Inteligencia institucional activa contra la corrupción que fortalece la Estrategia Nacional de Seguridad
Dr Luis David Fernández Araya
Colaborador La Crónica de Hoy
Del Gasto Público al Lavado de Dinero
Mi columna semanal
Dr. Luis David Fernández Araya
Seguridad nacional, la batalla silenciosa que se libra en el sistema financiero
Durante muchos años en México hemos entendido la seguridad nacional desde su dimensión más visible y eficaz, patrullajes, operativos, detenciones y despliegues masivos de fuerzas de seguridad. Esta es la parte que aparece en los titulares, la que domina las pantallas y el debate público cotidiano.
Sin embargo, también existe otra dimensión mucho menos visible, pero profundamente estratégica, donde también se decide la estabilidad del Estado, el sistema financiero.
Las organizaciones criminales no sobreviven únicamente gracias a la violencia o al control territorial. Su verdadera fortaleza radica en su capacidad para mover, ocultar y reintegrar grandes volúmenes de recursos financieros a la economía formal. En otras palabras, el poder real del crimen organizado no se mide solo en armas, sicarios o territorios disputados, sino en el flujo de dinero y en la habilidad para hacer que ese dinero circule sin levantar sospechas dentro del sistema económico legítimo.
Precisamente ahí inicia una de las batallas más importantes y discretas del Estado moderno.
Quienes trabajamos y hemos trabajado durante años en temas de fiscalización, control institucional y arquitectura financiera del sector público y privado, sabemos que el combate efectivo al crimen organizado y a la corrupción no puede limitarse a la persecución penal tradicional.
Debe entenderse también, y sobre todo desde la inteligencia financiera, la prevención sistemática y la supervisión rigurosa de las instituciones.
El mundo lo comprendió hace décadas. Los países que han logrado debilitar de manera sostenida a estructuras criminales lo han hecho siguiendo una lógica simple pero implacable, seguir el dinero.
No es casualidad que, en las democracias consolidadas, las agencias de inteligencia financiera, los sistemas de control interno y las instituciones de fiscalización superior se hayan convertido en pilares fundamentales de la seguridad nacional.
México no es la excepción, nuestro país cuenta con instituciones clave que integran esta arquitectura esencial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Cada una cumple una función distinta, pero claramente complementaria.
La inteligencia financiera detecta operaciones sospechosas y mapea redes económicas ilícitas. La investigación ministerial persigue responsabilidades penales concretas. La fiscalización superior examina el uso correcto y transparente de los recursos públicos.
Cuando estas capacidades operan de manera articulada y coordinada, el Estado logra cerrar espacios a la corrupción, a las redes criminales y a las sofisticadas estructuras de lavado de dinero que intentan infiltrarse en la economía formal.
Sin embargo, el desafío institucional permanece grande y urgente. México necesita consolidar un modelo en el que estas instancias no funcionen de forma aislada o reactiva, sino como partes integrales de una estrategia nacional comprehensiva de seguridad financiera.
Desde la perspectiva de la fiscalización pública, esto implica transitar hacia modelos de auditoría más preventivos y basados en riesgos, capaces de identificar vulnerabilidades institucionales antes de que se conviertan en escándalos de corrupción masiva o en canales de financiamiento criminal.
Igualmente importante fortalecer los sistemas de control interno tanto en las dependencias públicas como en las empresas que manejan o interactúan con recursos del Estado. En el contexto internacional actual, el cumplimiento normativo, la prevención del lavado de dinero y la transparencia corporativa han dejado de ser meros requisitos regulatorios: se han transformado en componentes esenciales para garantizar la estabilidad económica y la propia seguridad nacional.
La realidad es cruda, las economías criminales buscan permanentemente los puntos débiles, los espacios donde las instituciones son frágiles, los controles resultan insuficientes o las estructuras de supervisión no anticipan los riesgos emergentes.
Por eso, fortalecer la arquitectura financiera del Estado no es un tema técnico reservado a especialistas o burócratas. Es una decisión estratégica de país, una prioridad de Estado.
La seguridad nacional del siglo XXI se construye simultáneamente en el territorio y en los sistemas financieros. Se libra en los tribunales, en las unidades de inteligencia financiera y en los mecanismos de fiscalización que vigilan cada peso público.
Mientras los ciudadanos observamos la dimensión visible de la seguridad, con patrullas, retenes y operativos espectaculares que funcionan, también existe otra batalla que se desarrolla todos los días de manera silenciosa e invisible.
Una batalla que no se libra con armas ni con despliegues masivos
Se libra siguiendo el rastro del dinero.
Y en esa batalla silenciosa, muchas veces, se decide la verdadera fortaleza, o la vulnerabilidad del Estado mexicano.
Dr. Luis David Fernández Araya
Economista, Especialista en PLD/FT
La cooperación binacional con inteligencia financiera y militar sí funcionan contra el crimen
La confianza internacional se audita con el blindaje institucional que México
necesita
Mi columna de hoy en El Heraldo de México
De. Luis David Fernández Araya
Mi columna de hoy jueves en La Crónica de Hoy
El mensaje del Deparamento del Tesoro de EE.UU. que México debe escuchar
El Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar debe llegar ya a la JUCOPO
Prevención de Lavado de Dinero y Control Interno.
Mi columna de Opinión en La Agencia de Noticias Quadratin
Es tiempo de atender las reformas a la LFPIORPI, urge implementar controles en Prevención de Lavado de Dinero
En el contexto actual del sistema financiero nacional e internacional, la evaluación de la solidez de una empresa ha trascendido los indicadores tradicionales de rentabilidad, expansión y posicionamiento de mercado. Cada vez con mayor preponderancia, se valora la robustez de su marco de control interno, particularmente en lo relativo a la prevención y mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Esta evolución representa un cambio paradigmático en los criterios de valoración que aplican las instituciones financieras, los reguladores y las unidades de inteligencia financiera. La integridad y la permanencia de una entidad en el ecosistema financiero dependen, en medida significativa, de su capacidad demostrable para prevenir la utilización indebida de sus canales y operaciones, un imperativo que se ha intensificado con las reformas publicadas el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
La carencia de controles adecuados, documentados y operativamente efectivos en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) configura una vulnerabilidad crítica que trasciende el ámbito operativo y compromete la continuidad institucional, la reputación corporativa y la salvaguarda del patrimonio de accionistas e inversionistas. Las reformas de 2025 agravan esta exposición al endurecer el marco normativo, ampliando el catálogo de actividades vulnerables redefiniendo conceptos clave como beneficiario controlador (con umbrales de control bajados al 25% en algunos supuestos) y personas políticamente expuestas (PEP), e imponiendo obligaciones más estrictas de identificación, debida diligencia reforzada y monitoreo continuo.
