En las últimas semanas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha reforzado sus mecanismos para combatir la simulación de ingresos corporativos. Herramientas como el Impuesto Mínimo del 15% (CAMT) y las regulaciones contra el «earnings stripping» (Sección 385) han demostrado que es posible poner un piso a la elusión fiscal sin afectar la competitividad. La pregunta obligada es: ¿qué puede aprender México de esta experiencia?

Durante años, nuestro país ha enfrentado un problema estructural: grandes corporaciones reportan utilidades fiscales mínimas ante el SAT mientras declaran ganancias millonarias a sus accionistas. Este fenómeno, alimentado por factureras y esquemas de deuda interna entre partes relacionadas, le cuesta al erario miles de millones de pesos anuales. La Alianza por la Justicia Fiscal lo ha documentado, México mantiene una presión tributaria de solo 15.1% del PIB, la más baja de la OCDE.

Desde mi experiencia en diferentes espacios que he ocupado y ocupo desde el gobierno, he tenido la oportunidad de constatar cómo la simulación fiscal no es solo una violación administrativa, sino un problema de seguridad nacional. 

Las mismas estructuras que permiten evadir impuestos son las que, en muchos casos, canalizan recursos hacia economías ilícitas. Por ello, el combate a la simulación de ingresos debe entenderse como parte de la estrategia de seguridad financiera del Estado.

En la Cámara de Diputados, participé en análisis legislativos orientados a cerrar espacios a la elusión. En la Contraloría estatal, encabezamos más de 21 mil acciones de control y evaluación, con más de 3 mil sanciones, utilizando herramientas digitales y auditorías integrales. Esa experiencia me enseñó que la fiscalización efectiva requiere dos cosas, inteligencia institucional y voluntad política para perseguir el dinero, no solo los síntomas.

México ya cuenta con instrumentos para dar un salto cualitativo. La Ley de Ingresos 2026 incorpora avances como el procedimiento sumario del Artículo 49 Bis del CFF, que permite al SAT suspender facturación en casos de simulación con solo cinco días para la defensa del contribuyente. También establece un programa de regularización con reducciones de multas y recargos. Sin embargo, hace falta un piso mínimo de tributación para grandes corporaciones que, como en EE.UU., garantice que todas paguen al menos una tasa base, sin importar los artificios contables.

Una propuesta concreta sería establecer un impuesto mínimo del 12% (frente al ISR general del 30%) sobre utilidades contables ajustadas, para empresas con ingresos superiores a 5,000 millones de pesos anuales. Adicionalmente, se requiere endurecer el Artículo 32 de la LISR para limitar la deducción de intereses entre partes relacionadas, con una relación máxima deuda-capital de 3 a 1, evitando que la deuda artificial se utilice como mecanismo de simulación.

No se trata de sobreregular, sino de homologar criterios con las mejores prácticas internacionales. El Tesoro de EE.UU. lo ha entendido, la integridad del sistema financiero depende de la robustez de los controles, no solo de la rentabilidad declarada. En este sentido, las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) de 2025 nos han colocado en una ruta correcta, al ampliar las actividades vulnerables y reforzar la debida diligencia.

El desafío ahora es complementar esa arquitectura con mecanismos antielusión que pongan un freno definitivo a la simulación de ingresos. Los recursos que hoy se pierden por estas prácticas no son cifras abstractas: son escuelas no construidas, hospitales sin equipamiento y seguridad que no se fortalece. La batalla por la recaudación justa es, en el fondo, una batalla por la equidad y el desarrollo.

México tiene instituciones sólidas, técnicos capacitados y un marco normativo en evolución. Lo que hace falta es dar el siguiente paso: adoptar un impuesto mínimo corporativo y blindar las reglas de deducción de intereses. Si el Tesoro de EE.UU. ha podido hacerlo sin afectar la inversión, ¿por qué nosotros no?

El momento es ahora. La simulación de ingresos no es un problema técnico menor; es un obstáculo para la justicia fiscal y un riesgo para la seguridad nacional. Sigamos el dinero.

Dr. Luis David Fernández Araya

Colaborador El Heraldo de México