En México, la fiscalización del gasto público suele irrumpir en el debate solo ante crisis o escándalos. Sin embargo, el verdadero reto no es solo castigar daños ya irreparables, sino instaurar una vigilancia permanente, profesional y ciudadana sobre los recursos públicos. En este marco, las iniciativas del diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar constituyen un esfuerzo serio y coherente para robustecer el sistema nacional de rendición de cuentas, restituyendo a la fiscalización el rol estratégico que le otorga la Constitución.

Ramírez Cuéllar arranca de una realidad innegable, el modelo actual llega tarde. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa el presupuesto más de un año después de su ejecución, cuando cualquier daño patrimonial es casi imposible de revertir. En 2024, por ejemplo, la ASF entregó su segundo paquete de informes de la Cuenta Pública con un rezago promedio de 18 meses. Ese desfase no solo impide recuperar recursos, solo 3 de cada 100 pesos observados se recuperan efectivamente, sino que convierte la fiscalización en un ejercicio arqueológico, excava ruinas, pero no previene derrumbes.

Su propuesta ajusta los plazos con calendarios estrictos para la entrega de la Cuenta Pública y los informes de auditoría. La idea es simple pero revolucionaria: la Cuenta Pública se presenta en abril, no en junio; los informes individuales se entregan trimestralmente, no anualmente; las observaciones se notifican en 30 días, no en 90. Así, la revisión pasa de ser punitiva a preventiva. Fiscalizar a tiempo no es un lujo técnico, es gobernar con mayor eficacia. Un desvío detectado en marzo puede corregirse en abril; uno detectado en diciembre del año siguiente ya es irreversible.
Las reformas van más allá de los tiempos. Un pilar clave es blindar la autonomía, el profesionalismo y la neutralidad de la fiscalización, liberándola de vaivenes políticos, negociaciones partidistas o cálculos electorales. Ramírez Cuéllar impulsa cambios que erradican el nepotismo, prohibiendo contrataciones de familiares hasta el cuarto grado, protegen la estructura técnica de la ASF con concursos públicos para auditores especiales, y empoderan al Congreso para supervisar resultados sin injerencias.

En octubre de 2025, la ASF vivió un ejemplo doloroso de lo que ocurre cuando falla la neutralidad, la salida del Auditor Especial del Gasto Federalizado, Emilio Barriga, señalado por auditorías “a modo” y parentescos indebidos. El mensaje es claro, la fiscalización no puede ser rehén de nadie.

Otro eje es la apertura ciudadana. La rendición de cuentas pierde sentido si permanece como un tecnicismo reservado a expertos. Debe ser pública, accesible y útil para la gente. Las propuestas del diputado habilitan mecanismos concretos:

• Plataforma digital ciudadana para rastrear en tiempo real proyectos, obras y contratos (similar a la Plataforma Nacional de Transparencia, pero con alertas automáticas).
• Informes de auditoría en lenguaje claro, con infografías, videos y resúmenes ejecutivos en redes sociales.
• Denuncias anónimas con respuesta garantizada en 48 horas, vía app o WhatsApp.
  Un Estado que se fiscaliza ante sus ciudadanos no solo es más sólido: es más legítimo. En 2023, solo 12% de los mexicanos confiaba en la ASF, según Latinobarómetro. La opacidad mata la confianza; la transparencia la reconstruye.
  Además, se concibe la fiscalización como aliada de la mejora gubernamental, no como mero instrumento de sanción. Con facultades ampliadas y plazos óptimos, la ASF podría emitir alertas tempranas (riesgo de sobreprecio en licitación) y recomendaciones correctivas (ajuste presupuestal antes del cierre del ejercicio).

Un caso emblemático, en 2022, la ASF detectó irregularidades en el programa Sembrando Vida, dos años después de que el daño ya sumaba 5,200 millones de pesos. Con el modelo propuesto, esa falla se habría identificado en el primer semestre y corregido antes de escalar. Así, la fiscalización se transforma en un motor de planeación, eficiencia y responsabilidad.

En el fondo, este enfoque reivindica una verdad elemental: el dinero público pertenece a la gente. Cada peso tiene dueño y propósito. Su uso transparente fortalece la confianza; su dilapidación o encubrimiento, la erosiona. En 2024, la ASF reportó observaciones por 142 mil millones de pesos. De ese monto, solo 4 mil millones se recuperaron. El resto se perdió en la niebla de la impunidad. La visión de Ramírez Cuéllar devuelve a la sociedad la certeza de que el Estado no solo gestiona recursos, sino que responde por ellos. No se trata de cacería de brujas, se trata de devolverle al pueblo lo que es suyo.
En esta era de redefinición nacional, fortalecer la fiscalización no es un lujo, sino una urgencia ética y política. Estas propuestas modernizan, agilizan y humanizan la rendición de cuentas, sin dividir ni acusar por consigna, solo buscan reconstruir puentes de confianza y asegurar que el gasto público cumpla su fin último, mejorar la vida de las personas.

Si México anhela un gobierno transparente, eficaz y cercano, este es el camino correcto.

No hay democracia sin fiscalización; no hay confianza sin transparencia. Y no hay futuro sin un Estado que rinda cuentas como si cada peso fuera el último.

Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo trazó con claridad una de las rutas más contundentes de su administración: la modernización profunda de la Ley Aduanera. No se trata de una reforma administrativa más, sino de una decisión de Estado que busca sellar los vacíos legales que por años han permitido la evasión, el contrabando y el huachicol fiscal en las aduanas mexicanas.

Desde Palacio Nacional, el mensaje fue inequívoco: México no será rehén de la corrupción en sus fronteras, ni cómplice de quienes abusan de los privilegios del comercio exterior para evadir sus responsabilidades fiscales. La presidenta fue categórica: “No habrá tolerancia ni complacencia; el país necesita orden, legalidad y justicia tributaria”.

Durante décadas, las aduanas han sido territorio de privilegios, discrecionalidad y complicidades. Por ellas transitan las rutas del desarrollo, pero también los caminos de la impunidad. El huachicol fiscal —ese contrabando invisible que se oculta tras facturas falsas y operaciones trianguladas— ha drenado miles de millones de pesos al erario, debilitando la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, salud, educación y bienestar.

La presidenta Sheinbaum ha decidido enfrentar de raíz este fenómeno con tres líneas estratégicas:

1. Digitalización total del sistema aduanero, con tecnología de trazabilidad, escáneres de última generación y herramientas de inteligencia artificial para el monitoreo de operaciones.

2. Coordinación interinstitucional, bajo el mando directo del SAT y con el apoyo operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, para garantizar control y vigilancia permanente.

3. Reforma legal integral, que unifique criterios, cierre lagunas y establezca sanciones ejemplares para quienes intenten burlar la ley.

La instrucción presidencial es contundente: orden, transparencia y justicia en cada puerto, aeropuerto y frontera terrestre del país.

La economía formal como eje de soberanía no se limita a un enfoque recaudatorio, así lo enfatiza la Presidenta Sheinbaum, su visión es más amplia, es la de consolidar una economía de la legalidad, donde el cumplimiento fiscal sea sinónimo de patriotismo económico.

Cada empresa que declara correctamente, cada mercancía que entra con documentación completa, fortalece la soberanía nacional. Cada evasor, cada operación simulada, la vulnera.

Sheinbaum lo dijo con fuerza: “No puede haber justicia social si permitimos injusticia fiscal”. Con esta premisa, la reforma aduanera se inscribe dentro del nuevo modelo de desarrollo que impulsa su gobierno: crecer con integridad, competir con honestidad y comerciar con transparencia.

