En un país donde por años las noticias sobre violencia ocuparon los titulares, hoy México puede presentar cifras que marcan un punto de inflexión. El promedio diario de víctimas de homicidio doloso se redujo a 64.9 casos en julio de 2025, el nivel más bajo desde 2015 y 25.3 % menos que el año pasado. Este no es un dato menor: es la evidencia de que la estrategia nacional contra la inseguridad está funcionando.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que no se trata solo de cifras, sino de vidas salvadas y comunidades recuperando la tranquilidad. La fórmula combina acciones de inteligencia y presencia territorial con una visión social que atiende las causas de fondo de la violencia. En semanas recientes, las fuerzas de seguridad han detenido a 2,458 personas, asegurado 900 armas de fuego, decomisado 12 toneladas de droga y clausurado 65 laboratorios clandestinos.
El cambio también se percibe en la coordinación regional. Estados como Yucatán, Querétaro y Coahuila se consolidan como zonas seguras, mientras que entidades con alta incidencia, como Guanajuato o Michoacán, muestran descensos importantes gracias al trabajo conjunto entre federación, estados y municipios.
En el contexto internacional, México se aleja del grupo de países con mayores índices de violencia en América Latina. Con una tasa aproximada de 22 homicidios por cada 100 mil habitantes, nuestro país ya supera en mejora a naciones que históricamente han liderado las estadísticas negativas, como Honduras o Venezuela, y avanza hacia estándares similares a los de Colombia o Brasil, que en la última década lograron reducciones sostenidas.
Este avance es resultado de una política que entiende que la seguridad no se construye únicamente con patrullas y operativos, sino también con oportunidades de empleo, programas para jóvenes y protección a las mujeres. Ferias laborales, centros comunitarios y campañas de desarme son parte de una estrategia integral que busca consolidar la paz en cada rincón del país.
La meta es clara: que la reducción de la violencia no sea un logro pasajero, sino la base de un nuevo México, donde la tranquilidad y la confianza ciudadana sean la norma. Los resultados ya están aquí; el reto ahora es sostenerlos y llevarlos aún más lejos.
El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la prórroga de 90 días para evitar aranceles del 30 % por parte de Estados Unidos es mucho más que un gesto diplomático: es una muestra de liderazgo, firmeza y compromiso con el desarrollo económico nacional en el marco del respeto mutuo entre naciones soberanas.
La decisión se logró tras un proceso de diálogo técnico y político al más alto nivel, en el que la nueva administración federal demostró que sabe defender el interés nacional sin confrontaciones innecesarias, pero con plena claridad sobre lo que representa México en América del Norte. Con más del 85 % de nuestras exportaciones cumpliendo con las reglas de origen del TMEC, nuestro país reafirma que no es el eslabón débil de la cadena comercial, sino un socio confiable, competitivo y comprometido.
Esta prórroga es, también, una oportunidad para avanzar hacia un tratado más justo, equitativo y respetuoso de las realidades regionales. La presidenta Sheinbaum ha sido clara: México no cederá a presiones ni aceptará imposiciones unilaterales, pero siempre estará dispuesto a revisar y fortalecer los mecanismos de cooperación cuando estos beneficien a nuestros pueblos.
El acuerdo alcanzado representa una victoria del diálogo sobre la amenaza, de la razón sobre la presión. Y es un mensaje claro para inversionistas y sectores productivos: este gobierno tiene una ruta económica sólida, guiada por la estabilidad, la soberanía y la integración estratégica con nuestros socios, pero con dignidad.
Con esta acción, la presidenta Sheinbaum continúa posicionándose como una estadista capaz de enfrentar desafíos globales con visión y responsabilidad. El nuevo capítulo de la relación bilateral no se escribirá desde la sumisión, sino desde la convicción de que un México fuerte y respetado es parte indispensable de la estabilidad de América del Norte.
En los próximos 90 días, las mesas técnicas seguirán trabajando, pero el rumbo ya está claro: México sigue avanzando, construyendo puentes sin renunciar a sus principios.
Con decisión, visión y profundo compromiso social, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha anunciado una de las reformas más trascendentales en materia de seguridad ciudadana en años recientes: perseguir de oficio el delito de extorsión, especialmente en su modalidad telefónica. Se trata de una medida histórica que responde a una realidad cruda, pero que durante demasiado tiempo fue ignorada por gobiernos anteriores: el miedo paraliza a las víctimas.
La extorsión ha sido, por décadas, una forma cruel y cobarde de sometimiento que lacera el tejido social, inhibe la actividad económica y coloca a comerciantes, trabajadores y familias en la indefensión. Pero ahora, gracias a la visión transformadora del nuevo gobierno, el Estado asumirá la responsabilidad plena de investigar y combatir este delito, sin esperar a que las víctimas se expongan o se arriesguen.
El anuncio realizado en la conferencia matutina de este miércoles confirma que el Gobierno de México no esperará la denuncia para actuar, sino que, con base en inteligencia, coordinación interinstitucional y voluntad política, irá directamente contra las redes de extorsión. La activación del número 089 como canal seguro, anónimo y operativo para iniciar investigaciones marca el inicio de una nueva etapa de justicia social.
Esta reforma constitucional no es un acto aislado. Forma parte de la estrategia integral de seguridad humana que encabeza la presidenta Sheinbaum, enfocada en reducir la impunidad, cortar las fuentes de financiamiento del crimen organizado y recuperar la tranquilidad de las comunidades. Por primera vez, el Estado se coloca del lado de las víctimas sin condiciones, demostrando que la Cuarta Transformación no es un lema, sino una política pública firme y efectiva.
Además, con esta propuesta, el Ejecutivo Federal pone el ejemplo de que se puede combatir la delincuencia sin militarizar, sin recurrir al autoritarismo, pero con inteligencia, tecnología y justicia social. México vive un nuevo momento en el que la protección del pueblo es prioridad absoluta.
Hoy más que nunca, se necesita del respaldo del Congreso de la Unión para consolidar esta reforma. No se trata solo de cambiar leyes: se trata de honrar la promesa de vivir sin miedo, de demostrar que hay un gobierno que escucha, que actúa y que no tolerará que nadie lucre con el temor de las y los mexicanos.
La presidenta Sheinbaum ha dado un paso valiente. Le corresponde ahora a toda la nación caminar junto a ella en esta ruta de transformación profunda, donde la justicia ya no será privilegio de unos cuantos, sino derecho garantizado para todas y todos.