El sistema financiero global se rige por el principio rector de la gestión integral del riesgo. Las entidades bancarias y demás participantes regulados están obligados a identificar, evaluar y mitigar cualquier exposición que pueda comprometer la integridad del sistema. En consecuencia, las empresas que no cuentan con mecanismos estructurados de identificación de riesgos, debida diligencia del cliente (KYC), monitoreo continuo de operaciones y gobernanza interna adecuada son catalogadas como de alto riesgo, aun cuando no se haya constatado conducta ilícita alguna. Las reformas de 2025 refuerzan este enfoque basado en riesgo —alineado con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al promover mayor cooperación interinstitucional entre la SHCP, la FGR, la SSPC y la Guardia Nacional al endurecer sanciones administrativas y penales, incluyendo revocación de permisos y penalización a prestanombres o estructuras opacas.
Este criterio resulta determinante, el riesgo se pondera primordialmente por el nivel de vulnerabilidad inherente, más que por la materialización de hechos delictivos. Las instituciones financieras, obligadas a cumplir con estándares internacionales y con las nuevas exigencias de la LFPIORPI reformada, adoptan medidas preventivas proporcionales, lo que frecuentemente se traduce en restricciones operativas severas: terminación de relaciones bancarias de risking, bloqueo o congelamiento de cuentas, denegación de nuevos créditos o limitación en el acceso a servicios financieros esenciales.
En este nuevo marco, la prevención del lavado de activos ha dejado de constituir una obligación meramente cumplimentaria para erigirse en un pilar estratégico de la gobernanza corporativa y de la gestión de riesgos.
Forma parte integral de la arquitectura financiera que sustenta la resiliencia operativa y la credibilidad institucional, especialmente ante un escrutinio regulatorio intensificado por las presiones externas derivadas de la cooperación bilateral.
Las entidades de mayor tamaño, volumen de transacciones o interacción con el sistema financiero enfrentan un escrutinio proporcionalmente mayor. Su exposición al riesgo reputacional y regulatorio es directamente proporcional a su relevancia económica, y las deficiencias en PLD ahora más visibles bajo las reformas de 2025 pueden derivar en consecuencias inmediatas y desproporcionadas.
De mi experiencia en fiscalización superior, control interno institucional y evaluación de riesgos financieros, se desprende una conclusión inequívoca, las organizaciones que implementan sistemas robustos de PLD, adaptados a las nuevas obligaciones de 2025, no solo satisfacen requisitos normativos, sino que fortalecen su posición competitiva, preservan el acceso ininterrumpido a fuentes de financiamiento y protegen su continuidad operativa frente a entornos de creciente complejidad regulatoria.
La prevención no debe concebirse como una estrategia de preservación de valor y estabilidad institucional. En el entorno contemporáneo, la confianza del sistema financiero no se presume, se construye mediante controles verificables, estructuras de gobernanza sólidas y una gestión proactiva del riesgo, todo ello exigido con mayor rigor tras las reformas de julio de 2025.
Las empresas que internalizan esta realidad consolidan su resiliencia. Aquellas que la subestiman se exponen a una vulnerabilidad latente capaz de materializarse en interrupciones abruptas de su operación, sin previo aviso ni proporcionalidad con su historial de cumplimiento.
En el orden financiero actual, la verdadera solidez de una organización no radica exclusivamente en su capacidad para generar valor económico, sino en su aptitud para protegerlo de manera sistemática y demostrable. La prevención efectiva del lavado de dinero, fortalecida por las reformas de 2025 a la LFPIORPI, constituye en última instancia un imperativo estratégico para la sostenibilidad corporativa.
Dr. Luis David Fernández Araya
Especialista en Fiscalización y Prevención de Lavado de Dinero
México ante la renovación histórica de su Auditoría Superior: una oportunidad que no podemos desperdiciar
México ante la renovación histórica de su Auditoría Superior
México vive un momento decisivo para el fortalecimiento institucional. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no es solo un órgano técnico de revisión del gasto público: es uno de los pilares esenciales de la credibilidad del Estado.
En las democracias contemporáneas, la fortaleza de un país se mide también por la eficacia de su fiscalización. La confianza ciudadana, la estabilidad institucional y la certidumbre económica dependen en buena medida de que el Estado supervise con rigor e independencia el uso de los recursos públicos.
Las Entidades Fiscalizadoras Superiores del mundo operan bajo los estándares de la INTOSAI (Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores). Sus ISSAI exigen independencia técnica, objetividad, profesionalismo, transparencia y un enfoque basado en riesgos. Estos no son meros principios formales: son condiciones indispensables para la integridad del Estado.
La fiscalización superior ha evolucionado drásticamente. Ya no se limita a revisar el pasado; su valor estratégico radica en prevenir riesgos, fortalecer controles internos y elevar la calidad de la gobernanza pública.
Desde mi experiencia en tareas de control, supervisión y revisión del gasto, incluida mi participación en la Comisión Presidencial para la revisión de los fideicomisos públicos extintos en 2020, he constatado que la eficacia de cualquier mecanismo de fiscalización depende de tres elementos clave: independencia técnica real, capacidad profesional de alto nivel y alineación estricta con estándares internacionales.
Aquella revisión de fideicomisos implicó analizar estructuras financieras complejas, evaluar controles institucionales y promover mayor transparencia en el manejo de recursos. Confirmó lo que siempre he sostenido: la auditoría superior no es una función administrativa rutinaria, sino una tarea estratégica del Estado.
Hoy, en un contexto de crecientes demandas de transparencia, disciplina financiera y rendición de cuentas, México tiene una oportunidad histórica. La renovación en curso de la ASF con la conclusión del periodo actual y la designación de nuevo titular debe traducirse en una institución plenamente alineada con los más altos estándares como el INTOSAI, COSO ERM e IPSAS.
Esta renovación no es un simple cambio de nombres, es la oportunidad de construir una auditoría superior moderna que no solo detecte irregularidades, sino que las prevenga, fortalezca los sistemas de control y genere confianza duradera en las instituciones.
Una ASF técnica, autónoma y profesional es la base de un Estado más sólido. Donde hay fiscalización creíble, hay mayor confianza pública. Y donde hay confianza institucional, hay un país más fuerte.