Con la claridad de que México no se subordina y defiende su soberanía, las presiones internacionales —incluidas las declaraciones recientes sobre el T-MEC y los aranceles a los tractocamiones pesados—, la presidenta reafirmó que México defenderá su comercio exterior desde la legalidad, pero también desde la dignidad.

La Ley Aduanera actualizada será el escudo jurídico y operativo con el que el país reafirme su capacidad de regular lo que entra y sale de su territorio, sin interferencias indebidas ni ventajas injustas para nadie.

“El Estado mexicano no pedirá permiso para hacer valer su ley”, enfatizó Sheinbaum, enviando un mensaje de fortaleza y decisión a quienes dentro o fuera del país intenten vulnerar los intereses nacionales.

La transformación de las aduanas será un proceso técnico con un nuevo orden aduanero pero también moral. 

El cambio no solo se mide en códigos y reglamentos, sino en la recuperación de la confianza ciudadana y empresarial.

El gobierno federal ha comprendido que la verdadera competitividad se logra no bajando impuestos ni relajando controles, sino garantizando que todos cumplan, que nadie abuse y que los recursos públicos se utilicen con eficiencia y transparencia.

Con esta reforma, México entra en una nueva etapa: la del orden aduanero como fundamento de la soberanía económica.

Y la presidenta lo ha dejado claro:

“Ningún país es fuerte si tolera la ilegalidad en sus fronteras. Nosotros no la toleraremos.”

Esa es la diferencia entre administrar y gobernar.

Y Claudia Sheinbaum ha elegido gobernar con decisión, legalidad y firmeza.

Dr.Luis David Fernández Araya

Desde un análisis desde la perspectiva jurídica y de derechos humanos, la reciente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina —en la que señaló que “tendría que revisarse” el registro de La Luz del Mundo como asociación religiosa— abre un debate de fondo: ¿cómo debe actuar el Estado frente a organizaciones que, amparadas en la libertad religiosa, han sido vinculadas con delitos graves?

Si, si hay libertad religiosa pero también existen límites constitucionales, pues La Constitución mexicana, en su artículo 24, garantiza la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Sin embargo, esta libertad no es absoluta. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece que el reconocimiento oficial como iglesia está condicionado a que sus actividades se desarrollen dentro del marco de la legalidad, sin atentar contra la dignidad humana ni favorecer prácticas ilícitas. En ese sentido, si existen elementos que vinculen a dirigentes o estructuras de la organización con delitos de corrupción, trata o abuso sexual, el Estado tiene no solo la facultad, sino la obligación de revisar su registro.

El caso de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, condenado en Estados Unidos por delitos sexuales contra menores, coloca a México en una posición delicada. El sistema interamericano de derechos humanos ha establecido, en resoluciones de la Corte IDH, que el Estado debe actuar con debida diligencia frente a violaciones graves, aun cuando se enmarquen en contextos religiosos o culturales. No hacerlo equivaldría a tolerancia institucional y a incumplir compromisos internacionales de protección a las víctimas.

El Estado laico mexicano no persigue ni promueve religiones, pero tampoco puede ser neutral frente al delito. El principio de laicidad implica un equilibrio: respetar las creencias, pero garantizar que ninguna organización se coloque por encima de la ley. Permitir que una iglesia continúe operando con el respaldo oficial, pese a múltiples denuncias y evidencias de abusos, comprometería la legitimidad del propio Estado.

Desde una perspectiva de derechos humanos, el centro de la discusión no son las estructuras religiosas, sino las víctimas. Revisar el registro de La Luz del Mundo no debe entenderse como un acto persecutorio contra los fieles, sino como una medida de control institucional para evitar que el manto legal de una iglesia se convierta en escudo para redes criminales. La revisión es un mecanismo de protección, prevención y garantía de no repetición.

El caso de La Luz del Mundo evidencia los retos de un Estado democrático que busca equilibrar libertades y responsabilidades. La revisión del registro es más que un trámite administrativo: es una prueba de la capacidad del Estado mexicano para poner en práctica los principios de legalidad, laicidad y protección integral de derechos humanos. Si se actúa con firmeza y respeto al debido proceso, se enviará un mensaje claro, la libertad religiosa es un derecho, pero nunca una licencia para delinquir.

Dr. Luis David Fernández Araya

La presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje contundente que rebasa lo coyuntural y toca los cimientos mismos del orden jurídico nacional: México no permitirá disposiciones que apliquen la ley de forma retroactiva, pues ello sería contrario al artículo 14 constitucional. Esta afirmación, en apariencia técnica, es en realidad una reafirmación de la esencia del Estado de Derecho.

Como un principio constitucional irrenunciable, El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera tajante que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Esta disposición no es una cláusula decorativa: constituye una de las garantías fundamentales que protege a las y los ciudadanos frente a la posibilidad de que, con nuevas normas, se alteren situaciones jurídicas ya consolidadas.

La no retroactividad, en palabras llanas, significa que las reglas del juego no pueden cambiarse de manera unilateral una vez iniciada la partida. Si se hiciera lo contrario, se abriría un vacío de incertidumbre en el que cualquier contrato, inversión o derecho adquirido podría ser alterado de la noche a la mañana, debilitando la confianza en las instituciones.

La voz del Ejecutivo: certeza frente a la coyuntura

La presidenta Sheinbaum, de certeza jurídica frente a esta coyuntura, respaldada por su equipo jurídico ya que el gobierno reiteró que ninguna transformación verdadera puede estar por encima de la legalidad. 

El compromiso de esta administración es impulsar cambios profundos, pero siempre dentro del marco constitucional, sin violentar derechos adquiridos ni poner en riesgo la estabilidad social y económica del país.

Este posicionamiento tiene un eco doble, hacia dentro, representa tranquilidad para millones de mexicanos que saben que sus derechos y obligaciones no serán trastocados de manera arbitraria; y hacia afuera, envía un mensaje de confianza a los inversionistas, organismos internacionales y socios comerciales, que ven en México un país donde las reglas son firmes y respetadas.

La prohibición de la retroactividad se ha convertido, desde la Constitución de 1917, en una de las principales salvaguardas frente al autoritarismo y a los vaivenes políticos, ya que su origen se remonta al reconocimiento de que los excesos de poder suelen darse cuando se aplican leyes nuevas para sancionar hechos pasados. 

Al blindar a la ciudadanía contra ese riesgo, la Constitución garantiza que la justicia se aplique hacia adelante y no se convierta en instrumento de persecución, pues en este sentido, el pronunciamiento presidencial es también un recordatorio de que los derechos conquistados por el pueblo mexicano —ya sean laborales, sociales, patrimoniales o civiles— no podrán ser desconocidos bajo ninguna reforma improvisada o de coyuntura.

La Cuarta Transformación, en su segunda etapa, tiene como meta la consolidación de un Estado democrático de derecho. Por ello, esta definición sobre la retroactividad se convierte en un punto de partida: las transformaciones sociales, económicas y jurídicas que México vive no se harán a costa de vulnerar la Constitución, sino en plena sintonía con ella.

Sheinbaum deja claro el cambio profundo que impulsa su gobierno no busca atajos ni excepciones a la ley, sino cimentarse en el respeto absoluto a la legalidad. Esta postura fortalece la gobernabilidad, da estabilidad a las reformas y, sobre todo, genera certidumbre en una sociedad que exige reglas claras.

En medio de un clima de polarización, el mensaje de la presidenta adquiere un valor simbólico adicional. Defender la no retroactividad no es sólo defender un principio legal; es también proteger la confianza ciudadana en que el Estado no actuará con arbitrariedad ni cambiará las condiciones del pasado para favorecer intereses inmediatos.