Con liderazgo firme, responsabilidad histórica y una clara comprensión de los desafíos del siglo XXI, la presidenta Claudia Sheinbaum ha lanzado uno de los proyectos más ambiciosos y estratégicos de las últimas décadas: el Plan México, una iniciativa nacional para fortalecer la economía interna, blindar al país ante presiones externas y consolidar la soberanía económica del pueblo mexicano.
El Plan México nace en un contexto complejo, donde fuerzas externas pretenden condicionar a nuestro país bajo lógicas electorales ajenas y discursos antinmigrantes cargados de desinformación. Frente a ello, la respuesta del nuevo gobierno no es la confrontación, sino la inteligencia, la dignidad y la acción concreta. Como lo expresó la presidenta Sheinbaum: México no será rehén de coyunturas extranjeras, sino arquitecto de su propio destino.
Este plan estratégico pone al centro el bienestar de las y los mexicanos. A través de la sustitución inteligente de importaciones, el impulso a la industria nacional, el fortalecimiento del mercado interno y la atracción de inversiones productivas, el gobierno federal está construyendo los cimientos de un modelo económico robusto, equitativo y con visión de largo plazo.
Uno de los primeros frutos del Plan México es la histórica inversión anunciada por Grupo Bimbo: más de 2 mil millones de dólares que generarán empleos de calidad y consolidarán a México como polo de innovación alimentaria. Este tipo de acciones demuestra que el sector productivo cree en el rumbo trazado por la presidenta, en un ambiente de certidumbre, transparencia y colaboración.
Asimismo, el Plan México está alineado con otras prioridades nacionales: la transición energética justa, el desarrollo regional equilibrado, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, y la consolidación de infraestructura para la autosuficiencia. Se trata de un modelo que no excluye, sino que integra; que no impone, sino que construye consensos con el pueblo como protagonista.
En momentos donde otras naciones buscan debilitar a México, la respuesta es más fortaleza, más unidad y más transformación. El Plan México es, en realidad, una respuesta histórica: no es solo un programa económico, sino una afirmación soberana. Una prueba más de que la Cuarta Transformación no solo continúa, sino que entra en su fase de consolidación con la guía responsable, firme y visionaria de la primera mujer presidenta de México.
Con el Plan México, la esperanza vuelve a ser política pública, la soberanía se traduce en resultados, y el futuro se escribe desde Palacio Nacional, pero con los pies bien puestos en cada comunidad del país.
Desde el primer día de su mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado que la seguridad nacional no admite titubeos. Su gobierno ha dejado atrás la tolerancia pasiva frente al crimen y ha trazado una ruta clara, firme y valiente: enfrentar al crimen organizado con inteligencia, legalidad y fuerza del Estado.
La estrategia está dando resultados. En apenas semanas, se han realizado operativos de alto impacto en entidades como Sinaloa, Tamaulipas y el Estado de México, con saldo favorable para las fuerzas federales y sin daños colaterales a la población civil. Casi 20 presuntos criminales fueron abatidos recientemente, en un operativo legítimo donde se defendió la integridad de los elementos de la Guardia Nacional. A esto se suma el histórico decomiso de 15 millones de litros de combustible robado en Tampico, un golpe directo a las finanzas del huachicol.
La presidenta Sheinbaum ha dado un paso firme que otros gobiernos evitaron: ejercer el poder con decisión frente a quienes han pretendido desafiar al Estado. Y lo ha hecho sin recurrir a excesos ni simulaciones, sino con base en la ley, el respeto a los derechos humanos y una profunda convicción de justicia.
Además, el gobierno federal ha llevado la lucha contra el crimen a nuevos frentes. Hoy, se combate también en el terreno digital, donde se ha detectado que el crimen organizado intenta reclutar jóvenes por medio de redes sociales. Gracias a un monitoreo responsable y coordinado, ya se han bloqueado cuentas, desarticulado redes y prevenido miles de casos de captación criminal.
En el ámbito internacional, México ha reafirmado su soberanía. La presidenta Sheinbaum ha dejado claro que la colaboración con otras naciones es bienvenida, pero no bajo imposiciones. Por ello, no sorprende la reciente acción legal contra el abogado estadounidense de Ovidio Guzmán, quien ha intentado desacreditar al Estado mexicano con declaraciones inaceptables. Aquí no habrá impunidad, venga de donde venga.
Y los resultados no se discuten: los homicidios dolosos han bajado 26 % desde que inició esta nueva estrategia. La diferencia es clara: mientras antes se apostaba por la contención, hoy se ejerce el poder del Estado con decisión y sin pactos oscuros.
Con Claudia Sheinbaum, México avanza hacia un nuevo paradigma de seguridad: uno donde la paz se construye desde la justicia, la inteligencia y la firmeza. La ciudadanía merece vivir sin miedo, y este gobierno está cumpliendo esa promesa con hechos, no con palabras.
Con la presentación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum demuestra que llegó con rumbo, decisión y voluntad para atender los problemas reales que aquejan a la ciudadanía. Por primera vez, una administración federal coloca este delito como prioridad nacional, no solo en el discurso, sino en acciones concretas y con respaldo legal.
La extorsión —ese crimen silencioso que durante años lastimó a comerciantes, transportistas, mujeres, jóvenes y familias enteras— ya no será tolerado ni minimizado. El Estado ha dejado de ser espectador y se convierte ahora en el protagonista de una respuesta firme, inteligente y coordinada.
Con el liderazgo del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la estrategia nacional se construyó sobre cuatro ejes sólidos:
Persecución sin denuncia: Por medio de la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, ahora las autoridades podrán actuar de manera directa, sin necesidad de que las víctimas denuncien. Se rompe así el ciclo del silencio y el miedo que tantos años impidió el acceso a la justicia. Reforma constitucional y Ley General: La presidenta ha propuesto una reforma para crear la Ley General contra la Extorsión, con la finalidad de unificar criterios en todo el país y cerrar los vacíos legales que antes protegían a los delincuentes. Esta medida, de fondo, demuestra una visión de Estado: legislar para proteger a todos los mexicanos, sin importar en qué entidad vivan. Coordinación territorial con fuerza e inteligencia: Ocho estados que concentran la mayoría de los casos de extorsión (Edomex, Guanajuato, Nuevo León, CDMX, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán) serán el frente inicial de acción. Se desplegarán células operativas especializadas, combinando inteligencia civil, intervención en penales, trabajo comunitario y uso de tecnologías. Línea 089 y cultura de denuncia segura: Se fortalece el número nacional para denuncias anónimas, se capacita al personal de tiendas, bancos y hoteles para detectar patrones sospechosos, y se impulsan campañas de prevención desde la escuela, el barrio y el comercio local.
