Mi columna de Opinión en La Agencia de Noticias Quadratin

En el contexto actual del sistema financiero nacional e internacional, la evaluación de la solidez de una empresa ha trascendido los indicadores tradicionales de rentabilidad, expansión y posicionamiento de mercado. Cada vez con mayor preponderancia, se valora la robustez de su marco de control interno, particularmente en lo relativo a la prevención y mitigación de riesgos asociados al lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

Esta evolución representa un cambio paradigmático en los criterios de valoración que aplican las instituciones financieras, los reguladores y las unidades de inteligencia financiera. La integridad y la permanencia de una entidad en el ecosistema financiero dependen, en medida significativa, de su capacidad demostrable para prevenir la utilización indebida de sus canales y operaciones, un imperativo que se ha intensificado con las reformas publicadas el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

La carencia de controles adecuados, documentados y operativamente efectivos en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) configura una vulnerabilidad crítica que trasciende el ámbito operativo y compromete la continuidad institucional, la reputación corporativa y la salvaguarda del patrimonio de accionistas e inversionistas. Las reformas de 2025 agravan esta exposición al endurecer el marco normativo, ampliando el catálogo de actividades vulnerables redefiniendo conceptos clave como beneficiario controlador (con umbrales de control bajados al 25% en algunos supuestos) y personas políticamente expuestas (PEP), e imponiendo obligaciones más estrictas de identificación, debida diligencia reforzada y monitoreo continuo.

El sistema financiero global se rige por el principio rector de la gestión integral del riesgo. Las entidades bancarias y demás participantes regulados están obligados a identificar, evaluar y mitigar cualquier exposición que pueda comprometer la integridad del sistema. En consecuencia, las empresas que no cuentan con mecanismos estructurados de identificación de riesgos, debida diligencia del cliente (KYC), monitoreo continuo de operaciones y gobernanza interna adecuada son catalogadas como de alto riesgo, aun cuando no se haya constatado conducta ilícita alguna. Las reformas de 2025 refuerzan este enfoque basado en riesgo —alineado con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al promover mayor cooperación interinstitucional entre la SHCP, la FGR, la SSPC y la Guardia Nacional al endurecer sanciones administrativas y penales, incluyendo revocación de permisos y penalización a prestanombres o estructuras opacas.

Este criterio resulta determinante, el riesgo se pondera primordialmente por el nivel de vulnerabilidad inherente, más que por la materialización de hechos delictivos. Las instituciones financieras, obligadas a cumplir con estándares internacionales y con las nuevas exigencias de la LFPIORPI reformada, adoptan medidas preventivas proporcionales, lo que frecuentemente se traduce en restricciones operativas severas: terminación de relaciones bancarias de risking, bloqueo o congelamiento de cuentas, denegación de nuevos créditos o limitación en el acceso a servicios financieros esenciales.

En este nuevo marco, la prevención del lavado de activos ha dejado de constituir una obligación meramente cumplimentaria para erigirse en un pilar estratégico de la gobernanza corporativa y de la gestión de riesgos. 

Forma parte integral de la arquitectura financiera que sustenta la resiliencia operativa y la credibilidad institucional, especialmente ante un escrutinio regulatorio intensificado por las presiones externas derivadas de la cooperación bilateral.

Las entidades de mayor tamaño, volumen de transacciones o interacción con el sistema financiero enfrentan un escrutinio proporcionalmente mayor. Su exposición al riesgo reputacional y regulatorio es directamente proporcional a su relevancia económica, y las deficiencias en PLD ahora más visibles bajo las reformas de 2025 pueden derivar en consecuencias inmediatas y desproporcionadas.

De mi experiencia en fiscalización superior, control interno institucional y evaluación de riesgos financieros, se desprende una conclusión inequívoca, las organizaciones que implementan sistemas robustos de PLD, adaptados a las nuevas obligaciones de 2025, no solo satisfacen requisitos normativos, sino que fortalecen su posición competitiva, preservan el acceso ininterrumpido a fuentes de financiamiento y protegen su continuidad operativa frente a entornos de creciente complejidad regulatoria.

La prevención no debe concebirse como una estrategia de preservación de valor y estabilidad institucional. En el entorno contemporáneo, la confianza del sistema financiero no se presume, se construye mediante controles verificables, estructuras de gobernanza sólidas y una gestión proactiva del riesgo, todo ello exigido con mayor rigor tras las reformas de julio de 2025.

Las empresas que internalizan esta realidad consolidan su resiliencia. Aquellas que la subestiman se exponen a una vulnerabilidad latente capaz de materializarse en interrupciones abruptas de su operación, sin previo aviso ni proporcionalidad con su historial de cumplimiento.

En el orden financiero actual, la verdadera solidez de una organización no radica exclusivamente en su capacidad para generar valor económico, sino en su aptitud para protegerlo de manera sistemática y demostrable. La prevención efectiva del lavado de dinero, fortalecida por las reformas de 2025 a la LFPIORPI, constituye en última instancia un imperativo estratégico para la sostenibilidad corporativa.

Dr. Luis David Fernández Araya

Especialista en Fiscalización y Prevención de Lavado de Dinero

México ante la renovación histórica de su Auditoría Superior

México vive un momento decisivo para el fortalecimiento institucional. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no es solo un órgano técnico de revisión del gasto público: es uno de los pilares esenciales de la credibilidad del Estado.

En las democracias contemporáneas, la fortaleza de un país se mide también por la eficacia de su fiscalización. La confianza ciudadana, la estabilidad institucional y la certidumbre económica dependen en buena medida de que el Estado supervise con rigor e independencia el uso de los recursos públicos.

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores del mundo operan bajo los estándares de la INTOSAI (Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores). Sus ISSAI exigen independencia técnica, objetividad, profesionalismo, transparencia y un enfoque basado en riesgos. Estos no son meros principios formales: son condiciones indispensables para la integridad del Estado.

La fiscalización superior ha evolucionado drásticamente. Ya no se limita a revisar el pasado; su valor estratégico radica en prevenir riesgos, fortalecer controles internos y elevar la calidad de la gobernanza pública.

Desde mi experiencia en tareas de control, supervisión y revisión del gasto, incluida mi participación en la Comisión Presidencial para la revisión de los fideicomisos públicos extintos en 2020, he constatado que la eficacia de cualquier mecanismo de fiscalización depende de tres elementos clave: independencia técnica real, capacidad profesional de alto nivel y alineación estricta con estándares internacionales.

Aquella revisión de fideicomisos implicó analizar estructuras financieras complejas, evaluar controles institucionales y promover mayor transparencia en el manejo de recursos. Confirmó lo que siempre he sostenido: la auditoría superior no es una función administrativa rutinaria, sino una tarea estratégica del Estado.

Hoy, en un contexto de crecientes demandas de transparencia, disciplina financiera y rendición de cuentas, México tiene una oportunidad histórica. La renovación en curso de la ASF con la conclusión del periodo actual y la designación de nuevo titular debe traducirse en una institución plenamente alineada con los más altos estándares como el INTOSAI, COSO ERM e IPSAS.

Esta renovación no es un simple cambio de nombres, es la oportunidad de construir una auditoría superior moderna que no solo detecte irregularidades, sino que las prevenga, fortalezca los sistemas de control y genere confianza duradera en las instituciones.

Una ASF técnica, autónoma y profesional es la base de un Estado más sólido. Donde hay fiscalización creíble, hay mayor confianza pública. Y donde hay confianza institucional, hay un país más fuerte.

México no puede dejar pasar este momento. La renovación histórica de su auditoría superior debe ser ahora, con visión de futuro y compromiso irrenunciable con la independencia y la excelencia.

El tiempo de las oportunidades históricas es breve. Actuar con decisión definirá el rumbo de nuestra rendición de cuentas por los próximos años.

Las factureras no desaparecieron. Solo cambiaron de nombre.
Hoy muchos esquemas se esconden bajo “asimilados a salarios”.
La simulación fiscal evoluciona. La fiscalización también debe hacerlo.

Mi columna en La Crónica de Hoy

https://www.cronica.com.mx/opinion/2026/02/12/las-factureras-no-han-muerto-los-despachos-siguen-y-hoy-se-llaman-asimilados-a-salarios/

Dr. Luis David Fernández Araya

En la prevención del lavado de dinero y el combate al financiamiento ilícito, la cooperación internacional dejó de ser un complemento: es el eje central de cualquier estrategia que funcione. México lo ha entendido. En un entorno de alta presión regulatoria y tensiones geopolíticas, la coordinación estrecha con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos representa madurez institucional y visión de largo plazo.

