúmenes exportados por el Brasil han mostrado un menor dinamismo en la primera mitad del año, debido a caídas en algunos rubros como el hierro, el azúcar, el café y el sector automotor. 

La huelga del sector del transporte ha estado también detrás de la pérdida de dinamismo en varios sectores. Como resultado de todo lo anterior, se prevé que los volúmenes exportados por la región crezcan en promedio un 2% en 2022. 

Mi columna de hoy jueves 26 en la Crónica de Hoy.

https://www.cronica.com.mx/opinion/mercado-emergente-europa-1.html

Mi columna de hoy jueves en La Crònica de Hoy.

https://www.cronica.com.mx/opinion/semana-electrica-1.html

Mi columna en El Heraldo de Mexico.

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/3/11/con-tanta-pobreza-una-guerra-ahora-no-cuaja-386101.html

https://www.cronica.com.mx/opinion/2022.html

Hoy escribo reflexionando sobre “impuestos justos, equitativos y suficientes, por un lado, y dotando de servicios públicos e infraestructuras a la población, en especial provecho de los más débiles”

https://www.cronica.com.mx/opinion/erradicar-reducir-superar-pobreza-prioridad-presidente.html

Mi columna en el Heraldo de México

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/11/26/mexico-claro-en-el-apoyo-las-mayorias-357319.html

https://www.cronica.com.mx/opinion/mexico-preparado-reunion-trilateral.html

Hoy mi columna en la Crónica de Hoy

https://www.cronica.com.mx/opinion/analizar-avanzar.html

Los adultos mayores que recién se incorporaron a la Pensión para el Bienestar del Gobierno del presidente @lopezobrador_ comenzarán a recibir sus apoyos este mes de noviembre.
Habrá personas que recibirán 3 mil 100 pesos, 6 mil 200 y otras 9 mil 300.

La Academia de Ciencias sueca otorgó el premio Nobel de Economía al profesor e investigador francés Jean Tirole, por sus trabajos acerca de la potencia del mercado y de la regulación, señalado como uno de los economistas más influyentes en nuestro tiempo.

Si bien la economía francesa se encuentra en una etapa económica complicada (25% de los jóvenes están en el desempleo), es el segundo premio nobel que recibe en este periodo.

Dicho académico desde mediados de la década de 1980, ha realizado contribuciones en la investigación sobre este tipo de fallas del mercado, ha sido de gran influencia en cómo los gobiernos se ocupan de las fusiones o los cárteles económicos y cómo deben regular los monopolios. Ha presentado marcos generales para el diseño de políticas aplicadas a varias industrias, que van desde las telecomunicaciones hasta la banca. Para el hoy nobel de economía, la mejor regulación o política en materia de competencia debe ser cuidadosamente adaptada a las condiciones específicas de cada sector, en la competencia actual entre empresas las condiciones juegan un papel determinante, la Internet, la velocidad de la información, donde hasta la propia publicidad puede afectar el derecho a la competencia.

Y el tema viene a colación en un país como el nuestro, debido a que hace no muchos meses atrás pasamos por una serie de modificaciones necesarias entre las que destaco a la materia de Competencia Económica, tema que estoy cierto el hoy premio nobel de economía aplaudiría por oportuna y necesaria.

En el tema de Competencia Económica le apostó al desarrollo económico, la productividad y la competitividad, rubros que habían estado frenados por la presencia de restricciones a la libre concurrencia y distorsiones a la competencia económica. Un Reporte del Foro Económico Mundial sobre Competitividad Global, mismo que al evaluar la “Efectividad de la Política de Competencia Económica”, ubica a México en el lugar 96 de 148 países.

Para la OCDE los consumidores mexicanos pagamos un sobreprecio de un 40% en mercados donde no hay competencia o esta es baja, porcentaje que se incrementa en la medida que la población recibe menos ingresos.
Por ello, la materia de Competencia Económica resultará en un entorno más competitivo, más abierto y más justo que permita incrementar el bienestar de los mexicanos, así como generar mayor innovación y crecimiento económico en todos los sectores de la economía. Se establecen tres ejes estratégicos:

Un nuevo diseño institucional que permite una aplicación más eficiente y eficaz de la política pública de competencia económica.

Ampliación del catálogo de posibles conductas anticompetitivas que se llevan a cabo en los mercados y que deben de inhibirse, y en su caso, sancionarse.

Un instrumento con mejor técnica legislativa que permite su correcta implementación y aplicación.

El señalamiento es un reconocimiento de lo necesario que era realizar mejoras en diversos sectores, era un reclamo de parte de los participantes en diversos mercados, en particular los consumidores, por ello, el premio nobel otorgado, sólo refrenda que nuestro país se encuentra en el camino correcto en cuanto a las reformas económicas y como hemos dejado claro en diversos espacios, sus resultados no serán inmediatos pero si inminentes.

Luis David Fernández A
Economista
@DrLuisDavidFer

Cuando se trata de materia económica y se asume una postura basada en los resultados para saber si su conducción va bien o mal, parecería que es cuestión de enfoques, que se basa en lo que nos hacen creer. Así nos pasa con la danza de cifras que las fuentes oficiales nos presentan, me explico. Cuando leemos que se recortan las expectativas de crecimiento económico para nuestro país para este año (de 2.6 % a 2.4%) y en 2020 (de 2.9% a 2.6%) nos llena un ambiente de pesimismo y de acostumbrada critica de que todo va mal y que estará peor.