Este gobierno no improvisa. La estrategia se diseñó con base en diagnósticos precisos y en la experiencia exitosa que tuvo Sheinbaum en la Ciudad de México, donde logró una reducción histórica en delitos de alto impacto.
Además, esta política responde al nuevo papel de México en el mundo: como anfitrión del Mundial 2026, el país necesita fortalecer la seguridad de cara a millones de visitantes e inversiones. La lucha contra la extorsión es también un mensaje internacional: en México hay Estado, hay ley y hay gobierno.
Con un decreto firmado esta semana, Claudia Sheinbaum cumplió una de sus primeras promesas de campaña: reducir la edad de jubilación para ciertos trabajadores del Estado. A partir de 2028, las mujeres podrán retirarse a los 53 años y los hombres a los 55, siempre que cuenten con 28 y 30 años de servicio, respectivamente.
La medida aplica exclusivamente para quienes aún están bajo el antiguo régimen del ISSSTE, anterior a la reforma de 2007. Es decir, no para todos. Apenas uno de cada cuatro trabajadores públicos podrá beneficiarse de esta decisión. El resto, los que cotizan bajo cuentas individuales, seguirán enfrentando un retiro incierto.
Desde el oficialismo, se presentó como un acto de justicia. Para el SNTE, es un avance largamente esperado. Pero la CNTE, más combativa, lo rechazó de inmediato: lo califican como un “parche”, no como solución. Y es que la raíz del conflicto está en la reforma del ISSSTE que desmanteló el sistema solidario y trasladó el futuro de las pensiones a la volatilidad del mercado.
El costo estimado de la medida ronda los 36 mil millones de pesos al año. No es poca cosa. Pero aún más costosa sería la falta de respuesta a las demandas laborales de fondo. Y aunque el decreto es políticamente eficaz y socialmente simbólico, no aborda el dilema central: ¿qué sistema de pensiones queremos para las próximas generaciones?
La presidenta ha dicho que no habrá más cambios por ahora. Pero el tema no desaparecerá. Si algo revela este anuncio es que el país necesita una discusión seria, incluyente y técnica sobre cómo garantizar un retiro digno para todos, no solo para unos cuantos con suerte de haber ingresado antes de 2007.
Porque cuando se habla de pensiones, lo justo no puede seguir siendo una excepción.
En conclusión para el futuro,
con la reforma en marcha, los primeros beneficiarios podrán retirarse bajo las nuevas condiciones dentro de tres años.
No obstante, la presión de los sectores excluidos y la fragilidad del sistema previsional en su conjunto continúan marcando desafíos importantes para la administración federal.
Aunque la reducción de la edad de retiro responde a una demanda legítima, también refleja los límites políticos y presupuestales de un gobierno que, por ahora, opta por atender parcialmente una deuda social acumulada durante décadas.
La tensión entre Israel e Irán ha alcanzado niveles críticos en 2025, tras años de enfrentamientos indirectos, amenazas cruzadas y una guerra encubierta que se desarrolla desde el ciberespacio hasta las arenas de Medio Oriente. Este antagonismo, con profundas raíces ideológicas, religiosas y geopolíticas, se ha convertido en uno de los focos más peligrosos del escenario internacional.
Desde la Revolución Islámica de 1979, el régimen iraní ha considerado a Israel como un “enemigo sionista” y una amenaza a la estabilidad de la región. En contrapartida, Israel ha visto a Irán como su principal enemigo estratégico, particularmente tras el desarrollo del programa nuclear iraní y el apoyo de Teherán a grupos armados como Hezbolá en Líbano y Hamás en Gaza.
La enemistad no se limita a la retórica. En las últimas décadas, ambos países han participado en una guerra no declarada que incluye ataques aéreos israelíes contra objetivos iraníes en Siria, asesinatos selectivos de científicos nucleares, sabotajes a instalaciones estratégicas, operaciones de espionaje y ataques cibernéticos.
Escalada reciente: ¿una guerra abierta?
En abril de 2024, un ataque atribuido a Israel destruyó el consulado iraní en Damasco, provocando una respuesta sin precedentes: Irán lanzó cientos de drones y misiles contra territorio israelí, en lo que fue el primer ataque directo desde suelo iraní. Aunque la mayoría de los proyectiles fueron interceptados por el sistema antimisiles israelí y aliados como Estados Unidos y el Reino Unido, el mensaje fue claro: el conflicto ha cruzado una nueva línea.
Israel respondió con bombardeos sobre infraestructuras militares en Irán, elevando el riesgo de una guerra abierta. La comunidad internacional ha hecho reiterados llamados a la contención, pero la desconfianza entre ambas potencias y la fragilidad regional complican una solución diplomática.
Uno de los mayores temores en torno al conflicto es la posibilidad de que Irán alcance la capacidad de desarrollar armas nucleares. Aunque Teherán insiste en que su programa tiene fines pacíficos, organismos internacionales como el OIEA han expresado preocupación por el aumento del nivel de enriquecimiento de uranio.
Israel, por su parte, ha afirmado que no permitirá que Irán se convierta en una potencia nuclear, y ha considerado todas las opciones sobre la mesa, incluyendo acciones militares preventivas. Las negociaciones multilaterales para revivir el acuerdo nuclear de 2015 (JCPOA) han fracasado, y el diálogo permanece estancado.
El conflicto entre Israel e Irán no solo afecta a Medio Oriente. Tiene implicaciones globales por la participación de potencias como Estados Unidos, Rusia y China, y por el riesgo de una disrupción en el suministro energético global, especialmente si se ve afectado el tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial.
Además, la situación ha provocado divisiones en el mundo musulmán. Mientras países como Arabia Saudita han comenzado un acercamiento diplomático con Israel, otros, como Siria o Irak, siguen alineados
La rivalidad entre Israel e Irán parece haberse consolidado como uno de los conflictos más peligrosos y difíciles de resolver del siglo XXI. Aunque aún no se ha producido una guerra directa a gran escala, los últimos acontecimientos muestran que ese escenario ya no puede ser descartado.