México no puede dejar pasar este momento. La renovación histórica de su auditoría superior debe ser ahora, con visión de futuro y compromiso irrenunciable con la independencia y la excelencia.
El tiempo de las oportunidades históricas es breve. Actuar con decisión definirá el rumbo de nuestra rendición de cuentas por los próximos años.
El daño de los despachos de “Facturación Simulada”
Las factureras no desaparecieron. Solo cambiaron de nombre.
Hoy muchos esquemas se esconden bajo “asimilados a salarios”.
La simulación fiscal evoluciona. La fiscalización también debe hacerlo.
Mi columna en La Crónica de Hoy
Dr. Luis David Fernández Araya
Cooperación estratégica México-Estados Unidos, la ruta inteligente contra el lavado de dinero
En la prevención del lavado de dinero y el combate al financiamiento ilícito, la cooperación internacional dejó de ser un complemento: es el eje central de cualquier estrategia que funcione. México lo ha entendido. En un entorno de alta presión regulatoria y tensiones geopolíticas, la coordinación estrecha con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos representa madurez institucional y visión de largo plazo.
El canal institucional liderado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no es mera cortesía diplomática, es una decisión técnica de alto impacto. Permite articular inteligencia financiera, información operativa y mecanismos ágiles de intercambio que anticipan riesgos, bloquean flujos ilícitos y cierran espacios al crimen organizado transnacional.
Lo hemos visto en resultados concretos. En noviembre de 2025, gracias a la colaboración con FinCEN y OFAC, brazo del Tesoro estadounidense, se detectaron y desmantelaron redes de lavado en 13 casinos físicos y virtuales distribuidos en ocho estados.
Esos esquemas utilizaban empresas fachada, dispersión masiva de efectivo y transferencias internacionales injustificadas hacia paraísos fiscales. La operación no solo congeló activos, demostró que el intercambio de inteligencia bilateral puede golpear estructuras complejas que antes operaban con impunidad.
Estados Unidos cuenta con uno de los sistemas antilavado más robustos del planeta. Sus prioridades , el fentanilo, el financiamiento al terrorismo, la corrupción de alto nivel y el abuso de criptoactivos marcan hoy la agenda global.
Ignorar esa arquitectura sería un error estratégico; alinearse con inteligencia y corresponsabilidad, en cambio, es una jugada inteligente.
Desde mi participación hace algunos años en grupos técnicos del GAFI/FATF, puedo afirmar que este acercamiento se lee en los foros multilaterales como una señal positiva y creíble. Lo que evalúan los pares internacionales no son discursos, sino eficacia, casos judicializados, resultados medibles y coordinación operativa real.
México ha progresado en inclusión financiera, normatividad y capacidades institucionales. Pero la quinta ronda de evaluación mutua del GAFI en curso desde inicios de 2025 exige mucho más que reformas en papel.
Demanda efectividad demostrable, el trabajo conjunto con el Tesoro de EU coloca al país en mejor posición ante ese escrutinio riguroso.
La percepción internacional sobre México ha cambiado. Estados Unidos ya no nos ve solo como un eslabón vulnerable en la cadena regional, nos reconoce como aliado estratégico indispensable para contener flujos ilícitos que dañan a ambas naciones.
La frontera financiera importa tanto como la territorial.
Cooperar no es subordinarse, es asumir corresponsabilidad en economías y riesgos profundamente entrelazados. El lavado, el tráfico de drogas sintéticas, la trata y el financiamiento ilícito operan con estructuras transnacionales que solo caen con inteligencia compartida y acción coordinada.
Esta ruta fortalece la credibilidad del sistema financiero mexicano, reduce riesgos reputacionales, potencia investigaciones y envía un mensaje nítido al mercado, México cumple estándares internacionales y aplica la ley con seriedad.
La evaluación que enfrenta el país no será un trámite, será una prueba de resultados. Y en esa prueba, la alianza estratégica con el Departamento del Tesoro puede ser la diferencia entre un señalamiento y un reconocimiento internacional.
Hoy, seguridad nacional y estabilidad financiera son indivisibles. Trabajar como aliados no es una opción política coyuntural, es una necesidad estructural. En mi opinión profesional, es el camino correcto.
Dr. Luis David Fernández Araya
El Blindaje Financiero de México, no es Solo Diplomacia, nuestro país está cumpliendo
Imagina que la soberanía de un país ya no se defiende solo con discursos en la ONU o con tratados comerciales. En 2026, se defiende también, y sobre todo, en los balances bancarios, en las auditorías forenses y en la capacidad real de cortar el flujo de dinero sucio. Eso es lo que está pasando con México hoy.
Como alguien que ha pasado años revisando cómo funcionan (o no funcionan) los sistemas de fiscalización y las políticas contra el lavado de dinero, veo con preocupación creciente cómo el cumplimiento de estándares internacionales dejó de ser un “requisito técnico” para convertirse en un verdadero escudo de seguridad nacional.
La presión viene principalmente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Bajo la administración Trump, se ha intensificado la narrativa que vincula las redes del crimen organizado mexicano directamente con el financiamiento al terrorismo. Esta etiqueta no es solo retórica, activa herramientas muy potentes, como sanciones unilaterales de la OFAC que pueden dejar a bancos o empresas mexicanas aislados del sistema financiero global. Lo vimos en 2025 con las designaciones a instituciones como CIBanco, Intercam y Vector, un golpe que generó un “derisking” masivo en el sector y puso en alerta a todo el sistema.
La verdadera prueba, la efectividad, no el papel
México está en un momento clave con el GAFI (FATF). La última evaluación mutua grande fue en 2018, pero ahora, con México presidiendo el organismo desde 2024 hasta 2026, se acerca la quinta ronda de evaluaciones, que pone el reflector en resultados concretos, no en leyes bonitas escritas en papel.
No alcanza con tener la figura del Beneficiario Controlador en la ley o con reportar operaciones sospechosas. El GAFI quiere ver que realmente golpeamos los bolsillos del crimen, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía y los jueces trabajen coordinados y logren sentencias firmes por lavado de dinero. Si no elevamos drásticamente esa tasa de condenas, le estamos dando al Tesoro de EE.UU. los argumentos perfectos para justificar más sanciones que podrían asfixiar nuestra economía.
