*Dr. Luis David Fernández Araya

Son incontables los esfuerzos que científicos sociales e instituciones públicas, privadas, organismos sociales y académicos han realizado para tratar de entender y explicar las causas que dan origen a la corrupción como un mal de las sociedades modernas. Hoy contamos con un andamiaje institucional y legal como esfuerzos para mitigarla; sin embargo, no existen explicaciones lineales para este fenómeno. Así se debe de discutir. La corrupción como mal público o privado, de cualquier manera tiene impactos negativos en todas las dimensiones que toca, ya sea vista como fenómeno social o económico. Para el mercado, para la economía la corrupción ha sido discutida como una externalidad que altera mercados, el cual afecta relaciones institucionales y objetivos.

Como lo ha señalado el académico, Dr. José Juan Sánchez González en su obra “La corrupción administrativa en México” partimos de que pocas organizaciones confiesan ser corruptas o tener entre sus filas a empleados públicos que tienen sus manos sucias, incluso cuando saben claramente que no todos sus empleados son inocentes y que, de hecho, el robo es algo que puede darse entre ellos.

Para el mismo académico las causas específicas que ayudan a explicar la problemática se encuentran los salarios públicos de bajo nivel; ausencia, debilidad o escasa probabilidad de sanciones; pocos mecanismos de crecimiento laboral; sobrerregulación administrativa o ineficiencia de la gestión; gran magnitud económica de las consecuencias de la decisión pública por tomar; doble lealtad del agente público (al público y a la organización); falta de competitividad o inexistencia de un mercado abierto (los espacios están destinados con antelación, son decididos por otras razones y no por condiciones de competencia), y defectos de la organización burocrática (diseño institucional disfuncional, duplicidad de tareas).

Algunos de los efectos perversos que hemos presenciado de los actos de corrupción podemos mencionar:

-Reducción de la productividad.
-Aumenta el gasto público ineficiente.
-Reduce calidad de las infraestructuras existentes.
-Disminuye ingresos del gobierno, favorece la aparición de mercados negros (efectos fiscales).
-Actúa como impuesto arbitrario que desincentiva la inversión productiva.
-Distorsiona los incentivos.
-Reduce la capacidad del gobierno.
-Reduce la inversión y la tasa de crecimiento.
-Reduce gastos prioritarios (sociales) aumentando los costos de oportunidad.
-Reduce la Inversión Extranjera Directa (la corrupción opera en la realidad como un impuesto a las empresas).
-Incrementa la desigualdad de ingreso, aumenta los índices de pobreza.

Con algunos de estos antecedentes se recibe con buenos ojos la propuesta de la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción que viene a sumarse a la propuesta hecha por el Ejecutivo Federal, que deberá de convocar, primero, a los partidos políticos para discutir los planteamientos legislativos que se hagan, teniendo como antecedente al Pacto por México, donde los diferentes actores mostraron su voluntad y dieron apoyo al Presidente de México al discutir y respaldar las diversas propuestas contenidas en ese documento.

*El Autor es Economista Doctorado en Finanzas, Profesor Investigador de Varias Instituciones Públicas, Privadas y es Funcionario Público.

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