Si no se logra una vía diplomática efectiva, el riesgo de ataques sin fin, como los que se dan en este momento, tendrán consecuencias impredecibles para la economía y la seguridad global, ya que será cada vez más alto.
Medio Oriente vuelve a estar, una vez más, en la cuerda floja.
El gobierno de López Obrador eliminó 109 fideicomisos en 2020, desatando un debate nacional sobre transparencia, austeridad y el impacto en la ciencia, la cultura y la protección civil.
En octubre de 2020, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo una de las decisiones más controversiales de su sexenio: la extinción de 109 fideicomisos públicos, que en conjunto manejaban más de 68 mil millones de pesos. El argumento oficial fue claro: combatir la opacidad y los malos manejos, en línea con su política de austeridad y lucha contra la corrupción. Sin embargo, la medida dividió opiniones y generó protestas en distintos sectores de la sociedad.
“Los fideicomisos se convirtieron en cajas negras donde no había control, donde no había transparencia”, declaró López Obrador en conferencia de prensa, asegurando que los recursos no desaparecerían, sino que serían administrados directamente por las secretarías correspondientes, bajo vigilancia de la Secretaría de Hacienda.
La extinción sacudió a fideicomisos de diversas áreas donde daban el poder absoluto de quienes los ejercían.
Entre ellos:
• El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), utilizado para atender emergencias por fenómenos naturales.
• Fondos destinados a la investigación científica y tecnológica, como los manejados por el CONACYT.
• Fideicomisos que financiaban al cine nacional a través de FIDECINE y FOPROCINE.
• Apoyos para defensores de derechos humanos y periodistas en situación de riesgo.
• Recursos del Poder Judicial y del Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros.
El anuncio generó un amplio rechazo entre investigadores, cineastas, académicos, organizaciones civiles e incluso organismos internacionales. Muchos señalaron que si bien era necesario revisar y transparentar los fideicomisos, eliminarlos de manera generalizada sin construir mecanismos alternativos ponía en riesgo derechos fundamentales y actividades estratégicas.
Los partidarios de la medida defendieron que era necesario acabar con estructuras que, en muchos casos, carecían de vigilancia efectiva.
Según Hacienda, algunos fideicomisos no habían sido auditados en años y mantenían recursos inactivos.
El gobierno aseguró que los recursos seguirían siendo utilizados para los fines originales, pero administrados directamente por las dependencias correspondientes. Sin embargo, en la práctica, la ejecución de los fondos ha sido lenta, por ejemplo, tras la desaparición del FONDEN, la respuesta del gobierno ante desastres naturales ha sido ampliamente cuestionada, especialmente durante huracanes e inundaciones en estados como Guerrero, Chiapas y Veracruz.
Asimismo, el cine mexicano ha enfrentado una reducción notable en su producción independiente.
Hoy, en 2025, los efectos de la extinción de fideicomisos siguen siendo motivo de debate. Mientras algunos sectores reconocen avances en la vigilancia del gasto público, otros acusan un debilitamiento institucional que ha impactado negativamente la ciencia, la cultura, la protección civil y los derechos humanos.
La Auditoría Superior de la Federación ha detectado irregularidades en el uso posterior de algunos recursos reubicados, lo que ha reavivado las criticas hacia los malos manejos de administraciones anteriores derivadas del PRI y del PAN
El sistema penal acusatorio, instaurado mediante la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, marcó un parteaguas en la historia del derecho penal mexicano. Esta transformación buscó superar las deficiencias del modelo inquisitivo mediante la adopción de un esquema procesal más garantista, transparente y respetuoso de los derechos humanos.
Entre los principales fundamentos y principios existen la presunción de inocencia, la publicidad del proceso, la contradicción entre las partes, la inmediación judicial y la concentración de las audiencias, la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo lo considera.
Estos elementos reflejan una orientación clara hacia el modelo adversarial, con énfasis en la equidad procesal , ya que desde su implementación nacional en 2016, el sistema ha propiciado avances importantes por lo que se han habilitado salas de juicio oral, capacitado operadores jurídicos y desarrollado mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
También se ha logrado un mayor protagonismo de la víctima en el proceso penal y un mayor escrutinio público de las decisiones judiciales.
La transición no ha estado exenta de obstáculos,la falta de profesionalización en algunas fiscalías, el uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa, y las deficiencias en las capacidades de investigación han limitado su efectividad .
Persisten desigualdades estructurales que dificultan un acceso real a la justicia para sectores vulnerables, por lo que para fortalecer el sistema es primordial limitar legalmente la prisión preventiva,fortalecer las capacidades técnicas de investigación, garantizar defensoría pública de calidad, impulsar una política nacional de justicia penal con enfoque interinstitucional.
El sistema penal acusatorio representa un avance democrático sustancial, pero su consolidación depende de la voluntad política, inversión institucional y capacitación permanente, ya que la justicia penal en México solo alcanzará su potencial cuando todos sus actores actúen conforme a los principios que rigen este modelo.
En mayo, mes en el que se celebra a las madres en gran parte de América Latina, es momento también de ampliar la mirada y reflexionar sobre el papel fundamental que desempeñan las mujeres en la economía de la región. No se trata solo de celebrar, sino de visibilizar, reconocer e impulsar cambios reales para construir una economía verdaderamente inclusiva.
Desafortunadamente la economía de la mujer es un motor económico subvalorado erróneamente, hay que entender que las mujeres en América Latina representan cerca del 50% de la población económicamente activa, y sin embargo, sus aportes siguen estando subrepresentados en los espacios de decisión y planificación económica.
En sectores como la salud, la educación y los servicios, su presencia es mayoritaria, pero a menudo en condiciones de informalidad o con salarios más bajos.
Según datos de la CEPAL, la tasa de participación laboral femenina en la región fue del 49% en 2023, frente al 73% de los hombres. Además, las mujeres dedican el triple de tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Esta desigualdad estructural limita sus oportunidades de desarrollo económico y personal.
Las desigualdades que persisten, ya que en América Latina, las mujeres siguen enfrentando brechas salariales significativas, con diferencias que oscilan entre el 17% y el 30% en muchos países de la región, una mayor informalidad laboral, ya que más del 50% de las mujeres trabajadoras están en el sector informal, sin acceso a derechos laborales básicos.