La ONU como nuestro mejor aliado multilateral
Frente a la tentación de medidas unilaterales desde Washington, México tiene una carta fuerte, los instrumentos de las Naciones Unidas. La Convención de Palermo (UNTOC), la UNODC y el portal SHERLOC nos dan un marco internacional legítimo para demostrar que combatimos el lavado de activos con estándares globales, no solo respondiendo a presiones bilaterales.
Cuando alineamos nuestras normas con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre congelamiento de activos terroristas, cerramos la puerta a la acusación fácil de “Estado laxo” que tanto se escucha en ciertos discursos políticos del norte. Es una forma inteligente y soberana de blindarnos.
Lo que México necesita urgentemente y donde podemos ganar, es en la relación con el Tesoro de EU . ya que será uno de los temas más delicados de política exterior en los próximos años. Pero la respuesta no es pelear de frente, sino ganar por superioridad técnica.
Desde mi experiencia en el tema, veo claro que debemos avanzar en tres frentes clave:
- Tecnología de punta, Implementar inteligencia artificial para monitorear flujos transfronterizos en tiempo real, siempre alineados con los estándares de la ONU y el GAFI. No podemos seguir dependiendo solo de revisiones manuales.
- Transparencia sin excusas, Fiscalizar con rigor a las Personas Políticamente Expuestas (PEPs). La corrupción interna es el mejor argumento que tienen en el exterior para pintar a México como un “Estado fallido”. Hay que cortarla de raíz.
- Cooperación profesional, no subordinación, Elevando el diálogo con el Departamento del Tesoro a un nivel estrictamente técnico, basado en intercambio real de inteligencia financiera, no en concesiones políticas.
En resumen, de peones a jugadores principales
El riesgo de que México caiga en la “lista gris” del GAFI (o peor, enfrente más sanciones unilaterales) está latente, sobre todo con la evaluación que se avecina y las presiones actuales por fentanilo y crimen organizado. Pero como sociedad, como experto, podemos y debemos exigir que la política financiera se trate con la seriedad de una política de Estado.
Nuestro blindaje no vendrá de notas diplomáticas ni de discursos grandilocuentes. Vendrá de auditorías impecables, fiscalizaciones que sí castigan, resultados medibles y la autoridad moral que da hablar el mismo idioma técnico que el GAFI y la ONU. En este tablero financiero global, México no puede seguir siendo un peón que reacciona. Tenemos que ser el jugador que, con inteligencia y resultados, define sus propias reglas.
Dr. Luis David Fernández Araya
Colaborador de La Crónica de Hoy, Especialista en fiscalización y prevención de lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del EDOMEX (UIPEM), sin datos, sin resultados, sin rendición de cuentas
En el combate al lavado de dinero no basta con crear estructuras administrativas. Lo verdaderamente relevante es que produzcan resultados medibles, verificables y públicos.
En el Estado de México, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), adscrita a la Secretaría de Finanzas, fue presentada como un instrumento estratégico para prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita. No obstante, entre 2023 y 2025 no se han difundido informes anuales sustantivos, tipologías locales de lavado, reportes de activos bloqueados ni indicadores claros de desempeño institucional.
La ausencia de información pública abre una interrogante legítima, ¿está funcionando la UIPEM mexiquense o simplemente cumple una función formal dentro del organigrama?
En otras entidades federativas, como Tlaxcala o Tamaulipas, el modelo estatal de inteligencia patrimonial ha mostrado avances documentados, publicaciones técnicas y resultados cuantificables. Esa diferencia importa. La transparencia no es propaganda; es legitimidad.
Nadie exige revelar investigaciones en curso ni comprometer información sensible. Lo que se demanda es rendición de cuentas agregada, metas, indicadores de desempeño, denuncias presentadas, montos asegurados, activos sujetos a extinción de dominio y coordinación efectiva con instancias federales.
El Estado de México es la entidad con mayor población del país y una de las economías más dinámicas. Precisamente por ello requiere una política antilavado robusta y evaluable. La inteligencia financiera que no se mide ni se informa pierde fuerza institucional.
Desde mi experiencia en fiscalización y control, la efectividad antilavado se acredita con tres variables básicas:1. Inteligencia financiera generada y formalmente compartida. 2. Denuncias sólidas judicializadas. 3. Activos bloqueados o recuperados con impacto económico real.
Si estos indicadores no se comunican, la política pública carece de trazabilidad democrática.
La rendición de cuentas ya no puede postergarse
Ante este escenario, resulta indispensable que la Secretaría de Finanzas comparezca públicamente ante el Congreso local para presentar un informe técnico detallado sobre el desempeño de la UIPEM en los últimos tres años.
Asimismo, sería pertinente que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México realice una auditoría de desempeño específica sobre la eficacia, metas e indicadores de la Unidad, evaluando no sólo su existencia normativa, sino su impacto real en la detección y desarticulación de flujos ilícitos.
No se trata de un ataque político. Se trata de control institucional, si la UIPEM está generando resultados, debe demostrarlos.
Si no los está generando, debe corregirse de inmediato.
La inteligencia financiera no admite zonas grises. O produce resultados o produce simulación.
Y en una entidad del tamaño e importancia del Estado de México, la simulación no es una opción.
Dr. Luis David Fernández Araya
Opinión Quadratin
Cerrar el paso al dinero del crimen, el gran reto de la seguridad nacional de Sheinbaum
La seguridad pública no se sostiene únicamente con presencia territorial ni con operativos visibles. Las organizaciones criminales no sobreviven por su capacidad de violencia, sino por su capacidad financiera. Mientras el dinero siga fluyendo, el crimen se reorganiza.
A lo largo de mi experiencia en áreas de fiscalización, control interno y finanzas públicas, he podido constatar que las estructuras criminales no dependen únicamente de grupos armados, sino de complejas redes financieras, administrativas y patrimoniales que les permiten operar con estabilidad.
Por ello, uno de los principales retos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum será reforzar la estrategia nacional de seguridad cerrando de manera efectiva los circuitos de lavado de dinero, que hoy continúan operando con altos niveles de sofisticación y, en muchos casos, con protección institucional.
México enfrenta un problema estructural de economía criminal. El lavado de dinero permite financiar actividades ilícitas, infiltrar sectores productivos, capturar autoridades locales y normalizar recursos ilegales dentro de la economía formal. Sin una política financiera firme, cualquier estrategia de seguridad queda incompleta.
La experiencia internacional demuestra que los países que han logrado debilitar al crimen organizado no lo hicieron únicamente con fuerza, sino siguiendo el rastro del dinero. Esta lógica ha sido constante en los trabajos técnicos en los que he participado: cuando se bloquean los flujos financieros, la capacidad operativa del delito se reduce de forma significativa.