El canal institucional liderado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no es mera cortesía diplomática, es una decisión técnica de alto impacto. Permite articular inteligencia financiera, información operativa y mecanismos ágiles de intercambio que anticipan riesgos, bloquean flujos ilícitos y cierran espacios al crimen organizado transnacional.

Lo hemos visto en resultados concretos. En noviembre de 2025, gracias a la colaboración con FinCEN y OFAC, brazo del Tesoro estadounidense, se detectaron y desmantelaron redes de lavado en 13 casinos físicos y virtuales distribuidos en ocho estados. 

Esos esquemas utilizaban empresas fachada, dispersión masiva de efectivo y transferencias internacionales injustificadas hacia paraísos fiscales. La operación no solo congeló activos, demostró que el intercambio de inteligencia bilateral puede golpear estructuras complejas que antes operaban con impunidad.

Estados Unidos cuenta con uno de los sistemas antilavado más robustos del planeta. Sus prioridades , el fentanilo, el financiamiento al terrorismo, la corrupción de alto nivel y el abuso de criptoactivos marcan hoy la agenda global. 

Ignorar esa arquitectura sería un error estratégico; alinearse con inteligencia y corresponsabilidad, en cambio, es una jugada inteligente.

Desde mi participación hace algunos años en grupos técnicos del GAFI/FATF, puedo afirmar que este acercamiento se lee en los foros multilaterales como una señal positiva y creíble. Lo que evalúan los pares internacionales no son discursos, sino eficacia, casos judicializados, resultados medibles y coordinación operativa real.

México ha progresado en inclusión financiera, normatividad y capacidades institucionales. Pero la quinta ronda de evaluación mutua del GAFI en curso desde inicios de 2025 exige mucho más que reformas en papel. 

Demanda efectividad demostrable, el trabajo conjunto con el Tesoro de EU coloca al país en mejor posición ante ese escrutinio riguroso.

La percepción internacional sobre México ha cambiado. Estados Unidos ya no nos ve solo como un eslabón vulnerable en la cadena regional, nos reconoce como aliado estratégico indispensable para contener flujos ilícitos que dañan a ambas naciones. 

La frontera financiera importa tanto como la territorial.

Cooperar no es subordinarse, es asumir corresponsabilidad en economías y riesgos profundamente entrelazados. El lavado, el tráfico de drogas sintéticas, la trata y el financiamiento ilícito operan con estructuras transnacionales que solo caen con inteligencia compartida y acción coordinada.

Esta ruta fortalece la credibilidad del sistema financiero mexicano, reduce riesgos reputacionales, potencia investigaciones y envía un mensaje nítido al mercado, México cumple estándares internacionales y aplica la ley con seriedad.

La evaluación que enfrenta el país no será un trámite, será una prueba de resultados. Y en esa prueba, la alianza estratégica con el Departamento del Tesoro puede ser la diferencia entre un señalamiento y un reconocimiento internacional.

Hoy, seguridad nacional y estabilidad financiera son indivisibles. Trabajar como aliados no es una opción política coyuntural, es una necesidad estructural. En mi opinión profesional, es el camino correcto.

Dr. Luis David Fernández Araya

Imagina que la soberanía de un país ya no se defiende solo con discursos en la ONU o con tratados comerciales. En 2026, se defiende también, y sobre todo, en los balances bancarios, en las auditorías forenses y en la capacidad real de cortar el flujo de dinero sucio. Eso es lo que está pasando con México hoy.
Como alguien que ha pasado años revisando cómo funcionan (o no funcionan) los sistemas de fiscalización y las políticas contra el lavado de dinero, veo con preocupación creciente cómo el cumplimiento de estándares internacionales dejó de ser un “requisito técnico” para convertirse en un verdadero escudo de seguridad nacional.

La presión viene principalmente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Bajo la administración Trump, se ha intensificado la narrativa que vincula las redes del crimen organizado mexicano directamente con el financiamiento al terrorismo. Esta etiqueta no es solo retórica, activa herramientas muy potentes, como sanciones unilaterales de la OFAC que pueden dejar a bancos o empresas mexicanas aislados del sistema financiero global. Lo vimos en 2025 con las designaciones a instituciones como CIBanco, Intercam y Vector, un golpe que generó un “derisking” masivo en el sector y puso en alerta a todo el sistema.

La verdadera prueba, la efectividad, no el papel
México está en un momento clave con el GAFI (FATF). La última evaluación mutua grande fue en 2018, pero ahora, con México presidiendo el organismo desde 2024 hasta 2026, se acerca la quinta ronda de evaluaciones, que pone el reflector en resultados concretos, no en leyes bonitas escritas en papel.
No alcanza con tener la figura del Beneficiario Controlador en la ley o con reportar operaciones sospechosas. El GAFI quiere ver que realmente golpeamos los bolsillos del crimen, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía y los jueces trabajen coordinados y logren sentencias firmes por lavado de dinero. Si no elevamos drásticamente esa tasa de condenas, le estamos dando al Tesoro de EE.UU. los argumentos perfectos para justificar más sanciones que podrían asfixiar nuestra economía.
La ONU como nuestro mejor aliado multilateral
Frente a la tentación de medidas unilaterales desde Washington, México tiene una carta fuerte, los instrumentos de las Naciones Unidas. La Convención de Palermo (UNTOC), la UNODC y el portal SHERLOC nos dan un marco internacional legítimo para demostrar que combatimos el lavado de activos con estándares globales, no solo respondiendo a presiones bilaterales.
Cuando alineamos nuestras normas con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre congelamiento de activos terroristas, cerramos la puerta a la acusación fácil de “Estado laxo” que tanto se escucha en ciertos discursos políticos del norte. Es una forma inteligente y soberana de blindarnos.
Lo que México necesita urgentemente y donde podemos ganar, es en la relación con el Tesoro de EU . ya que será uno de los temas más delicados de política exterior en los próximos años. Pero la respuesta no es pelear de frente, sino ganar por superioridad técnica.

Desde mi experiencia en el tema, veo claro que debemos avanzar en tres frentes clave:

1. Tecnología de punta, Implementar inteligencia artificial para monitorear flujos transfronterizos en tiempo real, siempre alineados con los estándares de la ONU y el GAFI. No podemos seguir dependiendo solo de revisiones manuales.
2. Transparencia sin excusas, Fiscalizar con rigor a las Personas Políticamente Expuestas (PEPs). La corrupción interna es el mejor argumento que tienen en el exterior para pintar a México como un “Estado fallido”. Hay que cortarla de raíz.
3. Cooperación profesional, no subordinación, Elevando el diálogo con el Departamento del Tesoro a un nivel estrictamente técnico, basado en intercambio real de inteligencia financiera, no en concesiones políticas.

En resumen, de peones a jugadores principales
El riesgo de que México caiga en la “lista gris” del GAFI (o peor, enfrente más sanciones unilaterales) está latente, sobre todo con la evaluación que se avecina y las presiones actuales por fentanilo y crimen organizado. Pero como sociedad, como experto, podemos y debemos exigir que la política financiera se trate con la seriedad de una política de Estado.

Nuestro blindaje no vendrá de notas diplomáticas ni de discursos grandilocuentes. Vendrá de auditorías impecables, fiscalizaciones que sí castigan, resultados medibles y la autoridad moral que da hablar el mismo idioma técnico que el GAFI y la ONU. En este tablero financiero global, México no puede seguir siendo un peón que reacciona. Tenemos que ser el jugador que, con inteligencia y resultados, define sus propias reglas.

Dr. Luis David Fernández Araya
Colaborador de La Crónica de Hoy, Especialista en fiscalización y prevención de lavado de dinero

En el combate al lavado de dinero no basta con crear estructuras administrativas. Lo verdaderamente relevante es que produzcan resultados medibles, verificables y públicos.

En el Estado de México, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), adscrita a la Secretaría de Finanzas, fue presentada como un instrumento estratégico para prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita. No obstante, entre 2023 y 2025 no se han difundido informes anuales sustantivos, tipologías locales de lavado, reportes de activos bloqueados ni indicadores claros de desempeño institucional.

La ausencia de información pública abre una interrogante legítima, ¿está funcionando la UIPEM mexiquense o simplemente cumple una función formal dentro del organigrama?

En otras entidades federativas, como Tlaxcala o Tamaulipas, el modelo estatal de inteligencia patrimonial ha mostrado avances documentados, publicaciones técnicas y resultados cuantificables. Esa diferencia importa. La transparencia no es propaganda; es legitimidad.

Nadie exige revelar investigaciones en curso ni comprometer información sensible. Lo que se demanda es rendición de cuentas agregada, metas, indicadores de desempeño, denuncias presentadas, montos asegurados, activos sujetos a extinción de dominio y coordinación efectiva con instancias federales.