El oficialismo encuentra aquí un motivo de orgullo, pues México se muestra como un país que, en vez de vulnerar derechos en nombre de la transformación, los consolida en beneficio de todos. Así, el gobierno reafirma que su ruta de cambio será con apego a la ley, con transparencia y con respeto a la Constitución que nos rige a todos por igual.

Dr. Luis David Fernández Araya

Ayer miércoles, el día quedó marcado por una declaración que, lejos de ser una frase al aire, se ha convertido en un parteaguas en la política de justicia y seguridad nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo sin titubeos: “quien roba el agua es delincuente”. Y tenía razón. Porque robar el agua no es solo un acto de ilegalidad: es un crimen contra el pueblo, contra la vida misma y contra el futuro de la nación.

Durante décadas, en México se toleró lo intolerable. En silencio, a la sombra de la impunidad, crecieron verdaderas mafias que hicieron del agua un negocio privado. Empresarios voraces, caciques regionales y políticos corruptos aprovecharon su poder para desviar ríos, perforar pozos clandestinos y acaparar volúmenes enteros destinados a comunidades. Y lo hicieron sin pudor, sabiendo que los gobiernos de antes, más preocupados por proteger privilegios que por defender derechos, les ofrecían complicidad o, en el mejor de los casos, una ceguera calculada.

El resultado está a la vista: colonias enteras que sobreviven con pipas, campesinos que ven marchitar sus cosechas y millones de familias condenadas a abrir la llave y encontrar solo aire. El robo de agua ha sido un saqueo silencioso, una forma de delincuencia de cuello blanco que golpea con la misma fuerza que el narcotráfico o el contrabando.

La afirmación de la presidenta no es un simple señalamiento retórico. Es la puesta en marcha de una nueva política de justicia social: el agua se defiende con la fuerza del Estado. Y esto significa que ya no habrá tolerancia a quienes pretendan enriquecerse a costa de un bien que pertenece a todos. Si antes se pensaba que robar agua era una “falta administrativa”, hoy se coloca en la misma categoría que otros crímenes graves, porque atenta contra el derecho humano más básico: el acceso al líquido vital.

La Cuarta Transformación ha insistido en que la seguridad no solo se mide en balas o patrullajes, sino en justicia y dignidad para el pueblo. Poner freno al robo de agua es garantizar salud pública, producción agrícola, industria responsable y, sobre todo, equidad. Porque cuando un empresario roba miles de litros para su rancho o para su planta, le está robando a la madre que no puede bañar a su hijo, al agricultor que pierde su cosecha y al estudiante que no tiene agua para beber en su escuela.

Lo que antes se escondía bajo alfombras de corrupción y arreglos políticos, hoy se dice con todas sus letras: el acaparamiento del agua es delito, y los responsables serán tratados como delincuentes.

Este mensaje, además, es un llamado a la conciencia nacional. Quienes todavía sueñan con perpetuar privilegios sobre la tierra y los recursos deben entender que los tiempos cambiaron. El agua no es un botín ni un favor: es un derecho, y el Estado tiene la obligación de garantizarlo.

El combate al robo de agua no será sencillo. Implicará enfrentar a intereses poderosos, desmontar redes de complicidad y tocar fibras sensibles de grupos que siempre se creyeron intocables. Pero si algo ha demostrado este gobierno es que no rehúye a las batallas difíciles. Al contrario, las enfrenta con decisión, sabiendo que del otro lado no están solo los números, sino la vida de millones de mexicanas y mexicanos.

La presidenta ha encendido una bandera clara: en México, la justicia también se mide en litros de agua. Y quien robe al pueblo, quien acapare lo que es de todos, será señalado por lo que es: un delincuente.

Porque en el México de la transformación, el agua vuelve a tener dueño, y ese dueño no es una élite rapaz, sino el pueblo entero.

Dr.Luis David Fernández Araya
Economista

La visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a nuestro país constituye un hito para la relación bilateral. En su encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se abordará una agenda amplia y estratégica, basada en la cooperación, el respeto mutuo y la visión compartida de construir un futuro próspero para ambos pueblos.

Uno de los principales puntos de la reunión será la seguridad. México y Estados Unidos reconocen que los desafíos trasnacionales, como el tráfico de drogas y armas, sólo pueden enfrentarse mediante mecanismos de inteligencia, coordinación y prevención. La presidenta Sheinbaum ha sido clara: la cooperación se realizará siempre bajo el principio de respeto a la soberanía. Con este espíritu, se buscará fortalecer la confianza mutua y los canales de colaboración que permitan avanzar en la construcción de un entorno más seguro para las familias de ambos países.

La migración es otro tema prioritario. México reafirmará su compromiso de atender este fenómeno desde una visión integral, que combine la protección de los derechos humanos con políticas de desarrollo en Centroamérica y el Caribe. Estados Unidos comparte la importancia de este enfoque, pues la solución duradera a los flujos migratorios radica en generar oportunidades en los países de origen.

En el terreno económico, la reunión abrirá oportunidades para consolidar al T-MEC como un motor de crecimiento y prosperidad. Se discutirán iniciativas que fortalezcan las cadenas de suministro, promuevan la inversión en sectores estratégicos y faciliten la transición hacia energías limpias. La presidenta Sheinbaum subrayará la importancia de que este crecimiento llegue a todo el territorio nacional, generando empleos dignos y bienestar en cada región.

El diálogo también incluirá la salud pública, especialmente en el contexto de los recientes brotes de enfermedades prevenibles. México y Estados Unidos buscarán profundizar su colaboración en materia de vacunas, tecnología médica y protocolos de prevención. La cooperación científica será un pilar esencial para garantizar el bienestar de las comunidades a ambos lados de la frontera.

La visita de Marco Rubio refleja el interés de ambos gobiernos en fortalecer una relación que se sustenta en la historia, la vecindad y la cooperación constante. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, este encuentro es una oportunidad para reiterar que México mantendrá siempre una relación cercana y respetuosa con Estados Unidos, privilegiando el diálogo, la soberanía y la búsqueda de soluciones conjuntas a los retos globales.

En suma, el encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Marco Rubio no sólo reafirma la importancia de la relación bilateral, sino que proyecta un mensaje claro: México y Estados Unidos avanzan hacia una nueva etapa de cooperación estratégica, orientada al bienestar de sus pueblos y al fortalecimiento de la región.

Dr. Luis David Fernández A

Economista

Latinoamérica vive de espaldas a una verdad incómoda: la economía de la región se sostiene sobre los hombros de millones de mujeres, y, aun así, sus derechos y su trabajo siguen relegados a un segundo plano. No se trata de un problema “social” que se pueda resolver con discursos inspiradores o campañas color pastel. Es un problema económico, estructural y urgente.

Mientras los gobiernos celebran cifras de crecimiento y las empresas presumen de competitividad, las mujeres de la región realizan —sin salario ni reconocimiento— gran parte del trabajo que hace posible ese crecimiento: cocinar, limpiar, cuidar niños, ancianos y enfermos. Según la CEPAL, si se contabilizara ese trabajo no remunerado, el PIB de nuestros países se dispararía. Pero como no entra en las cuentas oficiales, se invisibiliza y se da por hecho.

A esta explotación silenciosa se suma otra: la brecha salarial. En promedio, las mujeres latinoamericanas ganan 17% menos que los hombres por el mismo trabajo. Y si son indígenas, afrodescendientes o viven en zonas rurales, la brecha es todavía más brutal. No es falta de talento ni de preparación; es discriminación disfrazada de “realidad del mercado”.