En este contexto, la estrategia nacional debe fortalecerse en cuatro frentes.
El primero es una inteligencia financiera preventiva, no solo reactiva. No basta con congelar cuentas cuando el daño ya ocurrió; se requiere detección temprana, análisis patrimonial y trazabilidad desde el origen de los recursos.
El segundo es una coordinación real entre instituciones. La Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Auditoría Superior de la Federación deben operar bajo una lógica común, compartiendo información estratégica y construyendo expedientes financieros sólidos que permitan judicializaciones efectivas.
El tercero es fortalecer la fiscalización superior con enfoque de riesgo. El desvío de recursos públicos, los contratos simulados y la facturación falsa continúan siendo mecanismos de financiamiento indirecto del crimen. Desde la experiencia en auditoría gubernamental, estos esquemas siguen representando uno de los principales puntos de vulnerabilidad del Estado.
El cuarto frente es el control institucional interno. Sin sistemas sólidos de supervisión y rendición de cuentas dentro de las propias dependencias, el dinero ilícito siempre encuentra espacios para operar. La corrupción administrativa continúa siendo el principal facilitador del lavado.
La presidenta Sheinbaum tiene la oportunidad de consolidar una nueva etapa en la política de seguridad nacional: una donde el combate financiero tenga el mismo peso que el operativo.
Cerrar el lavado de dinero no es un asunto técnico menor. Es una decisión de Estado.
Porque cuando se bloquean los recursos, se debilita el poder criminal. Y sin poder financiero, la violencia pierde fuerza.
Ahí se juega hoy una parte central de la seguridad del país.
Dr. Luis David Fernández Araya
Financiar al crimen, la amenaza silenciosa que México debe erradicar
En México no solo combatimos la violencia física; también enfrentamos una guerra silenciosa y persistente que corroe las instituciones, la economía formal y el tejido social: el financiamiento de los grupos del crimen organizado. Hasta hoy, buena parte de las políticas públicas han estado orientadas a enfrentar los efectos visibles del crimen —las balas, los cuerpos, las escenas violentas, pero no hemos logrado desarticular de raíz aquello que mantiene viva a la violencia, el dinero.
Un enemigo estructural, no un fenómeno aislado
Los grupos criminales han evolucionado de manera sofisticada. Ya no operan exclusivamente como bandas de narcotráfico, se han convertido en sistemas financieros paralelos capaces de lavar recursos a través de empresas fachadas, contratos públicos simulados, extorsión digital, remesas, comercio electrónico fraudulento y plataformas de criptomonedas. El resultado es devastador, recursos que deberían alimentar la educación, la salud y la infraestructura, y que hoy financian violencia y corrupción.
Combatir los síntomas sin tocar las fuentes de financiamiento equivale a cortar las ramas sin remover la raíz. Esta ceguera estratégica ha permitido que, pese a avances en algunos indicadores de seguridad, los grupos criminales mantengan altos niveles de resiliencia y capacidad de reconfiguración.
Hacia una estrategia de impacto, atacar el dinero
La experiencia internacional es clara, los grandes éxitos en la lucha contra el crimen no provienen únicamente de acciones policiales, sino de intervenciones financieras inteligentes. Países que han aplicado estrategias de congelamiento de activos, trazabilidad de flujos, reportes automatizados de transferencia, cooperación fiscal internacional y sistemas anticorrupción robustos han logrado desarticular economías criminales que parecían invulnerables.
México requiere, con urgencia, un enfoque multifacético que incluya:
1. Fortalecimiento de la inteligencia financiera. Modernizar los mecanismos de análisis de transacciones sospechosas, integrando herramientas de big data, aprendizaje automático y análisis predictivo para identificar patrones vinculados a grupos criminales.
2. Cooperación internacional ampliada. El dinero no conoce fronteras. Es indispensable trabajar con socios estratégicos, incluido Estados Unidos, la Unión Europea y organismos multilaterales para rastrear y congelar activos, compartir información y coordinar sanciones.
3. Sanciones económicas dirigidas. Implementar un régimen sólido de sanciones que no solo bloquee cuentas y bienes, sino que desincentive la captación de recursos a través de actores legales que, consciente o inconscientemente, sirven de puente a economías ilícitas.
4. Cultura de cumplimiento y transparencia. El sector privado, especialmente micro, pequeñas y medianas empresas, debe contar con herramientas accesibles de autocontrol y denuncia segura para no convertirse en lavadoras de recursos.
El riesgo de ignorar la economía criminal
No se trata de una amenaza distante ni abstracta. El financiamiento ilícito altera mercados, debilita la competitividad, incentiva prácticas fiscales opacas y genera distorsiones que afectan a trabajadores, emprendedores y consumidores. Más aún, cuando el crimen se financia con recursos que podrían ser captados por el Estado, la capacidad del gobierno para ofrecer servicios básicos se erosiona.
Ignorar esto es permitir que los grupos criminales consoliden no solo su fuerza armada, sino su inserción en la economía formal.
Una agenda de Estado, no de gobierno
Atacar el financiamiento del crimen organizado debe ser una prioridad de Estado, sostenida más allá de los ciclos electorales y los discursos de temporada. Requiere acuerdos amplios, legislación moderna, transparencia institucional y sobre todo verdadera voluntad política.
Sí, es una batalla compleja. Pero es la batalla que marca la diferencia entre un país que maquilla indicadores de seguridad y un México que desarticula las estructuras que sostienen la violencia y la impunidad.
Porque mientras el dinero siga fluyendo, el crimen no se detendrá. Y mientras el crimen no se detenga, nuestra sociedad no podrá prosperar en paz.
Dr.Luis David Fernández Araya
Vista el Cardenal Carlos Aguiar Retes el Papa León XIV
El Cardenal Carlos @ArzobispoAguiar Retes, Arzobispo Primado de México y Mons. Francisco Javier Acero, Obispo Auxiliar de la @ArquidiocesisMx Arquidiócesis de México, sostuvieron un encuentro con el Papa León XIV @Pontifex_es en Citta del Vaticano.
Durante la audiencia, el Papa expresó su alegría por la peregrinación de la Arquidiócesis Primada de México a la Basílica de Guadalupe y expresó su deseo e interés de visitar nuestro país.
Cooperación en seguridad más allá del tema Maduro
En la relación México-Estados Unidos, hay una verdad inmutable que sobrevive a cualquier presidente, la cooperación en seguridad.