El Estado de México es la entidad con mayor población del país y una de las economías más dinámicas. Precisamente por ello requiere una política antilavado robusta y evaluable. La inteligencia financiera que no se mide ni se informa pierde fuerza institucional.

Desde mi experiencia en fiscalización y control, la efectividad antilavado se acredita con tres variables básicas:1. Inteligencia financiera generada y formalmente compartida. 2. Denuncias sólidas judicializadas. 3. Activos bloqueados o recuperados con impacto económico real.

Si estos indicadores no se comunican, la política pública carece de trazabilidad democrática.

La rendición de cuentas ya no puede postergarse

Ante este escenario, resulta indispensable que la Secretaría de Finanzas comparezca públicamente ante el Congreso local para presentar un informe técnico detallado sobre el desempeño de la UIPEM en los últimos tres años.

Asimismo, sería pertinente que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México realice una auditoría de desempeño específica sobre la eficacia, metas e indicadores de la Unidad, evaluando no sólo su existencia normativa, sino su impacto real en la detección y desarticulación de flujos ilícitos.

No se trata de un ataque político. Se trata de control institucional, si la UIPEM está generando resultados, debe demostrarlos.
Si no los está generando, debe corregirse de inmediato.
La inteligencia financiera no admite zonas grises. O produce resultados o produce simulación.

Y en una entidad del tamaño e importancia del Estado de México, la simulación no es una opción.

Dr. Luis David Fernández Araya
Opinión Quadratin

La seguridad pública no se sostiene únicamente con presencia territorial ni con operativos visibles. Las organizaciones criminales no sobreviven por su capacidad de violencia, sino por su capacidad financiera. Mientras el dinero siga fluyendo, el crimen se reorganiza.

A lo largo de mi experiencia en áreas de fiscalización, control interno y finanzas públicas, he podido constatar que las estructuras criminales no dependen únicamente de grupos armados, sino de complejas redes financieras, administrativas y patrimoniales que les permiten operar con estabilidad.

Por ello, uno de los principales retos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum será reforzar la estrategia nacional de seguridad cerrando de manera efectiva los circuitos de lavado de dinero, que hoy continúan operando con altos niveles de sofisticación y, en muchos casos, con protección institucional.

México enfrenta un problema estructural de economía criminal. El lavado de dinero permite financiar actividades ilícitas, infiltrar sectores productivos, capturar autoridades locales y normalizar recursos ilegales dentro de la economía formal. Sin una política financiera firme, cualquier estrategia de seguridad queda incompleta.

La experiencia internacional demuestra que los países que han logrado debilitar al crimen organizado no lo hicieron únicamente con fuerza, sino siguiendo el rastro del dinero. Esta lógica ha sido constante en los trabajos técnicos en los que he participado: cuando se bloquean los flujos financieros, la capacidad operativa del delito se reduce de forma significativa.

En este contexto, la estrategia nacional debe fortalecerse en cuatro frentes.

El primero es una inteligencia financiera preventiva, no solo reactiva. No basta con congelar cuentas cuando el daño ya ocurrió; se requiere detección temprana, análisis patrimonial y trazabilidad desde el origen de los recursos.

El segundo es una coordinación real entre instituciones. La Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Auditoría Superior de la Federación deben operar bajo una lógica común, compartiendo información estratégica y construyendo expedientes financieros sólidos que permitan judicializaciones efectivas.

El tercero es fortalecer la fiscalización superior con enfoque de riesgo. El desvío de recursos públicos, los contratos simulados y la facturación falsa continúan siendo mecanismos de financiamiento indirecto del crimen. Desde la experiencia en auditoría gubernamental, estos esquemas siguen representando uno de los principales puntos de vulnerabilidad del Estado.

El cuarto frente es el control institucional interno. Sin sistemas sólidos de supervisión y rendición de cuentas dentro de las propias dependencias, el dinero ilícito siempre encuentra espacios para operar. La corrupción administrativa continúa siendo el principal facilitador del lavado.

La presidenta Sheinbaum tiene la oportunidad de consolidar una nueva etapa en la política de seguridad nacional: una donde el combate financiero tenga el mismo peso que el operativo.

Cerrar el lavado de dinero no es un asunto técnico menor. Es una decisión de Estado.

Porque cuando se bloquean los recursos, se debilita el poder criminal. Y sin poder financiero, la violencia pierde fuerza.

Ahí se juega hoy una parte central de la seguridad del país.

Dr. Luis David Fernández Araya

En México no solo combatimos la violencia física; también enfrentamos una guerra silenciosa y persistente que corroe las instituciones, la economía formal y el tejido social: el financiamiento de los grupos del crimen organizado. Hasta hoy, buena parte de las políticas públicas han estado orientadas a enfrentar los efectos visibles del crimen —las balas, los cuerpos, las escenas violentas, pero no hemos logrado desarticular de raíz aquello que mantiene viva a la violencia, el dinero.

Un enemigo estructural, no un fenómeno aislado

Los grupos criminales han evolucionado de manera sofisticada. Ya no operan exclusivamente como bandas de narcotráfico, se han convertido en sistemas financieros paralelos capaces de lavar recursos a través de empresas fachadas, contratos públicos simulados, extorsión digital, remesas, comercio electrónico fraudulento y plataformas de criptomonedas. El resultado es devastador, recursos que deberían alimentar la educación, la salud y la infraestructura, y que hoy financian violencia y corrupción. 

Combatir los síntomas sin tocar las fuentes de financiamiento equivale a cortar las ramas sin remover la raíz. Esta ceguera estratégica ha permitido que, pese a avances en algunos indicadores de seguridad, los grupos criminales mantengan altos niveles de resiliencia y capacidad de reconfiguración.

Hacia una estrategia de impacto, atacar el dinero

La experiencia internacional es clara, los grandes éxitos en la lucha contra el crimen no provienen únicamente de acciones policiales, sino de intervenciones financieras inteligentes. Países que han aplicado estrategias de congelamiento de activos, trazabilidad de flujos, reportes automatizados de transferencia, cooperación fiscal internacional y sistemas anticorrupción robustos han logrado desarticular economías criminales que parecían invulnerables.

México requiere, con urgencia, un enfoque multifacético que incluya:

1. Fortalecimiento de la inteligencia financiera. Modernizar los mecanismos de análisis de transacciones sospechosas, integrando herramientas de big data, aprendizaje automático y análisis predictivo para identificar patrones vinculados a grupos criminales.

2. Cooperación internacional ampliada. El dinero no conoce fronteras. Es indispensable trabajar con socios estratégicos, incluido Estados Unidos, la Unión Europea y organismos multilaterales para rastrear y congelar activos, compartir información y coordinar sanciones.

3. Sanciones económicas dirigidas. Implementar un régimen sólido de sanciones que no solo bloquee cuentas y bienes, sino que desincentive la captación de recursos a través de actores legales que, consciente o inconscientemente, sirven de puente a economías ilícitas.

4. Cultura de cumplimiento y transparencia. El sector privado, especialmente micro, pequeñas y medianas empresas, debe contar con herramientas accesibles de autocontrol y denuncia segura para no convertirse en lavadoras de recursos.

El riesgo de ignorar la economía criminal

No se trata de una amenaza distante ni abstracta. El financiamiento ilícito altera mercados, debilita la competitividad, incentiva prácticas fiscales opacas y genera distorsiones que afectan a trabajadores, emprendedores y consumidores. Más aún, cuando el crimen se financia con recursos que podrían ser captados por el Estado, la capacidad del gobierno para ofrecer servicios básicos se erosiona.

Ignorar esto es permitir que los grupos criminales consoliden no solo su fuerza armada, sino su inserción en la economía formal.

Una agenda de Estado, no de gobierno

Atacar el financiamiento del crimen organizado debe ser una prioridad de Estado, sostenida más allá de los ciclos electorales y los discursos de temporada. Requiere acuerdos amplios, legislación moderna, transparencia institucional y sobre todo verdadera voluntad política.

Sí, es una batalla compleja. Pero es la batalla que marca la diferencia entre un país que maquilla indicadores de seguridad y un México que desarticula las estructuras que sostienen la violencia y la impunidad.

Porque mientras el dinero siga fluyendo, el crimen no se detendrá. Y mientras el crimen no se detenga, nuestra sociedad no podrá prosperar en paz.

