La presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje contundente que rebasa lo coyuntural y toca los cimientos mismos del orden jurídico nacional: México no permitirá disposiciones que apliquen la ley de forma retroactiva, pues ello sería contrario al artículo 14 constitucional. Esta afirmación, en apariencia técnica, es en realidad una reafirmación de la esencia del Estado de Derecho.

Como un principio constitucional irrenunciable, El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera tajante que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Esta disposición no es una cláusula decorativa: constituye una de las garantías fundamentales que protege a las y los ciudadanos frente a la posibilidad de que, con nuevas normas, se alteren situaciones jurídicas ya consolidadas.

La no retroactividad, en palabras llanas, significa que las reglas del juego no pueden cambiarse de manera unilateral una vez iniciada la partida. Si se hiciera lo contrario, se abriría un vacío de incertidumbre en el que cualquier contrato, inversión o derecho adquirido podría ser alterado de la noche a la mañana, debilitando la confianza en las instituciones.

La voz del Ejecutivo: certeza frente a la coyuntura

La presidenta Sheinbaum, de certeza jurídica frente a esta coyuntura, respaldada por su equipo jurídico ya que el gobierno reiteró que ninguna transformación verdadera puede estar por encima de la legalidad. 

El compromiso de esta administración es impulsar cambios profundos, pero siempre dentro del marco constitucional, sin violentar derechos adquiridos ni poner en riesgo la estabilidad social y económica del país.

Este posicionamiento tiene un eco doble, hacia dentro, representa tranquilidad para millones de mexicanos que saben que sus derechos y obligaciones no serán trastocados de manera arbitraria; y hacia afuera, envía un mensaje de confianza a los inversionistas, organismos internacionales y socios comerciales, que ven en México un país donde las reglas son firmes y respetadas.

La prohibición de la retroactividad se ha convertido, desde la Constitución de 1917, en una de las principales salvaguardas frente al autoritarismo y a los vaivenes políticos, ya que su origen se remonta al reconocimiento de que los excesos de poder suelen darse cuando se aplican leyes nuevas para sancionar hechos pasados. 

Al blindar a la ciudadanía contra ese riesgo, la Constitución garantiza que la justicia se aplique hacia adelante y no se convierta en instrumento de persecución, pues en este sentido, el pronunciamiento presidencial es también un recordatorio de que los derechos conquistados por el pueblo mexicano —ya sean laborales, sociales, patrimoniales o civiles— no podrán ser desconocidos bajo ninguna reforma improvisada o de coyuntura.

La Cuarta Transformación, en su segunda etapa, tiene como meta la consolidación de un Estado democrático de derecho. Por ello, esta definición sobre la retroactividad se convierte en un punto de partida: las transformaciones sociales, económicas y jurídicas que México vive no se harán a costa de vulnerar la Constitución, sino en plena sintonía con ella.

Sheinbaum deja claro el cambio profundo que impulsa su gobierno no busca atajos ni excepciones a la ley, sino cimentarse en el respeto absoluto a la legalidad. Esta postura fortalece la gobernabilidad, da estabilidad a las reformas y, sobre todo, genera certidumbre en una sociedad que exige reglas claras.

En medio de un clima de polarización, el mensaje de la presidenta adquiere un valor simbólico adicional. Defender la no retroactividad no es sólo defender un principio legal; es también proteger la confianza ciudadana en que el Estado no actuará con arbitrariedad ni cambiará las condiciones del pasado para favorecer intereses inmediatos.

El oficialismo encuentra aquí un motivo de orgullo, pues México se muestra como un país que, en vez de vulnerar derechos en nombre de la transformación, los consolida en beneficio de todos. Así, el gobierno reafirma que su ruta de cambio será con apego a la ley, con transparencia y con respeto a la Constitución que nos rige a todos por igual.

Dr. Luis David Fernández Araya