Con Donald Trump de vuelta con el tema Maduro solo hace que el ruido sea ensordecedor, tonos ásperos y amenazas en redes pero en la trinchera real, México nunca soltó la mano.
Compartimos inteligencia, reforzamos la frontera, extraditamos capos como Rafael Caro Quintero en febrero pasado junto con 28 más y otros 26 en agosto, incluyendo líderes de Los Cuinis, decomisamos cargamentos y atacamos las drogas sintéticas como el fentanilo. Todo sigue rodando.
¿Por qué? Porque los problemas son de raíz profunda, no de temporada. Cada día cruzan la frontera fentanilo letal, armas de grueso calibre, billetes sucios y redes criminales bien aceitadas. Ningún país los doma en solitario, es como tratar de apagar un incendio con un vaso de agua.
Trump sube la presión en los titulares, y México ajusta el paso, más colaboración, cero cesiones de soberanía. Política en la superficie, seguridad en las entrañas.
Hoy, igual que ayer, Washington pide números concretos, arrestos, kilos incautados, y México traza sus líneas rojas institucionales. No es pleito, es pacto con asteriscos.
El intercambio persiste porque beneficia a los dos lados, y la opción B sería un tema sin coordinación, sería un desastre compartido.
Para 2026, la proyección es clara, Trump apretará con aranceles vía T-MEC y exigirá más desmantelamientos de cárteles, pero México responderá reforzando a la Guardia Nacional y la inteligencia de la SSPC aunada a la de la UIF, demostrando resultados sin abrir la puerta a intervenciones invasivas.
Quedarnos emproblemados es simplismo; la historia real es más callada y efectiva, México coopera, pero a su modo. Y en seguridad, eso salva vidas.
Enfrentamos amenazas creíbles de intervención estadounidense en 2026, impulsadas por la retórica de Trump sobre cárteles como “terroristas” y presiones vía aranceles o tropas en la frontera. Para blindar la soberanía, el gobierno de Sheinbaum implementa ya medidas proactivas que demuestran control interno y fortalecen la cooperación bilateral sin subordinación.
Ya lo estamos haciendo, pero con la sensibilidad de Sheinbaum.
Dr. Luis David Fernández Araya
Colaborador Quadratin
Un gobierno que enfrenta al crimen con decisión y resultados
Desde el primer día de su mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado que la seguridad nacional no admite titubeos. Su gobierno ha dejado atrás la tolerancia pasiva frente al crimen y ha trazado una ruta clara, firme y valiente: enfrentar al crimen organizado con inteligencia, legalidad y fuerza del Estado.
La estrategia está dando resultados. En apenas semanas, se han realizado operativos de alto impacto en entidades como Sinaloa, Tamaulipas y el Estado de México, con saldo favorable para las fuerzas federales y sin daños colaterales a la población civil. Casi 20 presuntos criminales fueron abatidos recientemente, en un operativo legítimo donde se defendió la integridad de los elementos de la Guardia Nacional. A esto se suma el histórico decomiso de 15 millones de litros de combustible robado en Tampico, un golpe directo a las finanzas del huachicol.
La presidenta Sheinbaum ha dado un paso firme que otros gobiernos evitaron: ejercer el poder con decisión frente a quienes han pretendido desafiar al Estado. Y lo ha hecho sin recurrir a excesos ni simulaciones, sino con base en la ley, el respeto a los derechos humanos y una profunda convicción de justicia.
Además, el gobierno federal ha llevado la lucha contra el crimen a nuevos frentes. Hoy, se combate también en el terreno digital, donde se ha detectado que el crimen organizado intenta reclutar jóvenes por medio de redes sociales. Gracias a un monitoreo responsable y coordinado, ya se han bloqueado cuentas, desarticulado redes y prevenido miles de casos de captación criminal.
En el ámbito internacional, México ha reafirmado su soberanía. La presidenta Sheinbaum ha dejado claro que la colaboración con otras naciones es bienvenida, pero no bajo imposiciones. Por ello, no sorprende la reciente acción legal contra el abogado estadounidense de Ovidio Guzmán, quien ha intentado desacreditar al Estado mexicano con declaraciones inaceptables. Aquí no habrá impunidad, venga de donde venga.
Y los resultados no se discuten: los homicidios dolosos han bajado 26 % desde que inició esta nueva estrategia. La diferencia es clara: mientras antes se apostaba por la contención, hoy se ejerce el poder del Estado con decisión y sin pactos oscuros.
Con Claudia Sheinbaum, México avanza hacia un nuevo paradigma de seguridad: uno donde la paz se construye desde la justicia, la inteligencia y la firmeza. La ciudadanía merece vivir sin miedo, y este gobierno está cumpliendo esa promesa con hechos, no con palabras.
Dr. Luis David Fernández Araya
Control y cumplimiento, la prevención que México no puede seguir postergando
Con los años uno aprende que los problemas más graves del servicio público y de la vida empresarial no aparecen de golpe. No llegan con estruendo ni con titulares, pues se van formando en silencio, en pequeñas decisiones mal tomadas, en controles que se relajan, en expedientes que se dejan incompletos que se dejan para después. Cuando finalmente estallan, todos preguntan cómo fue posible no verlo venir.
Durante más de dos décadas años de trayectoria en el rubro, he tenido la oportunidad y la responsabilidad de trabajar en órganos de control, en procesos de fiscalización, en el Congreso de la Unión como Diputado y funcionario del mismo en revisiones complejas de cuentas, auditorías y revisión de fideicomisos públicos.
Desde esos espacios he visto con claridad que el lavado de dinero no prospera por genialidad criminal, sino por fallas humanas e institucionales ya que nadie quiso preguntar, nadie quiso incomodar, nadie quiso asumir el costo de prevenir.
Esa experiencia es la que me viene a la mente cada vez que se habla de las reformas a la Ley Antilavado publicadas en julio de 2025. No fueron un capricho legislativo ni una moda importada, es claro que fueron la respuesta tardía, pero necesaria, a una realidad que ya nos había alcanzado. El mensaje de fondo es sencillo, el Estado mexicano decidió dejar de tolerar la simulación en materia de prevención.
La nueva ley amplía obligaciones, endurece sanciones y coloca el foco donde siempre debió estar, en quienes toman decisiones, ya no basta con delegar el tema a un área administrativa o a un responsable de cumplimiento sin poder real.