Dr.Luis David Fernández Araya

El Cardenal Carlos @ArzobispoAguiar Retes, Arzobispo Primado de México y Mons. Francisco Javier Acero, Obispo Auxiliar de la @ArquidiocesisMx Arquidiócesis de México, sostuvieron un encuentro con el Papa León XIV @Pontifex_es en Citta del Vaticano.
Durante la audiencia, el Papa expresó su alegría por la peregrinación de la Arquidiócesis Primada de México a la Basílica de Guadalupe y expresó su deseo e interés de visitar nuestro país.

En la relación México-Estados Unidos, hay una verdad inmutable que sobrevive a cualquier presidente, la cooperación en seguridad.

Con Donald Trump de vuelta con el tema Maduro solo hace que el ruido sea ensordecedor, tonos ásperos y amenazas en redes pero en la trinchera real, México nunca soltó la mano.

Compartimos inteligencia, reforzamos la frontera, extraditamos capos como Rafael Caro Quintero en febrero pasado junto con 28 más y otros 26 en agosto, incluyendo líderes de Los Cuinis, decomisamos cargamentos y atacamos las drogas sintéticas como el fentanilo. Todo sigue rodando.

¿Por qué? Porque los problemas son de raíz profunda, no de temporada. Cada día cruzan la frontera fentanilo letal, armas de grueso calibre, billetes sucios y redes criminales bien aceitadas. Ningún país los doma en solitario, es como tratar de apagar un incendio con un vaso de agua.

Trump sube la presión en los titulares, y México ajusta el paso, más colaboración, cero cesiones de soberanía. Política en la superficie, seguridad en las entrañas.
Hoy, igual que ayer, Washington pide números concretos, arrestos, kilos incautados, y México traza sus líneas rojas institucionales. No es pleito, es pacto con asteriscos.

El intercambio persiste porque beneficia a los dos lados, y la opción B sería un tema sin coordinación, sería un desastre compartido.
Para 2026, la proyección es clara, Trump apretará con aranceles vía T-MEC y exigirá más desmantelamientos de cárteles, pero México responderá reforzando a la Guardia Nacional y la inteligencia de la SSPC aunada a la de la UIF, demostrando resultados sin abrir la puerta a intervenciones invasivas.

Quedarnos emproblemados es simplismo; la historia real es más callada y efectiva, México coopera, pero a su modo. Y en seguridad, eso salva vidas.

Enfrentamos amenazas creíbles de intervención estadounidense en 2026, impulsadas por la retórica de Trump sobre cárteles como “terroristas” y presiones vía aranceles o tropas en la frontera. Para blindar la soberanía, el gobierno de Sheinbaum implementa ya medidas proactivas que demuestran control interno y fortalecen la cooperación bilateral sin subordinación.

Ya lo estamos haciendo, pero con la sensibilidad de Sheinbaum.

Dr. Luis David Fernández Araya
Colaborador Quadratin

Desde el primer día de su mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum ha demostrado que la seguridad nacional no admite titubeos. Su gobierno ha dejado atrás la tolerancia pasiva frente al crimen y ha trazado una ruta clara, firme y valiente: enfrentar al crimen organizado con inteligencia, legalidad y fuerza del Estado.

La estrategia está dando resultados. En apenas semanas, se han realizado operativos de alto impacto en entidades como Sinaloa, Tamaulipas y el Estado de México, con saldo favorable para las fuerzas federales y sin daños colaterales a la población civil. Casi 20 presuntos criminales fueron abatidos recientemente, en un operativo legítimo donde se defendió la integridad de los elementos de la Guardia Nacional. A esto se suma el histórico decomiso de 15 millones de litros de combustible robado en Tampico, un golpe directo a las finanzas del huachicol.

La presidenta Sheinbaum ha dado un paso firme que otros gobiernos evitaron: ejercer el poder con decisión frente a quienes han pretendido desafiar al Estado. Y lo ha hecho sin recurrir a excesos ni simulaciones, sino con base en la ley, el respeto a los derechos humanos y una profunda convicción de justicia.

Además, el gobierno federal ha llevado la lucha contra el crimen a nuevos frentes. Hoy, se combate también en el terreno digital, donde se ha detectado que el crimen organizado intenta reclutar jóvenes por medio de redes sociales. Gracias a un monitoreo responsable y coordinado, ya se han bloqueado cuentas, desarticulado redes y prevenido miles de casos de captación criminal.

En el ámbito internacional, México ha reafirmado su soberanía. La presidenta Sheinbaum ha dejado claro que la colaboración con otras naciones es bienvenida, pero no bajo imposiciones. Por ello, no sorprende la reciente acción legal contra el abogado estadounidense de Ovidio Guzmán, quien ha intentado desacreditar al Estado mexicano con declaraciones inaceptables. Aquí no habrá impunidad, venga de donde venga.

Y los resultados no se discuten: los homicidios dolosos han bajado 26 % desde que inició esta nueva estrategia. La diferencia es clara: mientras antes se apostaba por la contención, hoy se ejerce el poder del Estado con decisión y sin pactos oscuros.

Con Claudia Sheinbaum, México avanza hacia un nuevo paradigma de seguridad: uno donde la paz se construye desde la justicia, la inteligencia y la firmeza. La ciudadanía merece vivir sin miedo, y este gobierno está cumpliendo esa promesa con hechos, no con palabras.

Dr. Luis David Fernández Araya

Con los años uno aprende que los problemas más graves del servicio público y de la vida empresarial no aparecen de golpe. No llegan con estruendo ni con titulares, pues se van formando en silencio, en pequeñas decisiones mal tomadas, en controles que se relajan, en expedientes que se dejan incompletos que se dejan para después. Cuando finalmente estallan, todos preguntan cómo fue posible no verlo venir.

Durante más de dos décadas años de trayectoria en el rubro, he tenido la oportunidad y la responsabilidad de trabajar en órganos de control, en procesos de fiscalización, en el Congreso de la Unión como Diputado y funcionario del mismo en revisiones complejas de cuentas, auditorías y revisión de fideicomisos públicos. 

Desde esos espacios he visto con claridad que el lavado de dinero no prospera por genialidad criminal, sino por fallas humanas e institucionales ya que nadie quiso preguntar, nadie quiso incomodar, nadie quiso asumir el costo de prevenir.

Esa experiencia es la que me viene a la mente cada vez que se habla de las reformas a la Ley Antilavado publicadas en julio de 2025. No fueron un capricho legislativo ni una moda importada, es claro que fueron la respuesta tardía, pero necesaria, a una realidad que ya nos había alcanzado. El mensaje de fondo es sencillo, el Estado mexicano decidió dejar de tolerar la simulación en materia de prevención.

La nueva ley amplía obligaciones, endurece sanciones y coloca el foco donde siempre debió estar, en quienes toman decisiones, ya no basta con delegar el tema a un área administrativa o a un responsable de cumplimiento sin poder real. 

Hoy la responsabilidad sube a los consejos, a las direcciones generales y a quienes firman contratos, autorizan operaciones y definen estructuras.

Durante años, muchas organizaciones tanto públicas como privadas, trataron la prevención del lavado de dinero como un trámite molesto, se cumplía para salir del paso, se copiaban manuales, se presentaban avisos sin análisis y se confiaba en que la autoridad nunca revisaría a fondo. 

Ese tiempo terminó y la Presidenta Sheinbaum ha sido muy clara, hoy la pregunta ya no es si existe un documento, sino si el control opera en la realidad.

He visto casos en los que una sola omisión abrió la puerta a problemas enormes. Un beneficiario real nunca identificado. Una operación atípica normalizada por costumbre. Un expediente que nadie quiso revisar con detalle. Años después, cuando llega una investigación o una sanción, la reacción suele ser la misma, una sorpresa, una indignación y una simple búsqueda de culpables que casi nunca llega, pero el origen casi siempre fue la falta de prevención.

Por eso insisto en que un Plan de Prevención de Lavado de Dinero, PLD/PT, AML/CFT Anti-Money Laundering, término en inglés equivalente a PLD muy usado en documentos internacionales, así como la AV de la LFPIORPI bien construido, ya no es un lujo ni una carga innecesaria, este es una herramienta de protección institucional ojo ahí. 

Protege a la organización, a sus directivos y, en muchos casos, a los propios trabajadores. Permite anticipar riesgos, documentar decisiones y demostrar que se actuó con diligencia cuando llegan las preguntas incómodas.

Prevenir también es una forma de liderazgo, implica decir “no” cuando es más fácil decir “sí”. Implica pedir información cuando otros prefieren no verla. Implica asumir que el costo de incomodar hoy es mucho menor que el de explicar mañana.

Este espacio semanal en El Heraldo de México nace con esa intención, el de hablar de control, de cumplimiento y prevención desde la experiencia, sin discursos grandilocuentes ni tecnicismos vacíos. 