Tienen dificultades de acceso al crédito y a la tierra, especialmente en zonas rurales e indígenas y esto aunado a la violencia económica y laboral, que limita su autonomía y su capacidad de generar ingresos de manera segura.
La maternidad sigue siendo una barrera, pues muchas empresas aún penalizan a las mujeres por tener hijos, con menores oportunidades de ascenso y mayor precarización.
Para construir una economía que realmente incluya a las mujeres en igualdad de condiciones, América Latina necesita avanzar en políticas públicas y cambios culturales profundos como el reconocer el valor del trabajo de cuidados, garantizando servicios públicos de calidad como guarderías, salud y licencias parentales equitativas, incluir además a más mujeres en la toma de decisiones económicas, tanto en el sector público como en el privado.
Es indispensable promover el acceso al crédito, la tecnología y la formación técnica, especialmente para mujeres emprendedoras, rurales y jóvenes y combatir la violencia económica, fortaleciendo marcos legales que protejan los derechos económicos de las mujeres.
Los flujos de remesas a las regiones en desarrollo se vieron afectados por varios factores en 2023. En primer lugar, el sólido ritmo de crecimiento de las remesas es una prueba de la determinación de los migrantes de ayudar a sus familias en sus países de origen. Su capacidad para enviar dinero a sus hogares se vio respaldada por una reapertura gradual de varios sectores en las economías de los países anfitriones (tras los cierres provocados por la pandemia y las interrupciones en los viajes), lo que mejoró sus ingresos y su situación laboral. El aumento de los precios, por otra parte, incidió de manera adversa en los ingresos reales y las remesas de los migrantes.
Los tipos de cambio afectaron los flujos de remesas: en el caso de Rusia, una inesperada y fuerte apreciación del rublo se tradujo en un valor más alto, en términos del dólar estadounidense, de las remesas hacia los países de Asia central y del Cáucaso meridional. En el caso de Europa, el debilitamiento del euro tuvo el efecto opuesto de reducir el valor en dólares estadounidenses de los flujos de remesas con destino al Norte de África y a otros países. Por último, en muchos países que sufrieron escasez de divisas y establecieron múltiples tipos de cambio, los flujos de remesas registrados oficialmente disminuyeron a medida que se optaba por efectuar las remesas a través de canales alternativos que ofrecían tipos de cambio más convenientes.
Cabe destacar otros factores específicos de dos regiones. La migración en tránsito y, por lo tanto, las remesas recibidas por los migrantes en tránsito continuaron siendo sólidas en México y América Central. En Europa y Asia central, el aumento de los precios del petróleo, junto con el repunte posterior a la pandemia de la demanda de trabajadores migrantes de Rusia y los pagos a personas y empresas rusas que se reubicaron en el extranjero tras el inicio de la guerra, aumentaron el flujo de remesas a los países de Asia central y del Cáucaso meridional.
El costo de enviar USD 200 a países de ingreso bajo y mediano ascendió, en promedio, al 6 % en el segundo trimestre de 2023, no muy diferente al de hace un año y el doble de la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (según la base de datos sobre los precios de las remesas en el mundo). Entre las regiones en desarrollo, fue más barato enviar remesas a Asia meridional (un 4,1 %), mientras que fue más costoso, en promedio, enviar a África subsahariana (alrededor de un 7,8 %).
Contra todo pronóstico, en 2024, las remesas hacia los países de ingreso bajo y mediano crecieron aproximadamente un 5 % hasta alcanzar los USD 626 000 millones. Este crecimiento se produjo a pesar del empeoramiento de la situación mundial y de las incertidumbres económicas.
Dr. Luis David Fernández, Subsecretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México
Quedó claro desde el inicio de este Gobierno encabezado nuestra Gobernadora, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, la ruta y sello de su gobierno: cero corrupción y ataque frontal a cualquier acción que vaya en contra del pueblo mexiquense y en apego a los principios que rigen la actuación de las personas servidoras públicas.
Para ello, se realizaron diversos foros de Consulta Popular en donde se recibieron opiniones de diversossectores de la sociedad, que pueden resumirse en el eje de acción del presente Gobierno: Cero Corrupción y Gobierno del Pueblo y para el Pueblo.
El malestar de la población en este tema fue claro,porque si bien la corrupción tiene diversas aristas e impactos en las esferas económicas, sociales,institucionales y hasta de credibilidad en la acción pública; con cobertura no solo en espacio público, sino también en el núcleo de lo privado, exigieron, además de un buen listado de políticas firmes, entrarle de frente como lo está haciendo esta administración y las instituciones responsables del tema.
Se reconoce desde esta administración que es un fenómeno multicausal, que debilita el sentido de lo público, la institucionalidad democrática y lesiona la convivencia social, por ello en mensaje es claro y las acciones contundentes porque están basadas en proporcionar legalidad y certidumbre con el objetivo de desestimular prácticas de corrupción que consumen los recursos escasos de la vida asociada.
La apuesta es la correcta cuando se habla de la aplicación de medidas correctivas para que se entienda claro la cero tolerancia a la corrupción, pero también desde las perspectiva preventiva, que permita hacer consciencia de la importancia de la rendición de cuentas y transparencia, para que los ciudadanos monitoreen y participen en la toma de decisiones públicas, es decir, hacer cada vez más público al gobierno, con mecanismos eficientes y eficaces que le regresen la confianza a la población sobre lasdenuncias y quejas respectivas, evitando aquello que llaman la economía de casino, donde las reglas del juego cambian según las leyes del mercado.
Esta administración y sus instituciones está apostando a soluciones creativas como lo apunta el académico Ricardo Uvalle, saliendo de soluciones rutinarias y con soluciones incrementales, paso a paso, de manera progresiva, haciendo uso de las herramientas tecnológicas en la lógica de la sociedad y la gestión del conocimiento, a fin de no repetir errores de eficacia en contra de la corrupción como aquellos gobiernos anteriores que la apostaban a las rutinas, a las decisiones verticales y por ende, con nulos resultados en el combate a la corrupción. En el Estado de México se está haciendo historia.
En México una educación inclusiva es vital, como seguramente llevará al cabo la Gobernadora del Estado de México la Maestra Delfina Gómez Álvarez, pues como titular a nivel nacional de la Secretaría de Educación lo hizo y lo hizo muy bien, especialmente para las miles de niñas, niños y jóvenes en el país con alguna discapacidad.