Hoy la responsabilidad sube a los consejos, a las direcciones generales y a quienes firman contratos, autorizan operaciones y definen estructuras.
Durante años, muchas organizaciones tanto públicas como privadas, trataron la prevención del lavado de dinero como un trámite molesto, se cumplía para salir del paso, se copiaban manuales, se presentaban avisos sin análisis y se confiaba en que la autoridad nunca revisaría a fondo.
Ese tiempo terminó y la Presidenta Sheinbaum ha sido muy clara, hoy la pregunta ya no es si existe un documento, sino si el control opera en la realidad.
He visto casos en los que una sola omisión abrió la puerta a problemas enormes. Un beneficiario real nunca identificado. Una operación atípica normalizada por costumbre. Un expediente que nadie quiso revisar con detalle. Años después, cuando llega una investigación o una sanción, la reacción suele ser la misma, una sorpresa, una indignación y una simple búsqueda de culpables que casi nunca llega, pero el origen casi siempre fue la falta de prevención.
Por eso insisto en que un Plan de Prevención de Lavado de Dinero, PLD/PT, AML/CFT Anti-Money Laundering, término en inglés equivalente a PLD muy usado en documentos internacionales, así como la AV de la LFPIORPI bien construido, ya no es un lujo ni una carga innecesaria, este es una herramienta de protección institucional ojo ahí.
Protege a la organización, a sus directivos y, en muchos casos, a los propios trabajadores. Permite anticipar riesgos, documentar decisiones y demostrar que se actuó con diligencia cuando llegan las preguntas incómodas.
Prevenir también es una forma de liderazgo, implica decir “no” cuando es más fácil decir “sí”. Implica pedir información cuando otros prefieren no verla. Implica asumir que el costo de incomodar hoy es mucho menor que el de explicar mañana.
Este espacio semanal en El Heraldo de México nace con esa intención, el de hablar de control, de cumplimiento y prevención desde la experiencia, sin discursos grandilocuentes ni tecnicismos vacíos.
Hablar de lo que no siempre se quiere escuchar, pero que resulta indispensable si de verdad queremos instituciones más sólidas y una economía más limpia.
Porque al final, tanto en el sector público como en el privado, la lección es la misma, lo que no se controla a tiempo, termina por controlarnos a nosotros, y ojo, cuando eso ocurre, ya es demasiado tarde para lamentaciones.
Dr. Luis David Fernández Araya
Una visión preventiva, la labor del diputado Javier Herrera Borunda
México enfrenta un momento crucial para el futuro de la fiscalización superior. La complejidad creciente del gasto público, la expansión de los programas sociales y la exigencia ciudadana por instituciones más sólidas hacen imprescindible replantear cómo supervisamos los recursos públicos.
Con más de 30 años de experiencia en administración pública, fiscalización y control interno, así como en la prevención del uso indebido de recursos, sostengo que el país necesita un modelo fiscalizador más técnico, moderno y, sobre todo, preventivo.
En este escenario, el liderazgo del diputado Javier Herrera Borunda en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha sido clave. Su gestión ha ordenado procesos, elevado la calidad del diálogo técnico y fortalecido el seguimiento a las observaciones. Así, la fiscalización puede dejar de ser un ejercicio retrospectivo para convertirse en una herramienta que mejore la gestión pública en tiempo real.
Hacia una fiscalización que prevenga, no solo revise puesto que por décadas, la fiscalización mexicana ha operado con herramientas que solo revisan el pasado: analizamos ejercicios ya concluidos, detectamos desviaciones y promovemos responsabilidades después de que el daño ocurrió. Aunque necesario, ese modelo ya no basta.
La magnitud del gasto y la rapidez con que se ejecutan los programas exigen que la ASF pueda anticipar riesgos y evitar irregularidades antes de que se concreten. México debe avanzar hacia una fiscalización preventiva, basada en análisis de datos, monitoreo temprano y tecnologías avanzadas.
Hoy existen herramientas para identificar patrones riesgosos en contratos, detectar posibles simulaciones, comparar precios en tiempo real y alertar sobre sobrecostos antes de que se ejerzan presupuestos. La inteligencia artificial no debe usarse solo para revisar errores pasados; su verdadero valor está en prevenir daños. En ello coincido plenamente con el impulso que el diputado Herrera Borunda ha dado para que la ASF adopte modelos predictivos y análisis sofisticados.
Un liderazgo que impulsa capacidades técnicas
El diputado Herrera Borunda ha orientado la Comisión hacia la modernización de la fiscalización. Bajo su dirección, se han estandarizado criterios y metodologías de auditoría, actualizado procesos internos, exigido mayor rigor en la información solicitada, incorporado tecnologías emergentes y profesionalizado al personal auditor con énfasis en análisis avanzado.
Todo ello tiene un objetivo claro, una ASF más sólida, autónoma y equipada para enfrentar los retos actuales, una fiscalización que fortalezca al Estado, no se trata solo de revisar cuentas o señalar incumplimientos, sino de construir un sistema que fortalezca al Estado mexicano, mejore el desempeño institucional y garantice que cada peso público se use correctamente.
Esto requiere una ASF capaz, moderna y con impacto real en la gestión gubernamental.
México necesita una fiscalización con visión de futuro, que utilice tecnología para anticipar riesgos, con metodologías estandarizadas y una operación de total transparencia técnica. Basado en mi experiencia en control y la Comisión de Vigilancia, afirmo que este es el camino correcto.
México merece una fiscalización que no solo observe, sino que prevenga; que no solo registre, sino que corrija; que no solo revise, sino que proteja activamente el patrimonio nacional. Con los avances impulsados desde la Comisión que encabeza el diputado Javier Herrera Borunda, ya se dan pasos firmes para lograrlo.
Dr. Luis David Fernández Araya
La Técnica Como Eje de la Nueva Fiscalización
El proceso para elegir al próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no es sólo un cambio de nombre, es una evaluación seria sobre quién tiene la capacidad técnica, la formación y la experiencia para corregir una década marcada por inconsistencias metodológicas, debilidad en el seguimiento y una preocupante falta de rigor en la integración de expedientes. México necesita a alguien que conozca la fiscalización no desde la teoría, sino desde la práctica, desde la operación y desde los sistemas que la sustentan.