Hablar de lo que no siempre se quiere escuchar, pero que resulta indispensable si de verdad queremos instituciones más sólidas y una economía más limpia.

Porque al final, tanto en el sector público como en el privado, la lección es la misma, lo que no se controla a tiempo, termina por controlarnos a nosotros, y ojo, cuando eso ocurre, ya es demasiado tarde para lamentaciones.

Dr. Luis David Fernández Araya

México enfrenta un momento crucial para el futuro de la fiscalización superior. La complejidad creciente del gasto público, la expansión de los programas sociales y la exigencia ciudadana por instituciones más sólidas hacen imprescindible replantear cómo supervisamos los recursos públicos.

Con más de 30 años de experiencia en administración pública, fiscalización y control interno, así como en la prevención del uso indebido de recursos, sostengo que el país necesita un modelo fiscalizador más técnico, moderno y, sobre todo, preventivo.

En este escenario, el liderazgo del diputado Javier Herrera Borunda en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha sido clave. Su gestión ha ordenado procesos, elevado la calidad del diálogo técnico y fortalecido el seguimiento a las observaciones. Así, la fiscalización puede dejar de ser un ejercicio retrospectivo para convertirse en una herramienta que mejore la gestión pública en tiempo real.

Hacia una fiscalización que prevenga, no solo revise puesto que por décadas, la fiscalización mexicana ha operado con herramientas que solo revisan el pasado: analizamos ejercicios ya concluidos, detectamos desviaciones y promovemos responsabilidades después de que el daño ocurrió. Aunque necesario, ese modelo ya no basta.

La magnitud del gasto y la rapidez con que se ejecutan los programas exigen que la ASF pueda anticipar riesgos y evitar irregularidades antes de que se concreten. México debe avanzar hacia una fiscalización preventiva, basada en análisis de datos, monitoreo temprano y tecnologías avanzadas.

Hoy existen herramientas para identificar patrones riesgosos en contratos, detectar posibles simulaciones, comparar precios en tiempo real y alertar sobre sobrecostos antes de que se ejerzan presupuestos. La inteligencia artificial no debe usarse solo para revisar errores pasados; su verdadero valor está en prevenir daños. En ello coincido plenamente con el impulso que el diputado Herrera Borunda ha dado para que la ASF adopte modelos predictivos y análisis sofisticados.

Un liderazgo que impulsa capacidades técnicas

El diputado Herrera Borunda ha orientado la Comisión hacia la modernización de la fiscalización. Bajo su dirección, se han estandarizado criterios y metodologías de auditoría, actualizado procesos internos, exigido mayor rigor en la información solicitada, incorporado tecnologías emergentes y profesionalizado al personal auditor con énfasis en análisis avanzado.

Todo ello tiene un objetivo claro, una ASF más sólida, autónoma y equipada para enfrentar los retos actuales, una fiscalización que fortalezca al Estado, no se trata solo de revisar cuentas o señalar incumplimientos, sino de construir un sistema que fortalezca al Estado mexicano, mejore el desempeño institucional y garantice que cada peso público se use correctamente. 

Esto requiere una ASF capaz, moderna y con impacto real en la gestión gubernamental.

México necesita una fiscalización con visión de futuro, que utilice tecnología para anticipar riesgos, con metodologías estandarizadas y una operación de total transparencia técnica. Basado en mi experiencia en control y la Comisión de Vigilancia, afirmo que este es el camino correcto.

México merece una fiscalización que no solo observe, sino que prevenga; que no solo registre, sino que corrija; que no solo revise, sino que proteja activamente el patrimonio nacional. Con los avances impulsados desde la Comisión que encabeza el diputado Javier Herrera Borunda, ya se dan pasos firmes para lograrlo.

Dr. Luis David Fernández Araya 

El proceso para elegir al próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no es sólo un cambio de nombre, es una evaluación seria sobre quién tiene la capacidad técnica, la formación y la experiencia para corregir una década marcada por inconsistencias metodológicas, debilidad en el seguimiento y una preocupante falta de rigor en la integración de expedientes. México necesita a alguien que conozca la fiscalización no desde la teoría, sino desde la práctica, desde la operación y desde los sistemas que la sustentan.

Durante más de treinta años he trabajado precisamente en ese terreno. Mi trayectoria no se ha construido en declaraciones, sino en auditorías, denuncias, procesos de revisión y metodologías estandarizadas. Como economista, doctor en finanzas y académico, he dedicado buena parte de mi vida profesional al análisis de sistemas de control interno, modelos de evaluación de riesgos, procedimientos sancionatorios y estructuras de auditoría. Sé cómo debe funcionar la fiscalización porque la he ejercido, la he estudiado y la he defendido.

Desde mi paso por la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados tuve claridad de algo que hoy resulta innegable, sin técnica sólida, la fiscalización se convierte en una simulación.

Lo confirmé también desde la Subsecretaría de la Contraloría del Estado de México y desde la secretaría de hacienda y crédito público, donde enfrenté procesos de seguimiento, integración de expedientes, control presupuestal, verificación de obras, adquisiciones y evaluaciones de desempeño.

Mi participación como miembro de la Comisión Presidencial para la Revisión y Auditoría de los Fideicomisos Públicos Extintos por Decreto en 2020, entre 2020 y 2023, reafirmó la misma conclusión, cuando se aplican metodologías técnicas robustas, con evidencia documentada, análisis financiero, trazabilidad de operaciones y estándares internacionales de control, los resultados cambian. La diferencia entre detectar y corregir está en la técnica, no en la retórica.

Y eso es justamente lo que hoy necesita la ASF, la institución requiere un liderazgo que domine los marcos normativos, desde la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas hasta las directrices del SNA, INTOSAI, COSO, ISO 37001 y los modelos de cumplimiento PLD/FT, y que sepa traducirlos en procedimientos homogéneos, replicables y blindados contra la discrecionalidad.

Alguien capaz de elevar el estándar técnico de las auditorías, fortalecer el análisis financiero forense, robustecer el seguimiento y construir expedientes que resistan cualquier revisión de legalidad.

México ya vivió los efectos de una auditoría sin profundidad, con observaciones que no se convierten en recuperaciones, denuncias que no avanzan y revisiones que se quedan en papel, no podemos repetir esa historia.

El país necesita una ASF dirigida por un perfil con solvencia técnica probada, con dominio metodológico, con experiencia real en auditoría, control y sanción. La fiscalización del siglo XXI exige análisis cuantitativo, inteligencia financiera, trazabilidad digital, seguimiento riguroso y capacidad pericial.

Ese es el tipo de liderazgo que permitirá cerrar las grietas que durante años permitieron la impunidad administrativa y el abuso presupuestal.

Mi convicción es simple, la fiscalización sólo funciona cuando es técnicamente impecable. Y esa es la visión que estoy dispuesto a llevar a la Auditoría Superior de la Federación.

México no necesita discursos, necesita técnica, necesita rigor y resultados.

Dr. Luis David Fernández Araya

La política mexicana vive una etapa decisiva en la consolidación de sus mecanismos de participación ciudadana. En este contexto, la iniciativa del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar para adelantar la consulta de revocación de mandato al año 2027 no debe verse como una maniobra coyuntural, sino como una apuesta por la madurez institucional del país y por la coherencia entre democracia representativa y democracia participativa.

Lejos de la lectura simplista que algunos medios han querido imponer , esa idea errónea de que se trata de “poner a Sheinbaum en la boleta”—, la propuesta de Ramírez Cuéllar busca armonizar calendarios electorales, reducir costos públicos y fortalecer la legitimidad presidencial a mitad del sexenio, un momento clave en el que la ciudadanía puede refrendar o reconsiderar el rumbo nacional.

La democracia debe tener continuidad y evaluación, por lo que el planteamiento de empatar la revocación de mandato con las elecciones intermedias no es nuevo en el debate académico ni en la experiencia comparada. 

En diversos países se ha demostrado que la participación ciudadana se potencia cuando los ejercicios de evaluación coinciden con procesos electorales ordinarios. Esto permite un ahorro sustancial de recursos públicos, tema que Ramírez Cuéllar conoce con profundidad desde su trayectoria como economista, y reduce la fatiga cívica derivada de convocatorias aisladas.

Más allá de la logística electoral, la propuesta encierra una visión de gobernabilidad democrática. La Presidenta Claudia Sheinbaum, quien goza de amplio respaldo social, podría someterse voluntariamente a ese ejercicio de refrendo popular sin esperar a los plazos de 2028. Lejos de debilitarla, ello consolidaría su legitimidad y demostraría que en México el poder se ejerce con apertura al escrutinio ciudadano.