La probabilidad de asistir a la escuela para las y los niños entre 6 y 11 años con discapacidades es 8 puntos porcentuales mayor respecto a quienes no presentan alguna discapacidad. Y en la secundaria, esta brecha solo se acentúa. La distancia se hace mayor en las tasas de graduación que en las tasas de asistencia. Las personas con discapacidad ahora tienen una probabilidad mayor de graduarse de secundaria frente a sus pares, con una brecha de 13 puntos porcentuales en promedio. Esto implica que más de la mitad de las y los estudiantes con discapacidad podrá a largo plazo terminar la secundaria.
Trabajando hombro con hombro con niñas, niños y jóvenes con discapacidades que no pueden acceder a una escuela, muchos de los que asisten son ahora ya incluidos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues la educación vía TV Abierta tiene personal capacitado para garantizar una participación plena.
Es decir, a pesar del marco normativo ofrecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, que abarca a todos los países de la región, y de los esfuerzos de muchos países por mejorar las oportunidades de las personas con discapacidad, muchas niños, niñas y jóvenes con discapacidad al menos en México, han aumentado.
Examinando cuál es el estado de la inclusión en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe, los resultados de los censos en los ocho países estudiados, muestran que el acceso a educación varía de acuerdo con la presencia de una discapacidad.
La evidencia muestra una brecha considerable en lo general al alza en la asistencia escolar entre personas con y sin discapacidad, para el caso de las y los niños de 6 a 11 años y las y los jóvenes de 12 a 17 años.
La brecha promedio de asistencia de las niñas y niños de 6 a 11 años es de 8,5 puntos porcentuales, y, por otra parte, en las y los jóvenes de 12 a 17 años, esta brecha es un poco mayor: 10 puntos porcentuales en promedio. Solo en el caso de los varones con discapacidades en general tenían las tasas más bajas de asistencia de todos los grupos demográficos.
Además, comparando los resultados usando los censos 2019 y las encuestas de hogares encontramos que las distancias se han acordado.
Sólo dos países muestran fuertes señales de inclusión en el nivel de secundaria, como es el caso de México y Chile, ya que son los únicos países en los cuales se presentan trechos menores a 5 puntos porcentuales, usando diferentes medidas de discapacidad.
Bien por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, pues esto es muestra de la capacidad, conocimiento y su enorme voluntad política ya comprobada al servicio de los grupos con alguna vulnerabilidad. Un enorme respiro y gran rumbo para el Estado de México.
Al menos cinco países participarían en la construcción del mayor proyecto ferroviario de Sudamérica, el corredor bioceánico ico que recorrerá alrededor de 4.400 kms entre Brasil y Perú.
El tramo más largo, de 3.650km por Brasil, tiene un precio referencial estimado de 40.000 millones de reales (US$12.400mn). La vía comenzaría en el estado de Río de Janeiro y pasaría por gran parte del cinturón agroindustrial del país, que acoge a la mayoría de los grandes productores de grano.
Desde allí, el plan actual considera que el tren llegue a Perú a través del estado brasileño de Acre, antes de alcanzar la costa pacífica cerca del puerto peruano de Ilo.
Para lograrlo, el Gobierno chino ofrecerá apoyo financiero y respaldará estudios técnicos y proyectos de ingeniería a través de Hsin Chong Construction Group. Por su parte, el grupo estatal brasileño de logística y planificación EPL se asoció con el Ministerio de Transportes y la ferroviaria estatal Valec para ejecutar las obras civiles.
El primer tramo planificado cubre 900km entre las ciudades de Campinorte (en Goiás) y Lucas do Rio Verde (en Mato Grosso), el segundo recorre 647km desde Lucas do Rio Verde hasta Vilhena (en Rondônia) y el tercero va desde Vilhena hasta Porto Velho (en Rondônia).
Las tres secciones tienen un presupuesto de 7.000mn, 4.700mn y 6.000mn de reales, respectivamente.
Para respaldar su desarrollo, el gobierno del estado de Mato Grosso contrató a China Railway Construction Corporation CRCC para preparar estudios técnicos de la ferrovía de integración centro-oeste, valorada en 20.000mn de reales, conocida como FICO, que apunta a potenciar la eficiencia de transporte para la industria agrícola local. También comprende los primeros dos tramos del tren bioceánico, el BID aportará además financiamiento para la iniciativa.
El gobierno actual, determinante ante la impunidad de antes
Los altos niveles de impunidad y corrupción llegaron a grados intolerables, y defender al sistema de justicia penal tradicional o proponer reformas marginales al mismo se volvió políticamente incorrecto.
A regañadientes, los políticos aprobaron en el 2008 una reforma constitucional de transacción, del arraigo y del régimen de excepción para la delincuencia organizada, el sistema acusatorio y los juicios orales entre otros en ocho años. Ante un diagnóstico de arbitrariedad, incompetencia, saturación, corrupción e ineficiencia del Ministerio Público (MP), la reforma contempló el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias, la facultad de no investigar y la aplicación de criterios de oportunidad como soluciones que permitan descongestionar a las procuradurías de justicia “a efecto de que la capacidad del Estado en la investigación, persecución y sanción de los delitos, se centre en lo que realmente afecta a la sociedad mexicana” (Propuesta de decreto presidencial, Felipe Calderón, 2007.
Estas soluciones alternativas al proceso penal permitirían al MP “administrar los recursos disponibles de persecución y aplicarlos a los delitos que más ofenden y lesionan a los bienes jurídicos de superior entidad” (Dictamen de la Cámara de Diputados, diciembre del 2007).
El respeto a los derechos fundamentales, el combate a la impunidad y una política criminal focalizada y efectiva devinieron en objetivos expresos de la reforma constitucional: “El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen” (Artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
En estos objetivos de la reforma, en los mandatos constitucionales y en la expectativa social de combatir la impunidad en materia penal, el MP es uno de los actores principales, no sólo porque la investigación criminal es una piedra angular para la legitimidad del sistema penal, sino porque, además, el MP sigue siendo el eslabón intermedio entre la demanda de justicia de la sociedad y la oferta de servicios del sistema penal. La mayor cantidad de servicios del sistema requiere la intervención del MP.
Para ilustrar este punto basta referir que mientras que en el 2015 se iniciaron 791 mil 826 carpetas de investigación de competencia local3 en el país (Censo Nacional de Procuración de Justicia 2016 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística [INEGI]), apenas se iniciaron 50 mil 37 asuntos penales del sistema acusatorio ante los juzgados de control (Censo Nacional de Impartición de Justicia [CNIJ] 2016, INEGI).
