Ayer miércoles, el día quedó marcado por una declaración que, lejos de ser una frase al aire, se ha convertido en un parteaguas en la política de justicia y seguridad nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo sin titubeos: “quien roba el agua es delincuente”. Y tenía razón. Porque robar el agua no es solo un acto de ilegalidad: es un crimen contra el pueblo, contra la vida misma y contra el futuro de la nación.

Durante décadas, en México se toleró lo intolerable. En silencio, a la sombra de la impunidad, crecieron verdaderas mafias que hicieron del agua un negocio privado. Empresarios voraces, caciques regionales y políticos corruptos aprovecharon su poder para desviar ríos, perforar pozos clandestinos y acaparar volúmenes enteros destinados a comunidades. Y lo hicieron sin pudor, sabiendo que los gobiernos de antes, más preocupados por proteger privilegios que por defender derechos, les ofrecían complicidad o, en el mejor de los casos, una ceguera calculada.

El resultado está a la vista: colonias enteras que sobreviven con pipas, campesinos que ven marchitar sus cosechas y millones de familias condenadas a abrir la llave y encontrar solo aire. El robo de agua ha sido un saqueo silencioso, una forma de delincuencia de cuello blanco que golpea con la misma fuerza que el narcotráfico o el contrabando.

La afirmación de la presidenta no es un simple señalamiento retórico. Es la puesta en marcha de una nueva política de justicia social: el agua se defiende con la fuerza del Estado. Y esto significa que ya no habrá tolerancia a quienes pretendan enriquecerse a costa de un bien que pertenece a todos. Si antes se pensaba que robar agua era una “falta administrativa”, hoy se coloca en la misma categoría que otros crímenes graves, porque atenta contra el derecho humano más básico: el acceso al líquido vital.

La Cuarta Transformación ha insistido en que la seguridad no solo se mide en balas o patrullajes, sino en justicia y dignidad para el pueblo. Poner freno al robo de agua es garantizar salud pública, producción agrícola, industria responsable y, sobre todo, equidad. Porque cuando un empresario roba miles de litros para su rancho o para su planta, le está robando a la madre que no puede bañar a su hijo, al agricultor que pierde su cosecha y al estudiante que no tiene agua para beber en su escuela.

Lo que antes se escondía bajo alfombras de corrupción y arreglos políticos, hoy se dice con todas sus letras: el acaparamiento del agua es delito, y los responsables serán tratados como delincuentes.

Este mensaje, además, es un llamado a la conciencia nacional. Quienes todavía sueñan con perpetuar privilegios sobre la tierra y los recursos deben entender que los tiempos cambiaron. El agua no es un botín ni un favor: es un derecho, y el Estado tiene la obligación de garantizarlo.

El combate al robo de agua no será sencillo. Implicará enfrentar a intereses poderosos, desmontar redes de complicidad y tocar fibras sensibles de grupos que siempre se creyeron intocables. Pero si algo ha demostrado este gobierno es que no rehúye a las batallas difíciles. Al contrario, las enfrenta con decisión, sabiendo que del otro lado no están solo los números, sino la vida de millones de mexicanas y mexicanos.

La presidenta ha encendido una bandera clara: en México, la justicia también se mide en litros de agua. Y quien robe al pueblo, quien acapare lo que es de todos, será señalado por lo que es: un delincuente.

Porque en el México de la transformación, el agua vuelve a tener dueño, y ese dueño no es una élite rapaz, sino el pueblo entero.

Dr.Luis David Fernández Araya
Economista