Y es aquí cuando debemos de recordar que si bien, se viven tiempos de inestabilidad económica, las causas no vienen desde dentro, que son externas y que tendrán impacto sobre nuestro sistema económico, la pregunta debe ir en el sentido de saber si contamos con las condiciones para hacerle frente.

El problema viene cuando las aparentes malas cifras son usadas como botín político por grupos opositores y se dedican a alimentar el hartazgo.

Por ello necesitamos observar con seriedad que nuestro país está considerado de los más estables en Latinoamérica (se prevé que el resto se contraiga en un 0.6 por ciento mientras nosotros creceremos), que se está aprovechando el fortalecimiento de la economía de los Estados Unidos, que contamos con bajos niveles de inflación, que hay y habrá una saludable demanda doméstica.

Por eso debe de existir alta responsabilidad a la hora de interpretar las cifras, colocarlas en el contexto adecuado, dejar de ser profetas de la desgracia y también señalar aquello que se está haciendo bien –que no es menor- y que precisamente nos permite un grado de estabilidad económica respecto del resto de las naciones en América Latina y el Caribe.

Nos han acostumbrado a que cada reporte económico o aparente mala noticia se lleve al rincón de las desgracias, parece una repetición histórica dentro del pensamiento colectivo, nos han orillado a no cuestionarnos acerca de la veracidad de las aparentes malas noticias, las multiplicamos en cafés y comidas, pero esto pasa porque quienes son responsables de poner en el contexto adecuado lo que le sucede a nuestro país, tampoco terminan por entenderle y caemos en ese laberinto inacabado de repeticiones, nos volvemos teóricos de la desgracias. Pero es cierto, la mayor responsabilidad proviene de esas voces públicas que se dedican a denostar todo lo que proviene o huele a gobierno –de cualquier orden- sencillamente porque no son ellos los que no están al frente, por eso ya es tiempo de que seamos nosotros quienes defendamos que lo negativo no siempre es lo verdadero.

Luis David Fernández Araya
Economista
@DrLuisDavidFer

La comunidad internacional ha mostrado en las últimas décadas un marcado interés por profundizar en los diversos aspectos que forman parte del desarrollo y fomentar así una comprensión global e integral de la pobreza y la cultura no ha quedado fuera de ese debate.
Cultura y desarrollo son dos palabras que no siempre han ido unidas, ni se han trabajado en el mismo contexto. Sin embargo, en los últimos años encontramos nuevos elementos, instrumentos e ideas que promueven una cada vez mayor atención hacia esta pareja de palabras.

Si analizamos la cultura desde las agendas de desarrollo de las últimas décadas, entre las diferentes críticas se realizaron a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, una de ellas hacía referencia al hecho de haber obviado el componente cultural en los mismos.

Si bien no podríamos afirmar que esta cuestión haya sido una de las más demandadas por parte de la sociedad civil a la hora de proponer los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenibles, sí existen numerosas voces –gran parte de ellas provenientes de países del Sur–, que denunciaban la necesidad de atender con mayor profundidad la cuestión de la perspectiva cultural para el cumplimiento de los ODM y la lucha contra la pobreza.

En los últimos tres años han tenido lugar algunos eventos, a nivel internacional, relevantes en lo que concierne la cultura y el desarrollo. Entre otros recordamos la Conferencia Internacional de Hangzhou: situar la cultura en el centro de las políticas de desarrollo sostenible, los Debates Temáticos de Alto Nivel sobre Cultura y Desarrollo de la Asamblea General de Naciones Unidas de 2013 y 2014, las Consultas nacionales sobre Cultura y Desarrollo realizadas en Bosnia-Herzegovina, Ecuador, Mali, Marruecos y Serbia, o la plataforma de discusión online sobre cultura y desarrollo de la campaña mundial el Mundo que Queremos.
Todo ello condujo en la Declaración de Florencia, que interpeló a los gobiernos a “asegurar la integración en la agenda de desarrollo post resultados e indicadores específicos dedicados al papel que la cultura puede desempeñar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles establecidos en los siguientes aspectos: reducción de la pobreza, ciudades sostenibles, educación de calidad, medioambiente y cambio climático, equidad de género y empoderamiento de las mujeres, inclusión social y reconciliación.

Los Huérfanos del COVID. Los países con tasas de mortalidad de cuidadores primarios de al menos 1 por cada 1000 niños son Perú (10,2 por cada 1000 niños), Sudáfrica (5,1), México (3,5), Brasil (2,4), Colombia (2,3), Irán (1,7), Estados Unidos (1,5), Argentina (1,1) y Rusia (1,0).

Para 2022, se prevé que la producción mundial será alrededor de un 2 % inferior a lo que se proyectaba antes de la pandemia. La fuerza de la recuperación es desigual, y muchos países aún se enfrentan a un elevado número de casos de COVID-19 y a obstáculos para la vacunación.