Es decir, sólo el 6.3% de los asuntos ingresados a las procuradurías llegan a los jueces. El presente estudio busca mostrar y analizar indicadores de estructura, operación y resultados de las procuradurías de justicia, principalmente en la etapa de investigación de los delitos, es decir, en la atención de los casos, canalizándolos a los órganos encargados de la aplicación de los MASC, o bien determinando su archivo, ejerciendo la facultad de no investigación o aplicación de criterio de oportunidad, sobreseyendo (suspendiendo) el caso o planteándolo ante los tribunales para formular imputación y/o solicitar autorización para alguna diligencia de investigación. Éste es un ejercicio panorámico a nivel estatal y con la información pública disponible.
Su aportación es una comparación entre las entidades en diversas variables y el desarrollo de un índice que agregue siete de las variables que aquí se describen y analizan. Una evaluación más precisa y que permite desarrollar propuestas puntuales es la que realizan los observatorios ciudadanos y las universidades en diversos estados del país, las cuales permiten analizar por regiones de los estados con información más actualizada y un mayor grado de desagregación.4 Una forma de verificar si se está cumpliendo la hipótesis de la reforma, que consiste en aprovechar los mecanismos de descongestión para focalizar los recursos de investigación y persecución penal a los delitos de mayor impacto social, es incorporar en el análisis la impunidad para el delito de homicidio intencional y la proporción de sanciones menores, para estimar la focalización o no de los recursos hacia los delitos de mayor impacto social.
No debe extrañar que los estados con menos fiscales presenten elevadas cargas de trabajo. Éste es un indicador promedio, pues la dispersión es amplia si se consideran los asuntos por materias: los fiscales adscritos a delitos muy numerosos o frecuentes, como los de naturaleza patrimonial, concentran tres o más veces la carga promedio. Además, en varios estados hay fiscales comisionados a tareas encomendadas por los procuradores y subprocuradores, como asesoría, apoyo, visitaduría y revisión de casos (aplicación de criterios de oportunidad u otras modalidades de política criminal). En diversos estados, algunos ministerios públicos sólo se dedican al litigio oral en las salas de audiencia. Incluso ciertos estados todavía reportan al CNPJ algunos ministerios públicos adscritos a tareas no penales (como representantes del interés social en dependencias como registro civil o juzgados de lo familiar). Así que éste es un indicador promedio, que aproxima las condiciones en que los fiscales desarrollan sus tareas.
Un aspecto fundamental para evaluar el desempeño de las procuradurías es la capacidad de respuesta y la efectividad en la resolución y esclarecimiento de los asuntos que les son planteados. Una de las principales motivaciones de la reforma, como se ha señalado, fue la baja percepción de efectividad en las investigaciones criminales (uno de los principales motivos por los que no se reportan los delitos a las autoridades, de acuerdo con las encuestas), así como los elevados indicadores de impunidad. La información que reportan los censos del 2016 del INEGI corresponden al 2015, por lo que todavía coexistían ambos sistemas procesales. Casi la mitad (740 mil 577 averiguaciones previas abiertas) de las investigaciones iniciadas ese año se condujeron a través del modelo procesal mixto o tradicional; en tanto que ya con el sistema penal de tipo acusatorio se abrieron 791 mil 826 carpetas de investigación.10
Sólo los estados de Chihuahua, Morelos, México, Yucatán e Hidalgo reportaron todos los asuntos ingresados bajo el sistema acusatorio.
El giro a la izquierda registrado en América Latina abrió un intenso debate acerca de las posibilidades de la socialdemocracia en la región. El origen de la socialdemocracia en Europa occidental respondió a una serie de condiciones históricas y políticas que hoy se encuentran ausentes en América Latina, desde una economía que descansa esencialmente en la producción industrial hasta un sector mayoritario de obreros organizados. Por otra parte, las políticas neoliberales aplicadas en la región produjeron una heterogeneización de la fuerza laboral y una profundización de la brecha social que complican las perspectivas. Pese a ello, el artículo argumenta que una versión local de la socialdemocracia puede prosperar en América Latina, sobre todo en aquellos países con sistemas de partidos estables y regímenes democráticos consolidados, como Uruguay, Chile y Brasil.
Desde 1998, en nueve países de América Latina se han elegido gobiernos de tendencia de izquierda. Este giro político sin precedentes ha ubicado a casi dos tercios de la población latinoamericana bajo algún tipo de régimen de izquierda y ha hecho trizas el llamado «Consenso de Washington». Sin embargo, el nuevo tipo de régimen resulta incierto y es fuente de disputas políticas. Algunos analistas creen que es poco lo que ha cambiado y suponen que las fuerzas del mercado global estrecharán el abanico de opciones políticas y disciplinarán a los gobernantes para que no se aparten demasiado de las reglas liberales. Con mayor pesimismo, otros advierten sobre el peligro de un revival del populismo demagógico y sus correlatos políticos tradicionales: el nacionalismo, el estatismo y el autoritarismo. Aun así, hay quienes plantean la posibilidad de que, luego de la reestructuración neoliberal, surja una variante latinoamericana de socialdemocracia, una alternativa que combina la democracia representativa con una economía de mercado e iniciativas del Estado para reducir las desigualdades y promover la ciudadanía social.
Mi comentario explora las perspectivas de esta última posibilidad, partiendo de las experiencias europeas y latinoamericanas para identificar distintas restricciones estructurales e institucionales. Pero también intenta identificar las oportunidades políticas que permiten avanzar hacia la construcción de una socialdemocracia latinoamericana y explicar en qué es probable que se diferencie el proceso de reforma latinoamericano del registrado en su momento en Europa occidental. Sostengo que, al buscar la reducción de las desigualdades y la expansión de los derechos sociales dentro de los límites de la democracia representativa y la economía de mercado, la izquierda latinoamericana se mueve en el campo general de la socialdemocracia. Sin embargo, los límites son notablemente diferentes de los que existieron en los modelos europeos clásicos, lo que asegura que cualquier camino que se tome en América Latina tendrá un recorrido y un destino muy diferentes de los seguidos en Europa.
El 20 de noviembre se celebra el aniversario de La Revolución Mexicana. Fue el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.
