A pesar de que la simulación de operaciones está considerada como delincuencia organizada (69B del CFF), la reciente reforma a la Ley Antilavado llegó pero no ha sido suficiente, la nuevas actividades vulnerables, el mayor control al beneficiario controlador, la presión desde Washington para que México se alinee con los estándares del GAFI pues suenan bien en los comunicados oficiales, pero mientras la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT se enredan en discursos y requisitos burocráticos, los factureros siguen facturando, y siguen vivitos y coleando.
El problema no es la ley, es la simulación. Y la simulación no se combate con más papelitos ni con capacitaciones obligatorias para empresarios formales. Se combate con inteligencia financiera real, con cruce de datos en tiempo real y con operativos que desmantelen las fábricas de facturas falsas. Pero eso exige eficiencia, y la eficiencia no es precisamente el fuerte de nuestras autoridades fiscales y financieras.
En Estados Unidos, el Tesoro ya puso el dedo en la llaga: las empresas fantasma y la falta de transparencia en la propiedad beneficiaria son el talón de Aquiles del sistema. Allá las señales de alerta están claras: transacciones sin sentido económico, clientes que se esconden detrás de capas societarias, cambios bruscos en los patrones de operación. ¿Y aquí? Aquí seguimos atrapados en el juego del gato y el ratón, donde el gato parece tener los ojos vendados.
Los factureros no son genios del crimen. Son oportunistas que encontraron un negocio redondo porque saben que la probabilidad de ser detectados y sancionados es baja. Emiten facturas por servicios que nunca se prestaron, por productos que jamás existieron. Y al otro lado, hay empresas que compran esas facturas para reducir su carga fiscal o, en el peor de los casos, para darle baño de legalidad a dinero sucio. Es una cadena que la autoridad conoce perfectamente. Pero conocer no es actuar.
La UIF tiene atribuciones para congelar cuentas, para solicitar información bancaria, para seguir la pista del dinero. El SAT tiene el sistema de facturación electrónica más avanzado de América Latina, con millones de datos que podrían cruzarse en segundos para detectar inconsistencias. ¿Entonces por qué los factureros siguen vivos? Porque la voluntad política para perseguirlos no ha llegado. Porque es más fácil perseguir al pequeño contribuyente que no declara sus ingresos que desmontar una red de simulación que mueve millones.
La reforma amplía el catálogo de actividades vulnerables: bienes raíces, vehículos, joyas, activos virtuales. Pero los factureros operan en todas ellas. Un facturero no discrimina. Si hay demanda, hay oferta. Y la demanda existe porque el sistema lo permite. Porque mientras no haya sanciones ejemplares, mientras no haya nombres y apellidos en la lista negra, mientras no se publiquen los casos exitosos de desmantelamiento de estas redes, el mensaje que se envía es claro: la simulación es un riesgo calculado, y el cálculo favorece al simulador.
La presión de Washington es real. Se han señalado a instituciones financieras mexicanas como focos de preocupación. Se han designado cárteles como organizaciones terroristas, bloqueando su acceso al sistema financiero estadounidense. México no puede quedarse en el discurso. Necesita mostrar resultados. Y los resultados no se miden en leyes reformadas, se miden en factureros tras las rejas y en empresas que piensen dos veces antes de comprar una factura falsa.
No se trata de perseguir al empresario formal que ya cumple con sus obligaciones. Se trata de ir por los que simulan. Por los que convierten el cumplimiento fiscal en una farsa. Por los que utilizan la facturación electrónica como herramienta de fraude. La autoridad tiene los datos, tiene las herramientas, tiene el marco legal. Lo que le falta es eficiencia. Y mientras esa eficiencia no llegue, los factureros seguirán vivos. Y con ellos, la simulación seguirá siendo el gran negocio invisible de la economía mexicana.
Seguiremos desde el Gobierno luchando contra este gran lastre.
Dr. Luis David Fernández Araya
Funcionario Público Especialista en Fiscalización y Prevención de Lavado de Dinero
Columnas de Economía, Finanzas y Fiscalización Superior 