Los datos están ahí, pero falta voluntad política. El Banco Mundial advierte que cerrar la brecha de género podría aumentar el PIB regional hasta un 14%. Sin embargo, seguimos atrapados en políticas tibias, programas piloto y compromisos que se diluyen en cada cambio de gobierno.

Las soluciones son claras y no admiten medias tintas:

• Igualdad salarial por ley, con mecanismos reales de supervisión y sanción.

• Inversión masiva en servicios de cuidado para que las mujeres puedan acceder al mercado laboral sin tener que elegir entre trabajar o cuidar.

• Acceso a financiamiento que no discrimine por género, edad o ubicación geográfica.

• Paridad en la toma de decisiones: no como cuota simbólica, sino como condición mínima para un sistema económico que aspire a ser justo.

La pregunta no es si la economía latinoamericana puede darse el lujo de integrar plenamente a las mujeres. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más vamos a sostener un modelo que se lucra de su trabajo sin pagarlo?

Porque sin mujeres no hay economía. Y la paciencia, como los recursos, tiene un límite.

Dr. Luis David Fernández Araya

Económista

En un país donde por años las noticias sobre violencia ocuparon los titulares, hoy México puede presentar cifras que marcan un punto de inflexión. El promedio diario de víctimas de homicidio doloso se redujo a 64.9 casos en julio de 2025, el nivel más bajo desde 2015 y 25.3 % menos que el año pasado. Este no es un dato menor: es la evidencia de que la estrategia nacional contra la inseguridad está funcionando.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que no se trata solo de cifras, sino de vidas salvadas y comunidades recuperando la tranquilidad. La fórmula combina acciones de inteligencia y presencia territorial con una visión social que atiende las causas de fondo de la violencia. En semanas recientes, las fuerzas de seguridad han detenido a 2,458 personas, asegurado 900 armas de fuego, decomisado 12 toneladas de droga y clausurado 65 laboratorios clandestinos.

El cambio también se percibe en la coordinación regional. Estados como Yucatán, Querétaro y Coahuila se consolidan como zonas seguras, mientras que entidades con alta incidencia, como Guanajuato o Michoacán, muestran descensos importantes gracias al trabajo conjunto entre federación, estados y municipios.

En el contexto internacional, México se aleja del grupo de países con mayores índices de violencia en América Latina. Con una tasa aproximada de 22 homicidios por cada 100 mil habitantes, nuestro país ya supera en mejora a naciones que históricamente han liderado las estadísticas negativas, como Honduras o Venezuela, y avanza hacia estándares similares a los de Colombia o Brasil, que en la última década lograron reducciones sostenidas.

Este avance es resultado de una política que entiende que la seguridad no se construye únicamente con patrullas y operativos, sino también con oportunidades de empleo, programas para jóvenes y protección a las mujeres. Ferias laborales, centros comunitarios y campañas de desarme son parte de una estrategia integral que busca consolidar la paz en cada rincón del país.

La meta es clara: que la reducción de la violencia no sea un logro pasajero, sino la base de un nuevo México, donde la tranquilidad y la confianza ciudadana sean la norma. Los resultados ya están aquí; el reto ahora es sostenerlos y llevarlos aún más lejos.

Dr. Luis David Feráandez

El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la prórroga de 90 días para evitar aranceles del 30 % por parte de Estados Unidos es mucho más que un gesto diplomático: es una muestra de liderazgo, firmeza y compromiso con el desarrollo económico nacional en el marco del respeto mutuo entre naciones soberanas.

La decisión se logró tras un proceso de diálogo técnico y político al más alto nivel, en el que la nueva administración federal demostró que sabe defender el interés nacional sin confrontaciones innecesarias, pero con plena claridad sobre lo que representa México en América del Norte. Con más del 85 % de nuestras exportaciones cumpliendo con las reglas de origen del TMEC, nuestro país reafirma que no es el eslabón débil de la cadena comercial, sino un socio confiable, competitivo y comprometido.

Esta prórroga es, también, una oportunidad para avanzar hacia un tratado más justo, equitativo y respetuoso de las realidades regionales. La presidenta Sheinbaum ha sido clara: México no cederá a presiones ni aceptará imposiciones unilaterales, pero siempre estará dispuesto a revisar y fortalecer los mecanismos de cooperación cuando estos beneficien a nuestros pueblos.

El acuerdo alcanzado representa una victoria del diálogo sobre la amenaza, de la razón sobre la presión. Y es un mensaje claro para inversionistas y sectores productivos: este gobierno tiene una ruta económica sólida, guiada por la estabilidad, la soberanía y la integración estratégica con nuestros socios, pero con dignidad.

Con esta acción, la presidenta Sheinbaum continúa posicionándose como una estadista capaz de enfrentar desafíos globales con visión y responsabilidad. El nuevo capítulo de la relación bilateral no se escribirá desde la sumisión, sino desde la convicción de que un México fuerte y respetado es parte indispensable de la estabilidad de América del Norte.

En los próximos 90 días, las mesas técnicas seguirán trabajando, pero el rumbo ya está claro: México sigue avanzando, construyendo puentes sin renunciar a sus principios.

Dr. Luis David Fernández Araya

Con decisión, visión y profundo compromiso social, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha anunciado una de las reformas más trascendentales en materia de seguridad ciudadana en años recientes: perseguir de oficio el delito de extorsión, especialmente en su modalidad telefónica. Se trata de una medida histórica que responde a una realidad cruda, pero que durante demasiado tiempo fue ignorada por gobiernos anteriores: el miedo paraliza a las víctimas.

La extorsión ha sido, por décadas, una forma cruel y cobarde de sometimiento que lacera el tejido social, inhibe la actividad económica y coloca a comerciantes, trabajadores y familias en la indefensión. Pero ahora, gracias a la visión transformadora del nuevo gobierno, el Estado asumirá la responsabilidad plena de investigar y combatir este delito, sin esperar a que las víctimas se expongan o se arriesguen.

El anuncio realizado en la conferencia matutina de este miércoles confirma que el Gobierno de México no esperará la denuncia para actuar, sino que, con base en inteligencia, coordinación interinstitucional y voluntad política, irá directamente contra las redes de extorsión. La activación del número 089 como canal seguro, anónimo y operativo para iniciar investigaciones marca el inicio de una nueva etapa de justicia social.

Esta reforma constitucional no es un acto aislado. Forma parte de la estrategia integral de seguridad humana que encabeza la presidenta Sheinbaum, enfocada en reducir la impunidad, cortar las fuentes de financiamiento del crimen organizado y recuperar la tranquilidad de las comunidades. Por primera vez, el Estado se coloca del lado de las víctimas sin condiciones, demostrando que la Cuarta Transformación no es un lema, sino una política pública firme y efectiva.

Además, con esta propuesta, el Ejecutivo Federal pone el ejemplo de que se puede combatir la delincuencia sin militarizar, sin recurrir al autoritarismo, pero con inteligencia, tecnología y justicia social. México vive un nuevo momento en el que la protección del pueblo es prioridad absoluta.

Hoy más que nunca, se necesita del respaldo del Congreso de la Unión para consolidar esta reforma. No se trata solo de cambiar leyes: se trata de honrar la promesa de vivir sin miedo, de demostrar que hay un gobierno que escucha, que actúa y que no tolerará que nadie lucre con el temor de las y los mexicanos.

La presidenta Sheinbaum ha dado un paso valiente. Le corresponde ahora a toda la nación caminar junto a ella en esta ruta de transformación profunda, donde la justicia ya no será privilegio de unos cuantos, sino derecho garantizado para todas y todos.