El Gobierno abierto es una política pública que agrupa los conceptos de transparencia, participación y colaboración de los ciudadanos en las políticas públicas en donde la información y datos gubernamentales juegan un rol esencial. Las consideraciones vertidas en esta obra son, en parte, el reflejo del despertar ciudadano que exige más de sus instituciones. El cuerpo de este compendio hace hincapié sobre un punto esencial al circunscribir el debate no solamente en la óptica de fomentar una cultura democrática integral, pero más bien en el desarrollo de programas y actividades dirigidas a promover los principios y prácticas democráticas.
Los principios que rigen el gobierno abierto se inscriben en la tradición de derechos de primera generación, como la libertad de la prensa y de la libre circulación de información y de ideas.
Estos mismos valores son erigidos como derechos imprescindibles en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que, en su artículo IV, establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión, y de difusión del pensamiento por cualquier medio.
La ola de democratización que vivió la región tuvo que heredar varias dificultades que venían rezagadas, y las demandas de los ciudadanos después de casi treinta años desde las transiciones democráticas, se hacen cada día más presentes.
Una democracia de calidad demanda que los ciudadanos exijan no solamente mayores derechos, pero también cuentas a sus gobernantes, que participen activamente en la definición e implementación de políticas, y que ejerzan plenamente sus derechos.
Mayor participación y mayores derechos resultan en un desarrollo más pleno, más equitativo y más inclusivo de los países.
Creo que se ha hecho un enorme esfuerzo en esto. La reforma del Estado, no solamente con el sentido de hacerlo más democrático, pero también más eficiente, ha sido un objetivo de todos nuestros gobiernos en los últimos años.
En el proceso actual de asentamiento democrático, la transparencia, la probidad, la rendición de cuentas, y el intercambio de buenas prácticas son principios que se han venido añadiendo a la idea que nos podemos hacer de democracia, al forjar marcos normativos conducentes a una mejor gestión pública, a una mejor gobernabilidad democrática.
Si queremos producir las reformas necesarias exigidas por la realidad actual, es indispensable optar por el camino de la política. En cierto sentido, el gobierno abierto se encuentra revindicando el rol del Estado en atender los desafíos de sus ciudadanos, y estos últimos se conciben como uno de los pilares fundamentales del funcionamiento del sistema político.
Estamos asistiendo al surgimiento de una sociedad en la que la relación y la posibilidad de compartir forman parte intrínseca de la comunicación, y no es un mero resultado de esta última, o un subproducto comunicativo. Los dos elementos clave son la creciente subjetividad o individualización de los actores (que no forzosamente desemboca en el individualismo), y la enorme facilidad de comunicación que generan las TIC.
En ese contexto se da una gran demanda de autonomía (que va más allá del esquema libertad- control tradicional de la sociedad moderna), surgen mercados alternativos, aparecen nuevas redes y agregados sociales, y emergen nuevas culturas que hacen de la diferencia su valor añadido.
En la perspectiva tradicional, las esferas de las instituciones públicas parten de un concepto de libertad y de participación muy vinculado a la libertad de voto y al ejercicio del mismo, mientras el control se relaciona con el cumplimiento de unas leyes emanadas de esa voluntad popular, expresada con el mecanismo representativo. En el nuevo contexto social que estamos describiendo, la libertad se basa en una idea de intercambio que parte de la reciprocidad.
A raíz del alza significativa del precio del petróleo que se observó en la primera mitad de 2022, los países exportadores de hidrocarburos serán este año los más favorecidos, por cuanto sus términos de intercambio subirían un 13%.
En los países exportadores de minerales y de productos agropecuarios, por otra parte, se produciría una leve mejora de los términos de intercambio, de alrededor del 3% y el 2%, respectivamente. Sin embargo, los países de Centroamérica y los del Caribe excluido Trinidad y Tabago, que se caracterizan por ser fuertes importadores netos de energía y, en algunos casos, de alimentos, sufrirían en 2018 un deterioro de sus términos de intercambio del 2,0% y el 0,3%, respectivamente.
En 2019 el valor de las exportaciones regionales creció un 12% respecto del año anterior, como resultado de un aumento de los precios de exportación de un 8% y un incremento del volumen del 4%.
En concordancia con los mayores precios de la energía y de los minerales y metales, las exportaciones de los países exportadores de hidrocarburos y de productos mineros aumentaron un 15% y un 17%, respectivamente, mientras que las de los países exportadores de productos agropecuarios se incrementaron solo un 3%.
Por subregiones, se observa que las exportaciones de América del Sur crecieron un 14% en relación con el año anterior. Cabe destacar que el buen desempeño exportador fue generalizado en esta subregión, liderado por el Perú y el Brasil, cuyas exportaciones crecieron un 21% y un 18%, respectivamente, mientras que Bolivia, como Estado Plurinacional, Chile, Colombia y el Ecuador vieron crecer sus ventas al exterior entre un 11% y un 16%, respecto de 2018.
La excepción fue la Argentina, donde las exportaciones alcanzaron un crecimiento de solo un 1%. Las exportaciones de Centroamérica crecieron un 6% en promedio, si bien la mayoría de los países de esta subregión mostraron una expansión superior a ese promedio, como es el caso de Costa Rica (7%), El Salvador (8%), Honduras (9%), Nicaragua (10%) y Panamá (7%).
Las exportaciones de México, por su parte, se incrementaron un 9% y entre ellas destaca el desempeño de las exportaciones automotrices que aumentaron un 12%. En 2023 se espera un crecimiento del valor de las exportaciones del 9% como promedio de América Latina.
Los mayores precios del petróleo y, en menor medida, de los minerales y de algunas materias primas agropecuarias explicarían un incremento de los precios del 6%. En términos de volúmenes, a pesar de que la región estaría enfrentando este año una mayor demanda externa debido a un mayor crecimiento de sus socios comerciales, existen en algunos países ciertos límites de la capacidad para aumentar los volúmenes exportados en algunos sectores importantes, como el del petróleo.
Por otra parte, los volúmenes exportados por el Brasil han mostrado un menor dinamismo en la primera mitad del año, debido a caídas en algunos rubros como el hierro, el azúcar, el café y el sector automotor.
La huelga del sector del transporte ha estado también detrás de la pérdida de dinamismo en varios sectores. Como resultado de todo lo anterior, se prevé que los volúmenes exportados por la región crezcan en promedio un 2% en 2022.
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