Con los años uno aprende que los problemas más graves del servicio público y de la vida empresarial no aparecen de golpe. No llegan con estruendo ni con titulares, pues se van formando en silencio, en pequeñas decisiones mal tomadas, en controles que se relajan, en expedientes que se dejan incompletos que se dejan para después. Cuando finalmente estallan, todos preguntan cómo fue posible no verlo venir.

Durante más de dos décadas años de trayectoria en el rubro, he tenido la oportunidad y la responsabilidad de trabajar en órganos de control, en procesos de fiscalización, en el Congreso de la Unión como Diputado y funcionario del mismo en revisiones complejas de cuentas, auditorías y revisión de fideicomisos públicos. 

Desde esos espacios he visto con claridad que el lavado de dinero no prospera por genialidad criminal, sino por fallas humanas e institucionales ya que nadie quiso preguntar, nadie quiso incomodar, nadie quiso asumir el costo de prevenir.

Esa experiencia es la que me viene a la mente cada vez que se habla de las reformas a la Ley Antilavado publicadas en julio de 2025. No fueron un capricho legislativo ni una moda importada, es claro que fueron la respuesta tardía, pero necesaria, a una realidad que ya nos había alcanzado. El mensaje de fondo es sencillo, el Estado mexicano decidió dejar de tolerar la simulación en materia de prevención.

La nueva ley amplía obligaciones, endurece sanciones y coloca el foco donde siempre debió estar, en quienes toman decisiones, ya no basta con delegar el tema a un área administrativa o a un responsable de cumplimiento sin poder real. 

Hoy la responsabilidad sube a los consejos, a las direcciones generales y a quienes firman contratos, autorizan operaciones y definen estructuras.

Durante años, muchas organizaciones tanto públicas como privadas, trataron la prevención del lavado de dinero como un trámite molesto, se cumplía para salir del paso, se copiaban manuales, se presentaban avisos sin análisis y se confiaba en que la autoridad nunca revisaría a fondo. 

Ese tiempo terminó y la Presidenta Sheinbaum ha sido muy clara, hoy la pregunta ya no es si existe un documento, sino si el control opera en la realidad.

He visto casos en los que una sola omisión abrió la puerta a problemas enormes. Un beneficiario real nunca identificado. Una operación atípica normalizada por costumbre. Un expediente que nadie quiso revisar con detalle. Años después, cuando llega una investigación o una sanción, la reacción suele ser la misma, una sorpresa, una indignación y una simple búsqueda de culpables que casi nunca llega, pero el origen casi siempre fue la falta de prevención.

Por eso insisto en que un Plan de Prevención de Lavado de Dinero, PLD/PT, AML/CFT Anti-Money Laundering, término en inglés equivalente a PLD muy usado en documentos internacionales, así como la AV de la LFPIORPI bien construido, ya no es un lujo ni una carga innecesaria, este es una herramienta de protección institucional ojo ahí. 

Protege a la organización, a sus directivos y, en muchos casos, a los propios trabajadores. Permite anticipar riesgos, documentar decisiones y demostrar que se actuó con diligencia cuando llegan las preguntas incómodas.

Prevenir también es una forma de liderazgo, implica decir “no” cuando es más fácil decir “sí”. Implica pedir información cuando otros prefieren no verla. Implica asumir que el costo de incomodar hoy es mucho menor que el de explicar mañana.

Este espacio semanal en El Heraldo de México nace con esa intención, el de hablar de control, de cumplimiento y prevención desde la experiencia, sin discursos grandilocuentes ni tecnicismos vacíos. 

Hablar de lo que no siempre se quiere escuchar, pero que resulta indispensable si de verdad queremos instituciones más sólidas y una economía más limpia.

Porque al final, tanto en el sector público como en el privado, la lección es la misma, lo que no se controla a tiempo, termina por controlarnos a nosotros, y ojo, cuando eso ocurre, ya es demasiado tarde para lamentaciones.

Dr. Luis David Fernández Araya