Dr. Luis David Fernández Araya

Con liderazgo firme, responsabilidad histórica y una clara comprensión de los desafíos del siglo XXI, la presidenta Claudia Sheinbaum ha lanzado uno de los proyectos más ambiciosos y estratégicos de las últimas décadas: el Plan México, una iniciativa nacional para fortalecer la economía interna, blindar al país ante presiones externas y consolidar la soberanía económica del pueblo mexicano.

El Plan México nace en un contexto complejo, donde fuerzas externas pretenden condicionar a nuestro país bajo lógicas electorales ajenas y discursos antinmigrantes cargados de desinformación. Frente a ello, la respuesta del nuevo gobierno no es la confrontación, sino la inteligencia, la dignidad y la acción concreta. Como lo expresó la presidenta Sheinbaum: México no será rehén de coyunturas extranjeras, sino arquitecto de su propio destino.

Este plan estratégico pone al centro el bienestar de las y los mexicanos. A través de la sustitución inteligente de importaciones, el impulso a la industria nacional, el fortalecimiento del mercado interno y la atracción de inversiones productivas, el gobierno federal está construyendo los cimientos de un modelo económico robusto, equitativo y con visión de largo plazo.

Uno de los primeros frutos del Plan México es la histórica inversión anunciada por Grupo Bimbo: más de 2 mil millones de dólares que generarán empleos de calidad y consolidarán a México como polo de innovación alimentaria. Este tipo de acciones demuestra que el sector productivo cree en el rumbo trazado por la presidenta, en un ambiente de certidumbre, transparencia y colaboración.

Asimismo, el Plan México está alineado con otras prioridades nacionales: la transición energética justa, el desarrollo regional equilibrado, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, y la consolidación de infraestructura para la autosuficiencia. Se trata de un modelo que no excluye, sino que integra; que no impone, sino que construye consensos con el pueblo como protagonista.

En momentos donde otras naciones buscan debilitar a México, la respuesta es más fortaleza, más unidad y más transformación. El Plan México es, en realidad, una respuesta histórica: no es solo un programa económico, sino una afirmación soberana. Una prueba más de que la Cuarta Transformación no solo continúa, sino que entra en su fase de consolidación con la guía responsable, firme y visionaria de la primera mujer presidenta de México.

Con el Plan México, la esperanza vuelve a ser política pública, la soberanía se traduce en resultados, y el futuro se escribe desde Palacio Nacional, pero con los pies bien puestos en cada comunidad del país.

Luis David Fernández Araya

Economista

Desde el primer día de su mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado que la seguridad nacional no admite titubeos. Su gobierno ha dejado atrás la tolerancia pasiva frente al crimen y ha trazado una ruta clara, firme y valiente: enfrentar al crimen organizado con inteligencia, legalidad y fuerza del Estado.

La estrategia está dando resultados. En apenas semanas, se han realizado operativos de alto impacto en entidades como Sinaloa, Tamaulipas y el Estado de México, con saldo favorable para las fuerzas federales y sin daños colaterales a la población civil. Casi 20 presuntos criminales fueron abatidos recientemente, en un operativo legítimo donde se defendió la integridad de los elementos de la Guardia Nacional. A esto se suma el histórico decomiso de 15 millones de litros de combustible robado en Tampico, un golpe directo a las finanzas del huachicol.

La presidenta Sheinbaum ha dado un paso firme que otros gobiernos evitaron: ejercer el poder con decisión frente a quienes han pretendido desafiar al Estado. Y lo ha hecho sin recurrir a excesos ni simulaciones, sino con base en la ley, el respeto a los derechos humanos y una profunda convicción de justicia.

Además, el gobierno federal ha llevado la lucha contra el crimen a nuevos frentes. Hoy, se combate también en el terreno digital, donde se ha detectado que el crimen organizado intenta reclutar jóvenes por medio de redes sociales. Gracias a un monitoreo responsable y coordinado, ya se han bloqueado cuentas, desarticulado redes y prevenido miles de casos de captación criminal.

En el ámbito internacional, México ha reafirmado su soberanía. La presidenta Sheinbaum ha dejado claro que la colaboración con otras naciones es bienvenida, pero no bajo imposiciones. Por ello, no sorprende la reciente acción legal contra el abogado estadounidense de Ovidio Guzmán, quien ha intentado desacreditar al Estado mexicano con declaraciones inaceptables. Aquí no habrá impunidad, venga de donde venga.

Y los resultados no se discuten: los homicidios dolosos han bajado 26 % desde que inició esta nueva estrategia. La diferencia es clara: mientras antes se apostaba por la contención, hoy se ejerce el poder del Estado con decisión y sin pactos oscuros.

Con Claudia Sheinbaum, México avanza hacia un nuevo paradigma de seguridad: uno donde la paz se construye desde la justicia, la inteligencia y la firmeza. La ciudadanía merece vivir sin miedo, y este gobierno está cumpliendo esa promesa con hechos, no con palabras.

Dr. Luis David Fernández Araya

Economista y colaborador de La Crónica

Con la presentación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum demuestra que llegó con rumbo, decisión y voluntad para atender los problemas reales que aquejan a la ciudadanía. Por primera vez, una administración federal coloca este delito como prioridad nacional, no solo en el discurso, sino en acciones concretas y con respaldo legal.

La extorsión —ese crimen silencioso que durante años lastimó a comerciantes, transportistas, mujeres, jóvenes y familias enteras— ya no será tolerado ni minimizado. El Estado ha dejado de ser espectador y se convierte ahora en el protagonista de una respuesta firme, inteligente y coordinada.

Con el liderazgo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la estrategia nacional se construyó sobre cuatro ejes sólidos:

Persecución sin denuncia: Por medio de la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, ahora las autoridades podrán actuar de manera directa, sin necesidad de que las víctimas denuncien. Se rompe así el ciclo del silencio y el miedo que tantos años impidió el acceso a la justicia. Reforma constitucional y Ley General: La presidenta ha propuesto una reforma para crear la Ley General contra la Extorsión, con la finalidad de unificar criterios en todo el país y cerrar los vacíos legales que antes protegían a los delincuentes. Esta medida, de fondo, demuestra una visión de Estado: legislar para proteger a todos los mexicanos, sin importar en qué entidad vivan. Coordinación territorial con fuerza e inteligencia: Ocho estados que concentran la mayoría de los casos de extorsión (Edomex, Guanajuato, Nuevo León, CDMX, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán) serán el frente inicial de acción. Se desplegarán células operativas especializadas, combinando inteligencia civil, intervención en penales, trabajo comunitario y uso de tecnologías. Línea 089 y cultura de denuncia segura: Se fortalece el número nacional para denuncias anónimas, se capacita al personal de tiendas, bancos y hoteles para detectar patrones sospechosos, y se impulsan campañas de prevención desde la escuela, el barrio y el comercio local.

Este gobierno no improvisa. La estrategia se diseñó con base en diagnósticos precisos y en la experiencia exitosa que tuvo Sheinbaum en la Ciudad de México, donde logró una reducción histórica en delitos de alto impacto.

Además, esta política responde al nuevo papel de México en el mundo: como anfitrión del Mundial 2026, el país necesita fortalecer la seguridad de cara a millones de visitantes e inversiones. La lucha contra la extorsión es también un mensaje internacional: en México hay Estado, hay ley y hay gobierno.

Con un decreto firmado esta semana, Claudia Sheinbaum cumplió una de sus primeras promesas de campaña: reducir la edad de jubilación para ciertos trabajadores del Estado. A partir de 2028, las mujeres podrán retirarse a los 53 años y los hombres a los 55, siempre que cuenten con 28 y 30 años de servicio, respectivamente.