La diferencia de fondo la vemos entre la audacia vs. la cautela, en la misma bancada de Morena han surgido matices. El diputado Ricardo Monreal, con su acostumbrada prudencia procesal, ha pedido “más tiempo para el análisis” y evitar lo que llama un “albazo legislativo”. Esa reserva es legítima, pero también revela la distancia entre quienes entienden la política como gestión de equilibrios y quienes, como Ramírez Cuéllar, la entienden como impulso transformador.

El ex presidente de la Comisión de Presupuesto y uno de los diputados con mayor conocimiento técnico de la hacienda pública, ha sido coherente, su iniciativa no busca alterar el mandato de nadie, sino dotar de mayor eficiencia y transparencia al ejercicio democrático. México necesita más decisiones de fondo y menos temor al debate.

El mensaje político y el precedente histórico demuestra que la revocación de mandato, lejos de ser un instrumento de desestabilización, puede convertirse en el mejor termómetro de legitimidad presidencial. Ramírez Cuéllar ha entendido que un gobierno fuerte no se mide por evitar la rendición de cuentas, sino por buscarla. Su propuesta, por tanto, es una invitación a institucionalizar la evaluación ciudadana como parte del ciclo normal de gobierno.

Si esta reforma prospera, el país podría alcanzar en 2027 un nuevo estándar de participación, una ciudadanía activa, una presidenta con voluntad de refrendo y un Congreso que da cauce al derecho a opinar sobre el rumbo nacional. En términos democráticos, no hay gesto más poderoso.

Concluyo, Mientras algunos prefieren aplazar la discusión, Alfonso Ramírez Cuéllar abre un horizonte que combina racionalidad fiscal, madurez política y respeto pleno a la soberanía popular. Su propuesta no busca favorecer a una persona, sino fortalecer un principio, que en la democracia, quien gobierna no teme ser evaluado.

En tiempos donde la confianza pública exige acciones audaces, el país necesita más legisladores con visión de Estado y menos guardianes del inmovilismo.

Porque las transformaciones verdaderas no esperan la comodidad del calendario, se construyen con el valor de adelantarse a la historia.

Dr. Luis David Fernández Araya

En México, la fiscalización del gasto público suele irrumpir en el debate solo ante crisis o escándalos. Sin embargo, el verdadero reto no es solo castigar daños ya irreparables, sino instaurar una vigilancia permanente, profesional y ciudadana sobre los recursos públicos. En este marco, las iniciativas del diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar constituyen un esfuerzo serio y coherente para robustecer el sistema nacional de rendición de cuentas, restituyendo a la fiscalización el rol estratégico que le otorga la Constitución.

Ramírez Cuéllar arranca de una realidad innegable, el modelo actual llega tarde. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa el presupuesto más de un año después de su ejecución, cuando cualquier daño patrimonial es casi imposible de revertir. En 2024, por ejemplo, la ASF entregó su segundo paquete de informes de la Cuenta Pública con un rezago promedio de 18 meses. Ese desfase no solo impide recuperar recursos, solo 3 de cada 100 pesos observados se recuperan efectivamente, sino que convierte la fiscalización en un ejercicio arqueológico, excava ruinas, pero no previene derrumbes.

Su propuesta ajusta los plazos con calendarios estrictos para la entrega de la Cuenta Pública y los informes de auditoría. La idea es simple pero revolucionaria: la Cuenta Pública se presenta en abril, no en junio; los informes individuales se entregan trimestralmente, no anualmente; las observaciones se notifican en 30 días, no en 90. Así, la revisión pasa de ser punitiva a preventiva. Fiscalizar a tiempo no es un lujo técnico, es gobernar con mayor eficacia. Un desvío detectado en marzo puede corregirse en abril; uno detectado en diciembre del año siguiente ya es irreversible.
Las reformas van más allá de los tiempos. Un pilar clave es blindar la autonomía, el profesionalismo y la neutralidad de la fiscalización, liberándola de vaivenes políticos, negociaciones partidistas o cálculos electorales. Ramírez Cuéllar impulsa cambios que erradican el nepotismo, prohibiendo contrataciones de familiares hasta el cuarto grado, protegen la estructura técnica de la ASF con concursos públicos para auditores especiales, y empoderan al Congreso para supervisar resultados sin injerencias.

En octubre de 2025, la ASF vivió un ejemplo doloroso de lo que ocurre cuando falla la neutralidad, la salida del Auditor Especial del Gasto Federalizado, Emilio Barriga, señalado por auditorías “a modo” y parentescos indebidos. El mensaje es claro, la fiscalización no puede ser rehén de nadie.

Otro eje es la apertura ciudadana. La rendición de cuentas pierde sentido si permanece como un tecnicismo reservado a expertos. Debe ser pública, accesible y útil para la gente. Las propuestas del diputado habilitan mecanismos concretos:

• Plataforma digital ciudadana para rastrear en tiempo real proyectos, obras y contratos (similar a la Plataforma Nacional de Transparencia, pero con alertas automáticas).
• Informes de auditoría en lenguaje claro, con infografías, videos y resúmenes ejecutivos en redes sociales.
• Denuncias anónimas con respuesta garantizada en 48 horas, vía app o WhatsApp.
  Un Estado que se fiscaliza ante sus ciudadanos no solo es más sólido: es más legítimo. En 2023, solo 12% de los mexicanos confiaba en la ASF, según Latinobarómetro. La opacidad mata la confianza; la transparencia la reconstruye.
  Además, se concibe la fiscalización como aliada de la mejora gubernamental, no como mero instrumento de sanción. Con facultades ampliadas y plazos óptimos, la ASF podría emitir alertas tempranas (riesgo de sobreprecio en licitación) y recomendaciones correctivas (ajuste presupuestal antes del cierre del ejercicio).

Un caso emblemático, en 2022, la ASF detectó irregularidades en el programa Sembrando Vida, dos años después de que el daño ya sumaba 5,200 millones de pesos. Con el modelo propuesto, esa falla se habría identificado en el primer semestre y corregido antes de escalar. Así, la fiscalización se transforma en un motor de planeación, eficiencia y responsabilidad.

En el fondo, este enfoque reivindica una verdad elemental: el dinero público pertenece a la gente. Cada peso tiene dueño y propósito. Su uso transparente fortalece la confianza; su dilapidación o encubrimiento, la erosiona. En 2024, la ASF reportó observaciones por 142 mil millones de pesos. De ese monto, solo 4 mil millones se recuperaron. El resto se perdió en la niebla de la impunidad. La visión de Ramírez Cuéllar devuelve a la sociedad la certeza de que el Estado no solo gestiona recursos, sino que responde por ellos. No se trata de cacería de brujas, se trata de devolverle al pueblo lo que es suyo.
En esta era de redefinición nacional, fortalecer la fiscalización no es un lujo, sino una urgencia ética y política. Estas propuestas modernizan, agilizan y humanizan la rendición de cuentas, sin dividir ni acusar por consigna, solo buscan reconstruir puentes de confianza y asegurar que el gasto público cumpla su fin último, mejorar la vida de las personas.

Si México anhela un gobierno transparente, eficaz y cercano, este es el camino correcto.

No hay democracia sin fiscalización; no hay confianza sin transparencia. Y no hay futuro sin un Estado que rinda cuentas como si cada peso fuera el último.

Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo trazó con claridad una de las rutas más contundentes de su administración: la modernización profunda de la Ley Aduanera. No se trata de una reforma administrativa más, sino de una decisión de Estado que busca sellar los vacíos legales que por años han permitido la evasión, el contrabando y el huachicol fiscal en las aduanas mexicanas.

Desde Palacio Nacional, el mensaje fue inequívoco: México no será rehén de la corrupción en sus fronteras, ni cómplice de quienes abusan de los privilegios del comercio exterior para evadir sus responsabilidades fiscales. La presidenta fue categórica: “No habrá tolerancia ni complacencia; el país necesita orden, legalidad y justicia tributaria”.

Durante décadas, las aduanas han sido territorio de privilegios, discrecionalidad y complicidades. Por ellas transitan las rutas del desarrollo, pero también los caminos de la impunidad. El huachicol fiscal —ese contrabando invisible que se oculta tras facturas falsas y operaciones trianguladas— ha drenado miles de millones de pesos al erario, debilitando la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, salud, educación y bienestar.

La presidenta Sheinbaum ha decidido enfrentar de raíz este fenómeno con tres líneas estratégicas:

1. Digitalización total del sistema aduanero, con tecnología de trazabilidad, escáneres de última generación y herramientas de inteligencia artificial para el monitoreo de operaciones.

2. Coordinación interinstitucional, bajo el mando directo del SAT y con el apoyo operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, para garantizar control y vigilancia permanente.