Durante más de treinta años he trabajado precisamente en ese terreno. Mi trayectoria no se ha construido en declaraciones, sino en auditorías, denuncias, procesos de revisión y metodologías estandarizadas. Como economista, doctor en finanzas y académico, he dedicado buena parte de mi vida profesional al análisis de sistemas de control interno, modelos de evaluación de riesgos, procedimientos sancionatorios y estructuras de auditoría. Sé cómo debe funcionar la fiscalización porque la he ejercido, la he estudiado y la he defendido.
Desde mi paso por la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados tuve claridad de algo que hoy resulta innegable, sin técnica sólida, la fiscalización se convierte en una simulación.
Lo confirmé también desde la Subsecretaría de la Contraloría del Estado de México y desde la secretaría de hacienda y crédito público, donde enfrenté procesos de seguimiento, integración de expedientes, control presupuestal, verificación de obras, adquisiciones y evaluaciones de desempeño.
Mi participación como miembro de la Comisión Presidencial para la Revisión y Auditoría de los Fideicomisos Públicos Extintos por Decreto en 2020, entre 2020 y 2023, reafirmó la misma conclusión, cuando se aplican metodologías técnicas robustas, con evidencia documentada, análisis financiero, trazabilidad de operaciones y estándares internacionales de control, los resultados cambian. La diferencia entre detectar y corregir está en la técnica, no en la retórica.
Y eso es justamente lo que hoy necesita la ASF, la institución requiere un liderazgo que domine los marcos normativos, desde la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas hasta las directrices del SNA, INTOSAI, COSO, ISO 37001 y los modelos de cumplimiento PLD/FT, y que sepa traducirlos en procedimientos homogéneos, replicables y blindados contra la discrecionalidad.
Alguien capaz de elevar el estándar técnico de las auditorías, fortalecer el análisis financiero forense, robustecer el seguimiento y construir expedientes que resistan cualquier revisión de legalidad.
México ya vivió los efectos de una auditoría sin profundidad, con observaciones que no se convierten en recuperaciones, denuncias que no avanzan y revisiones que se quedan en papel, no podemos repetir esa historia.
El país necesita una ASF dirigida por un perfil con solvencia técnica probada, con dominio metodológico, con experiencia real en auditoría, control y sanción. La fiscalización del siglo XXI exige análisis cuantitativo, inteligencia financiera, trazabilidad digital, seguimiento riguroso y capacidad pericial.
Ese es el tipo de liderazgo que permitirá cerrar las grietas que durante años permitieron la impunidad administrativa y el abuso presupuestal.
Mi convicción es simple, la fiscalización sólo funciona cuando es técnicamente impecable. Y esa es la visión que estoy dispuesto a llevar a la Auditoría Superior de la Federación.
México no necesita discursos, necesita técnica, necesita rigor y resultados.
Dr. Luis David Fernández Araya
Una ruta democrática eficiente para el 2027
La política mexicana vive una etapa decisiva en la consolidación de sus mecanismos de participación ciudadana. En este contexto, la iniciativa del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar para adelantar la consulta de revocación de mandato al año 2027 no debe verse como una maniobra coyuntural, sino como una apuesta por la madurez institucional del país y por la coherencia entre democracia representativa y democracia participativa.
Lejos de la lectura simplista que algunos medios han querido imponer , esa idea errónea de que se trata de “poner a Sheinbaum en la boleta”—, la propuesta de Ramírez Cuéllar busca armonizar calendarios electorales, reducir costos públicos y fortalecer la legitimidad presidencial a mitad del sexenio, un momento clave en el que la ciudadanía puede refrendar o reconsiderar el rumbo nacional.
La democracia debe tener continuidad y evaluación, por lo que el planteamiento de empatar la revocación de mandato con las elecciones intermedias no es nuevo en el debate académico ni en la experiencia comparada.
En diversos países se ha demostrado que la participación ciudadana se potencia cuando los ejercicios de evaluación coinciden con procesos electorales ordinarios. Esto permite un ahorro sustancial de recursos públicos, tema que Ramírez Cuéllar conoce con profundidad desde su trayectoria como economista, y reduce la fatiga cívica derivada de convocatorias aisladas.
Más allá de la logística electoral, la propuesta encierra una visión de gobernabilidad democrática. La Presidenta Claudia Sheinbaum, quien goza de amplio respaldo social, podría someterse voluntariamente a ese ejercicio de refrendo popular sin esperar a los plazos de 2028. Lejos de debilitarla, ello consolidaría su legitimidad y demostraría que en México el poder se ejerce con apertura al escrutinio ciudadano.
La diferencia de fondo la vemos entre la audacia vs. la cautela, en la misma bancada de Morena han surgido matices. El diputado Ricardo Monreal, con su acostumbrada prudencia procesal, ha pedido “más tiempo para el análisis” y evitar lo que llama un “albazo legislativo”. Esa reserva es legítima, pero también revela la distancia entre quienes entienden la política como gestión de equilibrios y quienes, como Ramírez Cuéllar, la entienden como impulso transformador.
El ex presidente de la Comisión de Presupuesto y uno de los diputados con mayor conocimiento técnico de la hacienda pública, ha sido coherente, su iniciativa no busca alterar el mandato de nadie, sino dotar de mayor eficiencia y transparencia al ejercicio democrático. México necesita más decisiones de fondo y menos temor al debate.
El mensaje político y el precedente histórico demuestra que la revocación de mandato, lejos de ser un instrumento de desestabilización, puede convertirse en el mejor termómetro de legitimidad presidencial. Ramírez Cuéllar ha entendido que un gobierno fuerte no se mide por evitar la rendición de cuentas, sino por buscarla. Su propuesta, por tanto, es una invitación a institucionalizar la evaluación ciudadana como parte del ciclo normal de gobierno.
Si esta reforma prospera, el país podría alcanzar en 2027 un nuevo estándar de participación, una ciudadanía activa, una presidenta con voluntad de refrendo y un Congreso que da cauce al derecho a opinar sobre el rumbo nacional. En términos democráticos, no hay gesto más poderoso.
Concluyo, Mientras algunos prefieren aplazar la discusión, Alfonso Ramírez Cuéllar abre un horizonte que combina racionalidad fiscal, madurez política y respeto pleno a la soberanía popular. Su propuesta no busca favorecer a una persona, sino fortalecer un principio, que en la democracia, quien gobierna no teme ser evaluado.
En tiempos donde la confianza pública exige acciones audaces, el país necesita más legisladores con visión de Estado y menos guardianes del inmovilismo.
Porque las transformaciones verdaderas no esperan la comodidad del calendario, se construyen con el valor de adelantarse a la historia.
Dr. Luis David Fernández Araya