La medida aplica exclusivamente para quienes aún están bajo el antiguo régimen del ISSSTE, anterior a la reforma de 2007. Es decir, no para todos. Apenas uno de cada cuatro trabajadores públicos podrá beneficiarse de esta decisión. El resto, los que cotizan bajo cuentas individuales, seguirán enfrentando un retiro incierto.

Desde el oficialismo, se presentó como un acto de justicia. Para el SNTE, es un avance largamente esperado. Pero la CNTE, más combativa, lo rechazó de inmediato: lo califican como un “parche”, no como solución. Y es que la raíz del conflicto está en la reforma del ISSSTE que desmanteló el sistema solidario y trasladó el futuro de las pensiones a la volatilidad del mercado.

El costo estimado de la medida ronda los 36 mil millones de pesos al año. No es poca cosa. Pero aún más costosa sería la falta de respuesta a las demandas laborales de fondo. Y aunque el decreto es políticamente eficaz y socialmente simbólico, no aborda el dilema central: ¿qué sistema de pensiones queremos para las próximas generaciones?

La presidenta ha dicho que no habrá más cambios por ahora. Pero el tema no desaparecerá. Si algo revela este anuncio es que el país necesita una discusión seria, incluyente y técnica sobre cómo garantizar un retiro digno para todos, no solo para unos cuantos con suerte de haber ingresado antes de 2007.

Porque cuando se habla de pensiones, lo justo no puede seguir siendo una excepción. 

En conclusión para el futuro, 

con la reforma en marcha, los primeros beneficiarios podrán retirarse bajo las nuevas condiciones dentro de tres años. 

No obstante, la presión de los sectores excluidos y la fragilidad del sistema previsional en su conjunto continúan marcando desafíos importantes para la administración federal.

Aunque la reducción de la edad de retiro responde a una demanda legítima, también refleja los límites políticos y presupuestales de un gobierno que, por ahora, opta por atender parcialmente una deuda social acumulada durante décadas.

La tensión entre Israel e Irán ha alcanzado niveles críticos en 2025, tras años de enfrentamientos indirectos, amenazas cruzadas y una guerra encubierta que se desarrolla desde el ciberespacio hasta las arenas de Medio Oriente. Este antagonismo, con profundas raíces ideológicas, religiosas y geopolíticas, se ha convertido en uno de los focos más peligrosos del escenario internacional.

Desde la Revolución Islámica de 1979, el régimen iraní ha considerado a Israel como un “enemigo sionista” y una amenaza a la estabilidad de la región. En contrapartida, Israel ha visto a Irán como su principal enemigo estratégico, particularmente tras el desarrollo del programa nuclear iraní y el apoyo de Teherán a grupos armados como Hezbolá en Líbano y Hamás en Gaza.

La enemistad no se limita a la retórica. En las últimas décadas, ambos países han participado en una guerra no declarada que incluye ataques aéreos israelíes contra objetivos iraníes en Siria, asesinatos selectivos de científicos nucleares, sabotajes a instalaciones estratégicas, operaciones de espionaje y ataques cibernéticos.

Escalada reciente: ¿una guerra abierta?

En abril de 2024, un ataque atribuido a Israel destruyó el consulado iraní en Damasco, provocando una respuesta sin precedentes: Irán lanzó cientos de drones y misiles contra territorio israelí, en lo que fue el primer ataque directo desde suelo iraní. Aunque la mayoría de los proyectiles fueron interceptados por el sistema antimisiles israelí y aliados como Estados Unidos y el Reino Unido, el mensaje fue claro: el conflicto ha cruzado una nueva línea.

Israel respondió con bombardeos sobre infraestructuras militares en Irán, elevando el riesgo de una guerra abierta. La comunidad internacional ha hecho reiterados llamados a la contención, pero la desconfianza entre ambas potencias y la fragilidad regional complican una solución diplomática.

Uno de los mayores temores en torno al conflicto es la posibilidad de que Irán alcance la capacidad de desarrollar armas nucleares. Aunque Teherán insiste en que su programa tiene fines pacíficos, organismos internacionales como el OIEA han expresado preocupación por el aumento del nivel de enriquecimiento de uranio.

Israel, por su parte, ha afirmado que no permitirá que Irán se convierta en una potencia nuclear, y ha considerado todas las opciones sobre la mesa, incluyendo acciones militares preventivas. Las negociaciones multilaterales para revivir el acuerdo nuclear de 2015 (JCPOA) han fracasado, y el diálogo permanece estancado.

El conflicto entre Israel e Irán no solo afecta a Medio Oriente. Tiene implicaciones globales por la participación de potencias como Estados Unidos, Rusia y China, y por el riesgo de una disrupción en el suministro energético global, especialmente si se ve afectado el tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial.

Además, la situación ha provocado divisiones en el mundo musulmán. Mientras países como Arabia Saudita han comenzado un acercamiento diplomático con Israel, otros, como Siria o Irak, siguen alineados

La rivalidad entre Israel e Irán parece haberse consolidado como uno de los conflictos más peligrosos y difíciles de resolver del siglo XXI. Aunque aún no se ha producido una guerra directa a gran escala, los últimos acontecimientos muestran que ese escenario ya no puede ser descartado.

Si no se logra una vía diplomática efectiva, el riesgo de ataques sin fin, como los que se dan en este momento, tendrán consecuencias impredecibles para la economía y la seguridad global, ya que será cada vez más alto. 

Medio Oriente vuelve a estar, una vez más, en la cuerda floja.

Luis David Fernández Araya

El gobierno de López Obrador eliminó 109 fideicomisos en 2020, desatando un debate nacional sobre transparencia, austeridad y el impacto en la ciencia, la cultura y la protección civil.

En octubre de 2020, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo una de las decisiones más controversiales de su sexenio: la extinción de 109 fideicomisos públicos, que en conjunto manejaban más de 68 mil millones de pesos. El argumento oficial fue claro: combatir la opacidad y los malos manejos, en línea con su política de austeridad y lucha contra la corrupción. Sin embargo, la medida dividió opiniones y generó protestas en distintos sectores de la sociedad.

“Los fideicomisos se convirtieron en cajas negras donde no había control, donde no había transparencia”, declaró López Obrador en conferencia de prensa, asegurando que los recursos no desaparecerían, sino que serían administrados directamente por las secretarías correspondientes, bajo vigilancia de la Secretaría de Hacienda.

La extinción sacudió a fideicomisos de diversas áreas donde daban el poder absoluto de quienes los ejercían.

Entre ellos:

• El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), utilizado para atender emergencias por fenómenos naturales.

• Fondos destinados a la investigación científica y tecnológica, como los manejados por el CONACYT.

• Fideicomisos que financiaban al cine nacional a través de FIDECINE y FOPROCINE.

• Apoyos para defensores de derechos humanos y periodistas en situación de riesgo.

• Recursos del Poder Judicial y del Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros.

El anuncio generó un amplio rechazo entre investigadores, cineastas, académicos, organizaciones civiles e incluso organismos internacionales. Muchos señalaron que si bien era necesario revisar y transparentar los fideicomisos, eliminarlos de manera generalizada sin construir mecanismos alternativos ponía en riesgo derechos fundamentales y actividades estratégicas.

Los partidarios de la medida defendieron que era necesario acabar con estructuras que, en muchos casos, carecían de vigilancia efectiva. 

Según Hacienda, algunos fideicomisos no habían sido auditados en años y mantenían recursos inactivos.

