En el combate al lavado de dinero no basta con crear estructuras administrativas. Lo verdaderamente relevante es que produzcan resultados medibles, verificables y públicos.

En el Estado de México, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), adscrita a la Secretaría de Finanzas, fue presentada como un instrumento estratégico para prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita. No obstante, entre 2023 y 2025 no se han difundido informes anuales sustantivos, tipologías locales de lavado, reportes de activos bloqueados ni indicadores claros de desempeño institucional.

La ausencia de información pública abre una interrogante legítima, ¿está funcionando la UIPEM mexiquense o simplemente cumple una función formal dentro del organigrama?

En otras entidades federativas, como Tlaxcala o Tamaulipas, el modelo estatal de inteligencia patrimonial ha mostrado avances documentados, publicaciones técnicas y resultados cuantificables. Esa diferencia importa. La transparencia no es propaganda; es legitimidad.

Nadie exige revelar investigaciones en curso ni comprometer información sensible. Lo que se demanda es rendición de cuentas agregada, metas, indicadores de desempeño, denuncias presentadas, montos asegurados, activos sujetos a extinción de dominio y coordinación efectiva con instancias federales.

El Estado de México es la entidad con mayor población del país y una de las economías más dinámicas. Precisamente por ello requiere una política antilavado robusta y evaluable. La inteligencia financiera que no se mide ni se informa pierde fuerza institucional.

Desde mi experiencia en fiscalización y control, la efectividad antilavado se acredita con tres variables básicas:1. Inteligencia financiera generada y formalmente compartida. 2. Denuncias sólidas judicializadas. 3. Activos bloqueados o recuperados con impacto económico real.

Si estos indicadores no se comunican, la política pública carece de trazabilidad democrática.

La rendición de cuentas ya no puede postergarse

Ante este escenario, resulta indispensable que la Secretaría de Finanzas comparezca públicamente ante el Congreso local para presentar un informe técnico detallado sobre el desempeño de la UIPEM en los últimos tres años.

Asimismo, sería pertinente que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México realice una auditoría de desempeño específica sobre la eficacia, metas e indicadores de la Unidad, evaluando no sólo su existencia normativa, sino su impacto real en la detección y desarticulación de flujos ilícitos.

No se trata de un ataque político. Se trata de control institucional, si la UIPEM está generando resultados, debe demostrarlos.
Si no los está generando, debe corregirse de inmediato.
La inteligencia financiera no admite zonas grises. O produce resultados o produce simulación.

Y en una entidad del tamaño e importancia del Estado de México, la simulación no es una opción.

Dr. Luis David Fernández Araya
Opinión Quadratin