3. Reforma legal integral, que unifique criterios, cierre lagunas y establezca sanciones ejemplares para quienes intenten burlar la ley.

La instrucción presidencial es contundente: orden, transparencia y justicia en cada puerto, aeropuerto y frontera terrestre del país.

La economía formal como eje de soberanía no se limita a un enfoque recaudatorio, así lo enfatiza la Presidenta Sheinbaum, su visión es más amplia, es la de consolidar una economía de la legalidad, donde el cumplimiento fiscal sea sinónimo de patriotismo económico.

Cada empresa que declara correctamente, cada mercancía que entra con documentación completa, fortalece la soberanía nacional. Cada evasor, cada operación simulada, la vulnera.

Sheinbaum lo dijo con fuerza: “No puede haber justicia social si permitimos injusticia fiscal”. Con esta premisa, la reforma aduanera se inscribe dentro del nuevo modelo de desarrollo que impulsa su gobierno: crecer con integridad, competir con honestidad y comerciar con transparencia.

Con la claridad de que México no se subordina y defiende su soberanía, las presiones internacionales —incluidas las declaraciones recientes sobre el T-MEC y los aranceles a los tractocamiones pesados—, la presidenta reafirmó que México defenderá su comercio exterior desde la legalidad, pero también desde la dignidad.

La Ley Aduanera actualizada será el escudo jurídico y operativo con el que el país reafirme su capacidad de regular lo que entra y sale de su territorio, sin interferencias indebidas ni ventajas injustas para nadie.

“El Estado mexicano no pedirá permiso para hacer valer su ley”, enfatizó Sheinbaum, enviando un mensaje de fortaleza y decisión a quienes dentro o fuera del país intenten vulnerar los intereses nacionales.

La transformación de las aduanas será un proceso técnico con un nuevo orden aduanero pero también moral. 

El cambio no solo se mide en códigos y reglamentos, sino en la recuperación de la confianza ciudadana y empresarial.

El gobierno federal ha comprendido que la verdadera competitividad se logra no bajando impuestos ni relajando controles, sino garantizando que todos cumplan, que nadie abuse y que los recursos públicos se utilicen con eficiencia y transparencia.

Con esta reforma, México entra en una nueva etapa: la del orden aduanero como fundamento de la soberanía económica.

Y la presidenta lo ha dejado claro:

“Ningún país es fuerte si tolera la ilegalidad en sus fronteras. Nosotros no la toleraremos.”

Esa es la diferencia entre administrar y gobernar.

Y Claudia Sheinbaum ha elegido gobernar con decisión, legalidad y firmeza.

Dr.Luis David Fernández Araya

Desde un análisis desde la perspectiva jurídica y de derechos humanos, la reciente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina —en la que señaló que “tendría que revisarse” el registro de La Luz del Mundo como asociación religiosa— abre un debate de fondo: ¿cómo debe actuar el Estado frente a organizaciones que, amparadas en la libertad religiosa, han sido vinculadas con delitos graves?

Si, si hay libertad religiosa pero también existen límites constitucionales, pues La Constitución mexicana, en su artículo 24, garantiza la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Sin embargo, esta libertad no es absoluta. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece que el reconocimiento oficial como iglesia está condicionado a que sus actividades se desarrollen dentro del marco de la legalidad, sin atentar contra la dignidad humana ni favorecer prácticas ilícitas. En ese sentido, si existen elementos que vinculen a dirigentes o estructuras de la organización con delitos de corrupción, trata o abuso sexual, el Estado tiene no solo la facultad, sino la obligación de revisar su registro.

El caso de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, condenado en Estados Unidos por delitos sexuales contra menores, coloca a México en una posición delicada. El sistema interamericano de derechos humanos ha establecido, en resoluciones de la Corte IDH, que el Estado debe actuar con debida diligencia frente a violaciones graves, aun cuando se enmarquen en contextos religiosos o culturales. No hacerlo equivaldría a tolerancia institucional y a incumplir compromisos internacionales de protección a las víctimas.

El Estado laico mexicano no persigue ni promueve religiones, pero tampoco puede ser neutral frente al delito. El principio de laicidad implica un equilibrio: respetar las creencias, pero garantizar que ninguna organización se coloque por encima de la ley. Permitir que una iglesia continúe operando con el respaldo oficial, pese a múltiples denuncias y evidencias de abusos, comprometería la legitimidad del propio Estado.

Desde una perspectiva de derechos humanos, el centro de la discusión no son las estructuras religiosas, sino las víctimas. Revisar el registro de La Luz del Mundo no debe entenderse como un acto persecutorio contra los fieles, sino como una medida de control institucional para evitar que el manto legal de una iglesia se convierta en escudo para redes criminales. La revisión es un mecanismo de protección, prevención y garantía de no repetición.

El caso de La Luz del Mundo evidencia los retos de un Estado democrático que busca equilibrar libertades y responsabilidades. La revisión del registro es más que un trámite administrativo: es una prueba de la capacidad del Estado mexicano para poner en práctica los principios de legalidad, laicidad y protección integral de derechos humanos. Si se actúa con firmeza y respeto al debido proceso, se enviará un mensaje claro, la libertad religiosa es un derecho, pero nunca una licencia para delinquir.

Dr. Luis David Fernández Araya

La presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje contundente que rebasa lo coyuntural y toca los cimientos mismos del orden jurídico nacional: México no permitirá disposiciones que apliquen la ley de forma retroactiva, pues ello sería contrario al artículo 14 constitucional. Esta afirmación, en apariencia técnica, es en realidad una reafirmación de la esencia del Estado de Derecho.

Como un principio constitucional irrenunciable, El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera tajante que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Esta disposición no es una cláusula decorativa: constituye una de las garantías fundamentales que protege a las y los ciudadanos frente a la posibilidad de que, con nuevas normas, se alteren situaciones jurídicas ya consolidadas.

La no retroactividad, en palabras llanas, significa que las reglas del juego no pueden cambiarse de manera unilateral una vez iniciada la partida. Si se hiciera lo contrario, se abriría un vacío de incertidumbre en el que cualquier contrato, inversión o derecho adquirido podría ser alterado de la noche a la mañana, debilitando la confianza en las instituciones.

La voz del Ejecutivo: certeza frente a la coyuntura

La presidenta Sheinbaum, de certeza jurídica frente a esta coyuntura, respaldada por su equipo jurídico ya que el gobierno reiteró que ninguna transformación verdadera puede estar por encima de la legalidad. 

El compromiso de esta administración es impulsar cambios profundos, pero siempre dentro del marco constitucional, sin violentar derechos adquiridos ni poner en riesgo la estabilidad social y económica del país.

Este posicionamiento tiene un eco doble, hacia dentro, representa tranquilidad para millones de mexicanos que saben que sus derechos y obligaciones no serán trastocados de manera arbitraria; y hacia afuera, envía un mensaje de confianza a los inversionistas, organismos internacionales y socios comerciales, que ven en México un país donde las reglas son firmes y respetadas.

La prohibición de la retroactividad se ha convertido, desde la Constitución de 1917, en una de las principales salvaguardas frente al autoritarismo y a los vaivenes políticos, ya que su origen se remonta al reconocimiento de que los excesos de poder suelen darse cuando se aplican leyes nuevas para sancionar hechos pasados. 

Al blindar a la ciudadanía contra ese riesgo, la Constitución garantiza que la justicia se aplique hacia adelante y no se convierta en instrumento de persecución, pues en este sentido, el pronunciamiento presidencial es también un recordatorio de que los derechos conquistados por el pueblo mexicano —ya sean laborales, sociales, patrimoniales o civiles— no podrán ser desconocidos bajo ninguna reforma improvisada o de coyuntura.

La Cuarta Transformación, en su segunda etapa, tiene como meta la consolidación de un Estado democrático de derecho. Por ello, esta definición sobre la retroactividad se convierte en un punto de partida: las transformaciones sociales, económicas y jurídicas que México vive no se harán a costa de vulnerar la Constitución, sino en plena sintonía con ella.

Sheinbaum deja claro el cambio profundo que impulsa su gobierno no busca atajos ni excepciones a la ley, sino cimentarse en el respeto absoluto a la legalidad. Esta postura fortalece la gobernabilidad, da estabilidad a las reformas y, sobre todo, genera certidumbre en una sociedad que exige reglas claras.

En medio de un clima de polarización, el mensaje de la presidenta adquiere un valor simbólico adicional. Defender la no retroactividad no es sólo defender un principio legal; es también proteger la confianza ciudadana en que el Estado no actuará con arbitrariedad ni cambiará las condiciones del pasado para favorecer intereses inmediatos.