El gobierno aseguró que los recursos seguirían siendo utilizados para los fines originales, pero administrados directamente por las dependencias correspondientes. Sin embargo, en la práctica, la ejecución de los fondos ha sido lenta, por ejemplo, tras la desaparición del FONDEN, la respuesta del gobierno ante desastres naturales ha sido ampliamente cuestionada, especialmente durante huracanes e inundaciones en estados como Guerrero, Chiapas y Veracruz. 

Asimismo, el cine mexicano ha enfrentado una reducción notable en su producción independiente.

Hoy, en 2025, los efectos de la extinción de fideicomisos siguen siendo motivo de debate. Mientras algunos sectores reconocen avances en la vigilancia del gasto público, otros acusan un debilitamiento institucional que ha impactado negativamente la ciencia, la cultura, la protección civil y los derechos humanos.

La Auditoría Superior de la Federación ha detectado irregularidades en el uso posterior de algunos recursos reubicados, lo que ha reavivado las criticas hacia los malos manejos de administraciones anteriores derivadas del PRI y del PAN

Luis David Fernández Araya

Economista 

El sistema penal acusatorio, instaurado mediante la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, marcó un parteaguas en la historia del derecho penal mexicano. Esta transformación buscó superar las deficiencias del modelo inquisitivo mediante la adopción de un esquema procesal más garantista, transparente y respetuoso de los derechos humanos. 

Entre los principales fundamentos y principios existen la presunción de inocencia, la publicidad del proceso, la contradicción entre las partes, la inmediación judicial y la concentración de las audiencias, la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo lo considera.

Estos elementos reflejan una orientación clara hacia el modelo adversarial, con énfasis en la equidad procesal , ya que desde su implementación nacional en 2016, el sistema ha propiciado avances importantes por lo que se han habilitado salas de juicio oral, capacitado operadores jurídicos y desarrollado mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 

También se ha logrado un mayor protagonismo de la víctima en el proceso penal y un mayor escrutinio público de las decisiones judiciales.

La transición no ha estado exenta de obstáculos,la falta de profesionalización en algunas fiscalías, el uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa, y las deficiencias en las capacidades de investigación han limitado su efectividad .

Persisten desigualdades estructurales que dificultan un acceso real a la justicia para sectores vulnerables, por lo que para fortalecer el sistema es primordial limitar legalmente la prisión preventiva,fortalecer las capacidades técnicas de investigación, garantizar defensoría pública de calidad, impulsar una política nacional de justicia penal con enfoque interinstitucional.

El sistema penal acusatorio representa un avance democrático sustancial, pero su consolidación depende de la voluntad política, inversión institucional y capacitación permanente, ya que la justicia penal en México solo alcanzará su potencial cuando todos sus actores actúen conforme a los principios que rigen este modelo. 

En mayo, mes en el que se celebra a las madres en gran parte de América Latina, es momento también de ampliar la mirada y reflexionar sobre el papel fundamental que desempeñan las mujeres en la economía de la región. No se trata solo de celebrar, sino de visibilizar, reconocer e impulsar cambios reales para construir una economía verdaderamente inclusiva.

Desafortunadamente la economía de la mujer es un motor económico subvalorado erróneamente, hay que entender que las mujeres en América Latina representan cerca del 50% de la población económicamente activa, y sin embargo, sus aportes siguen estando subrepresentados en los espacios de decisión y planificación económica. 

En sectores como la salud, la educación y los servicios, su presencia es mayoritaria, pero a menudo en condiciones de informalidad o con salarios más bajos.

Según datos de la CEPAL, la tasa de participación laboral femenina en la región fue del 49% en 2023, frente al 73% de los hombres. Además, las mujeres dedican el triple de tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Esta desigualdad estructural limita sus oportunidades de desarrollo económico y personal.

Las desigualdades que persisten, ya que en América Latina, las mujeres siguen enfrentando brechas salariales significativas, con diferencias que oscilan entre el 17% y el 30% en muchos países de la región, una mayor informalidad laboral, ya que más del 50% de las mujeres trabajadoras están en el sector informal, sin acceso a derechos laborales básicos.

Tienen dificultades de acceso al crédito y a la tierra, especialmente en zonas rurales e indígenas y esto aunado a la violencia económica y laboral, que limita su autonomía y su capacidad de generar ingresos de manera segura.

La maternidad sigue siendo una barrera, pues muchas empresas aún penalizan a las mujeres por tener hijos, con menores oportunidades de ascenso y mayor precarización.

Para construir una economía que realmente incluya a las mujeres en igualdad de condiciones, América Latina necesita avanzar en políticas públicas y cambios culturales profundos como el reconocer el valor del trabajo de cuidados, garantizando servicios públicos de calidad como guarderías, salud y licencias parentales equitativas, incluir además a más mujeres en la toma de decisiones económicas, tanto en el sector público como en el privado.

Es indispensable promover el acceso al crédito, la tecnología y la formación técnica, especialmente para mujeres emprendedoras, rurales y jóvenes y combatir la violencia económica, fortaleciendo marcos legales que protejan los derechos económicos de las mujeres.

Luis David Fernández Araya

Economista 

Los flujos de remesas a las regiones en desarrollo se vieron afectados por varios factores en 2023. En primer lugar, el sólido ritmo de crecimiento de las remesas es una prueba de la determinación de los migrantes de ayudar a sus familias en sus países de origen. Su capacidad para enviar dinero a sus hogares se vio respaldada por una reapertura gradual de varios sectores en las economías de los países anfitriones (tras los cierres provocados por la pandemia y las interrupciones en los viajes), lo que mejoró sus ingresos y su situación laboral. El aumento de los precios, por otra parte, incidió de manera adversa en los ingresos reales y las remesas de los migrantes.

Los tipos de cambio afectaron los flujos de remesas: en el caso de Rusia, una inesperada y fuerte apreciación del rublo se tradujo en un valor más alto, en términos del dólar estadounidense, de las remesas hacia los países de Asia central y del Cáucaso meridional. En el caso de Europa, el debilitamiento del euro tuvo el efecto opuesto de reducir el valor en dólares estadounidenses de los flujos de remesas con destino al Norte de África y a otros países. Por último, en muchos países que sufrieron escasez de divisas y establecieron múltiples tipos de cambio, los flujos de remesas registrados oficialmente disminuyeron a medida que se optaba por efectuar las remesas a través de canales alternativos que ofrecían tipos de cambio más convenientes.

Cabe destacar otros factores específicos de dos regiones. La migración en tránsito y, por lo tanto, las remesas recibidas por los migrantes en tránsito continuaron siendo sólidas en México y América Central.  En Europa y Asia central, el aumento de los precios del petróleo, junto con el repunte posterior a la pandemia de la demanda de trabajadores migrantes de Rusia y los pagos a personas y empresas rusas que se reubicaron en el extranjero tras el inicio de la guerra, aumentaron el flujo de remesas a los países de Asia central y del Cáucaso meridional.

El costo de enviar USD 200 a países de ingreso bajo y mediano ascendió, en promedio, al 6 % en el segundo trimestre de 2023, no muy diferente al de hace un año y el doble de la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  (según la base de datos sobre los precios de las remesas en el mundo). Entre las regiones en desarrollo, fue más barato enviar remesas a Asia meridional (un 4,1 %), mientras que fue más costoso, en promedio, enviar a África subsahariana (alrededor de un 7,8 %).

Contra todo pronóstico, en 2024, las remesas hacia los países de ingreso bajo y mediano crecieron aproximadamente un 5 % hasta alcanzar los USD 626 000 millones.  Este crecimiento se produjo a pesar del empeoramiento de la situación mundial y de las incertidumbres económicas.