El oficialismo encuentra aquí un motivo de orgullo, pues México se muestra como un país que, en vez de vulnerar derechos en nombre de la transformación, los consolida en beneficio de todos. Así, el gobierno reafirma que su ruta de cambio será con apego a la ley, con transparencia y con respeto a la Constitución que nos rige a todos por igual.

Dr. Luis David Fernández Araya

Ayer miércoles, el día quedó marcado por una declaración que, lejos de ser una frase al aire, se ha convertido en un parteaguas en la política de justicia y seguridad nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo sin titubeos: “quien roba el agua es delincuente”. Y tenía razón. Porque robar el agua no es solo un acto de ilegalidad: es un crimen contra el pueblo, contra la vida misma y contra el futuro de la nación.

Durante décadas, en México se toleró lo intolerable. En silencio, a la sombra de la impunidad, crecieron verdaderas mafias que hicieron del agua un negocio privado. Empresarios voraces, caciques regionales y políticos corruptos aprovecharon su poder para desviar ríos, perforar pozos clandestinos y acaparar volúmenes enteros destinados a comunidades. Y lo hicieron sin pudor, sabiendo que los gobiernos de antes, más preocupados por proteger privilegios que por defender derechos, les ofrecían complicidad o, en el mejor de los casos, una ceguera calculada.

El resultado está a la vista: colonias enteras que sobreviven con pipas, campesinos que ven marchitar sus cosechas y millones de familias condenadas a abrir la llave y encontrar solo aire. El robo de agua ha sido un saqueo silencioso, una forma de delincuencia de cuello blanco que golpea con la misma fuerza que el narcotráfico o el contrabando.

La afirmación de la presidenta no es un simple señalamiento retórico. Es la puesta en marcha de una nueva política de justicia social: el agua se defiende con la fuerza del Estado. Y esto significa que ya no habrá tolerancia a quienes pretendan enriquecerse a costa de un bien que pertenece a todos. Si antes se pensaba que robar agua era una “falta administrativa”, hoy se coloca en la misma categoría que otros crímenes graves, porque atenta contra el derecho humano más básico: el acceso al líquido vital.

La Cuarta Transformación ha insistido en que la seguridad no solo se mide en balas o patrullajes, sino en justicia y dignidad para el pueblo. Poner freno al robo de agua es garantizar salud pública, producción agrícola, industria responsable y, sobre todo, equidad. Porque cuando un empresario roba miles de litros para su rancho o para su planta, le está robando a la madre que no puede bañar a su hijo, al agricultor que pierde su cosecha y al estudiante que no tiene agua para beber en su escuela.

Lo que antes se escondía bajo alfombras de corrupción y arreglos políticos, hoy se dice con todas sus letras: el acaparamiento del agua es delito, y los responsables serán tratados como delincuentes.

Este mensaje, además, es un llamado a la conciencia nacional. Quienes todavía sueñan con perpetuar privilegios sobre la tierra y los recursos deben entender que los tiempos cambiaron. El agua no es un botín ni un favor: es un derecho, y el Estado tiene la obligación de garantizarlo.

El combate al robo de agua no será sencillo. Implicará enfrentar a intereses poderosos, desmontar redes de complicidad y tocar fibras sensibles de grupos que siempre se creyeron intocables. Pero si algo ha demostrado este gobierno es que no rehúye a las batallas difíciles. Al contrario, las enfrenta con decisión, sabiendo que del otro lado no están solo los números, sino la vida de millones de mexicanas y mexicanos.

La presidenta ha encendido una bandera clara: en México, la justicia también se mide en litros de agua. Y quien robe al pueblo, quien acapare lo que es de todos, será señalado por lo que es: un delincuente.

Porque en el México de la transformación, el agua vuelve a tener dueño, y ese dueño no es una élite rapaz, sino el pueblo entero.

Dr.Luis David Fernández Araya
Economista

La visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a nuestro país constituye un hito para la relación bilateral. En su encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se abordará una agenda amplia y estratégica, basada en la cooperación, el respeto mutuo y la visión compartida de construir un futuro próspero para ambos pueblos.

Uno de los principales puntos de la reunión será la seguridad. México y Estados Unidos reconocen que los desafíos trasnacionales, como el tráfico de drogas y armas, sólo pueden enfrentarse mediante mecanismos de inteligencia, coordinación y prevención. La presidenta Sheinbaum ha sido clara: la cooperación se realizará siempre bajo el principio de respeto a la soberanía. Con este espíritu, se buscará fortalecer la confianza mutua y los canales de colaboración que permitan avanzar en la construcción de un entorno más seguro para las familias de ambos países.

La migración es otro tema prioritario. México reafirmará su compromiso de atender este fenómeno desde una visión integral, que combine la protección de los derechos humanos con políticas de desarrollo en Centroamérica y el Caribe. Estados Unidos comparte la importancia de este enfoque, pues la solución duradera a los flujos migratorios radica en generar oportunidades en los países de origen.

En el terreno económico, la reunión abrirá oportunidades para consolidar al T-MEC como un motor de crecimiento y prosperidad. Se discutirán iniciativas que fortalezcan las cadenas de suministro, promuevan la inversión en sectores estratégicos y faciliten la transición hacia energías limpias. La presidenta Sheinbaum subrayará la importancia de que este crecimiento llegue a todo el territorio nacional, generando empleos dignos y bienestar en cada región.

El diálogo también incluirá la salud pública, especialmente en el contexto de los recientes brotes de enfermedades prevenibles. México y Estados Unidos buscarán profundizar su colaboración en materia de vacunas, tecnología médica y protocolos de prevención. La cooperación científica será un pilar esencial para garantizar el bienestar de las comunidades a ambos lados de la frontera.

La visita de Marco Rubio refleja el interés de ambos gobiernos en fortalecer una relación que se sustenta en la historia, la vecindad y la cooperación constante. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, este encuentro es una oportunidad para reiterar que México mantendrá siempre una relación cercana y respetuosa con Estados Unidos, privilegiando el diálogo, la soberanía y la búsqueda de soluciones conjuntas a los retos globales.

En suma, el encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Marco Rubio no sólo reafirma la importancia de la relación bilateral, sino que proyecta un mensaje claro: México y Estados Unidos avanzan hacia una nueva etapa de cooperación estratégica, orientada al bienestar de sus pueblos y al fortalecimiento de la región.

Dr. Luis David Fernández A

Economista

Latinoamérica vive de espaldas a una verdad incómoda: la economía de la región se sostiene sobre los hombros de millones de mujeres, y, aun así, sus derechos y su trabajo siguen relegados a un segundo plano. No se trata de un problema “social” que se pueda resolver con discursos inspiradores o campañas color pastel. Es un problema económico, estructural y urgente.

Mientras los gobiernos celebran cifras de crecimiento y las empresas presumen de competitividad, las mujeres de la región realizan —sin salario ni reconocimiento— gran parte del trabajo que hace posible ese crecimiento: cocinar, limpiar, cuidar niños, ancianos y enfermos. Según la CEPAL, si se contabilizara ese trabajo no remunerado, el PIB de nuestros países se dispararía. Pero como no entra en las cuentas oficiales, se invisibiliza y se da por hecho.

A esta explotación silenciosa se suma otra: la brecha salarial. En promedio, las mujeres latinoamericanas ganan 17% menos que los hombres por el mismo trabajo. Y si son indígenas, afrodescendientes o viven en zonas rurales, la brecha es todavía más brutal. No es falta de talento ni de preparación; es discriminación disfrazada de “realidad del mercado”.

Los datos están ahí, pero falta voluntad política. El Banco Mundial advierte que cerrar la brecha de género podría aumentar el PIB regional hasta un 14%. Sin embargo, seguimos atrapados en políticas tibias, programas piloto y compromisos que se diluyen en cada cambio de gobierno.

Las soluciones son claras y no admiten medias tintas:

• Igualdad salarial por ley, con mecanismos reales de supervisión y sanción.

• Inversión masiva en servicios de cuidado para que las mujeres puedan acceder al mercado laboral sin tener que elegir entre trabajar o cuidar.

• Acceso a financiamiento que no discrimine por género, edad o ubicación geográfica.

• Paridad en la toma de decisiones: no como cuota simbólica, sino como condición mínima para un sistema económico que aspire a ser justo.

La pregunta no es si la economía latinoamericana puede darse el lujo de integrar plenamente a las mujeres. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más vamos a sostener un modelo que se lucra de su trabajo sin pagarlo?

Porque sin mujeres no hay economía. Y la paciencia, como los recursos, tiene un límite.

Dr. Luis David Fernández Araya

Económista