Luis David Fernández

Economista

https://www.vertigopolitico.com/nacional/notas/lupa-revision-areas-gestion-alfredo-del-mazo

Dr. Luis David Fernández, Subsecretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México

Quedó claro desde el inicio de este Gobierno encabezado nuestra Gobernadora, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, la ruta y sello de su gobierno: cero corrupción y ataque frontal a cualquier acción que vaya en contra del pueblo mexiquense y en apego a los principios que rigen la actuación de las personas servidoras públicas.

Para ello, se realizaron diversos foros de Consulta Popular en donde se recibieron opiniones de diversossectores de la sociedad, que pueden resumirse en el eje de acción del presente Gobierno: Cero Corrupción y Gobierno del Pueblo y para el Pueblo.

El malestar de la población en este tema fue claro,porque si bien la corrupción tiene diversas aristas e impactos en las esferas económicas, sociales,institucionales y hasta de credibilidad en la acción pública; con cobertura no solo en espacio público, sino también en el núcleo de lo privado, exigieron, además de un buen listado de políticas firmes, entrarle de frente como lo está haciendo esta administración y las instituciones responsables del tema.

Se reconoce desde esta administración que es un fenómeno multicausal, que debilita el sentido de lo público, la institucionalidad democrática y lesiona la convivencia social, por ello en mensaje es claro y las acciones contundentes porque están basadas en proporcionar legalidad y certidumbre con el objetivo de desestimular prácticas de corrupción que consumen los recursos escasos de la vida asociada. 

La apuesta es la correcta cuando se habla de la aplicación de medidas correctivas para que se entienda claro la cero tolerancia a la corrupción, pero también desde las perspectiva preventiva, que permita hacer consciencia de la importancia de la rendición de cuentas y transparencia, para que los ciudadanos monitoreen y participen en la toma de decisiones públicas, es decir, hacer cada vez más público al gobierno, con mecanismos eficientes y eficaces que le regresen la confianza a la población sobre lasdenuncias y quejas respectivas, evitando aquello que llaman la economía de casino, donde las reglas del juego cambian según las leyes del mercado. 

Esta administración y sus instituciones está apostando a soluciones creativas como lo apunta el académico Ricardo Uvalle, saliendo de soluciones rutinarias y con soluciones incrementales, paso a paso, de manera progresiva, haciendo uso de las herramientas tecnológicas en la lógica de la sociedad y la gestión del conocimiento, a fin de no repetir errores de eficacia en contra de la corrupción como aquellos gobiernos anteriores que la apostaban a las rutinas, a las decisiones verticales y por ende, con nulos resultados en el combate a la corrupción. En el Estado de México se está haciendo historia.

Luis David Fernández Araya

Educación inclusiva en el Estado de México

En México una educación inclusiva es vital, como seguramente llevará al cabo la Gobernadora del Estado de México la Maestra Delfina Gómez Álvarez, pues como titular a nivel nacional de la Secretaría de Educación lo hizo y lo hizo muy bien, especialmente para las miles de niñas, niños y jóvenes en el país con alguna discapacidad.

La probabilidad de asistir a la escuela para las y los niños entre 6 y 11 años con discapacidades es 8 puntos porcentuales mayor respecto a quienes no presentan alguna discapacidad. Y en la secundaria, esta brecha solo se acentúa. La distancia se hace mayor en las tasas de graduación que en las tasas de asistencia. Las personas con discapacidad ahora tienen una probabilidad mayor de graduarse de secundaria frente a sus pares, con una brecha de 13 puntos porcentuales en promedio. Esto implica que más de la mitad de las y los estudiantes con discapacidad podrá a largo plazo terminar la secundaria.

Trabajando hombro con hombro con niñas, niños y jóvenes con discapacidades que no pueden acceder a una escuela, muchos de los que asisten son ahora ya incluidos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues la educación vía TV Abierta tiene personal capacitado para garantizar una participación plena.

Es decir, a pesar del marco normativo ofrecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, que abarca a todos los países de la región, y de los esfuerzos de muchos países por mejorar las oportunidades de las personas con discapacidad, muchas niños, niñas y jóvenes con discapacidad al menos en México, han aumentado.

Examinando cuál es el estado de la inclusión en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe, los resultados de los censos en los ocho países estudiados, muestran que el acceso a educación varía de acuerdo con la presencia de una discapacidad.

La evidencia muestra una brecha considerable en lo general al alza en la asistencia escolar entre personas con y sin discapacidad, para el caso de las y los niños de 6 a 11 años y las y los jóvenes de 12 a 17 años.

La brecha promedio de asistencia de las niñas y niños de 6 a 11 años es de 8,5 puntos porcentuales, y, por otra parte, en las y los jóvenes de 12 a 17 años, esta brecha es un poco mayor: 10 puntos porcentuales en promedio. Solo en el caso de los varones con discapacidades en general tenían las tasas más bajas de asistencia de todos los grupos demográficos.

Además, comparando los resultados usando los censos 2019 y las encuestas de hogares encontramos que las distancias se han acordado.

Sólo dos países muestran fuertes señales de inclusión en el nivel de secundaria, como es el caso de México y Chile, ya que son los únicos países en los cuales se presentan trechos menores a 5 puntos porcentuales, usando diferentes medidas de discapacidad.

Bien por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, pues esto es muestra de la capacidad, conocimiento y su enorme voluntad política ya comprobada al servicio de los grupos con alguna vulnerabilidad. Un enorme respiro y gran rumbo para el Estado de México.

Luis David Fernández

Economista

Al menos cinco países participarían en la construcción del mayor proyecto ferroviario de Sudamérica, el corredor bioceánico ico que recorrerá alrededor de 4.400 kms entre Brasil y Perú.

El tramo más largo, de 3.650km por Brasil, tiene un precio referencial estimado de 40.000 millones de reales (US$12.400mn). La vía comenzaría en el estado de Río de Janeiro y pasaría por gran parte del cinturón agroindustrial del país, que acoge a la mayoría de los grandes productores de grano.

Desde allí, el plan actual considera que el tren llegue a Perú a través del estado brasileño de Acre, antes de alcanzar la costa pacífica cerca del puerto peruano de Ilo.

Para lograrlo, el Gobierno chino ofrecerá apoyo financiero y respaldará estudios técnicos y proyectos de ingeniería a través de Hsin Chong Construction Group. Por su parte, el grupo estatal brasileño de logística y planificación EPL se asoció con el Ministerio de Transportes y la ferroviaria estatal Valec para ejecutar las obras civiles.

El primer tramo planificado cubre 900km entre las ciudades de Campinorte (en Goiás) y Lucas do Rio Verde (en Mato Grosso), el segundo recorre 647km desde Lucas do Rio Verde hasta Vilhena (en Rondônia) y el tercero va desde Vilhena hasta Porto Velho (en Rondônia).

Las tres secciones tienen un presupuesto de 7.000mn, 4.700mn y 6.000mn de reales, respectivamente.

Para respaldar su desarrollo, el gobierno del estado de Mato Grosso contrató a China Railway Construction Corporation CRCC para preparar estudios técnicos de la ferrovía de integración centro-oeste, valorada en 20.000mn de reales, conocida como FICO, que apunta a potenciar la eficiencia de transporte para la industria agrícola local. También comprende los primeros dos tramos del tren bioceánico, el BID aportará además financiamiento para la iniciativa.

Luis David Fernández 

Economista

https://www.cronica.com.mx/opinion/correcta-estrategia-amlo-aporta-economia.html